Entre temores y sospechas, Xiomara Castro demora la creación de la comisión anticorrupción que prometió en Honduras

Xiomara Castro ve como el reloj de su tiempo político avanza sin que ella cumpla una de sus principales promesas de campaña, que reiteró cuando asumió el poder en enero de este año: la instalación en su país de una comisión internacional contra la impunidad que, auspiciada por Naciones Unidas, funcione como una especie de fiscalía supranacional con capacidades de investigar y litigar crímenes de corrupción y de proponer reformas al sistema judicial, permeado por el narcotráfico y el crimen organizado desde las épocas de Juan Orlando Hernández, el expresidente preso en Estados Unidos en espera de un juicio por tráfico de cocaína y armas.

Durante meses, el proyecto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) estuvo estancado, ya sea en los círculos de poder cercanos a la presidenta o en el Congreso Nacional, donde Castro no tiene mayoría. No fue sino hasta que se incrementó la presión internacional, sobre todo procedente de Washington y Nueva York, cuartel central de la ONU, que la primera parte del proceso para que la comisión se instale en Honduras parece haberse desentrampado. Pero aún falta camino.

Esta semana, según confirmó una fuente del Ejecutivo hondureño, el gobierno de Castro y la ONU lograron un primer acuerdo sobre el financiamiento de la comisión: el sistema de Naciones Unidas pondrá el 70% del dinero y Honduras el 30%. Además, de acuerdo con este oficial, la ONU se reservará el derecho de nombrar todo el personal de la comisión para evitar injerencias de grupos de poder en Honduras, algo con lo que el gobierno de Castro no estaba de acuerdo.

En sus redes oficiales, la cancillería hondureña confirmó, el 6 de diciembre, que la presidenta Castro viajará “en los próximos días” a Nueva York para firmar el memorándum de entendimiento (MOU) que daría vida a la CICIH. Aun si eso es así, quedarían pendientes asuntos legales y administrativos; el más importante tiene que ver con la capacidad que tendría la comisión para investigar y litigar con independencia del Ministerio Público hondureño, por ahora y hasta agosto próximo dirigido por Óscar Chinchilla, un fiscal general señalado de encubrir y proteger al expresidente Hernández, pero también a diputados investigados por corrupción, algunos de los cuales tienen relaciones con el gobierno actual.

Infobae habló con dos funcionarios hondureños y uno estadounidense que conocen las discusiones en torno a la posible instalación de la CICIH en Honduras sobre los obstáculos que ha enfrentado la posibilidad de una comisión internacional que persigue a corruptos de cuello blanco se instale en el país y sea eficiente. Estos oficiales, quienes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público, coincidieron en que los diques más importantes se levantaron, primero, por la inercia de un sistema político en el que los herederos del expresidente Hernández aún tienen poder real, pero también por reticencias del grupo cercano a Castro que hoy gobierna Honduras.

“Mel (Manuel) Zelaya -esposo de la presidenta Castro- ha construido muchas alianzas a lo largo del tiempo con muchos grupos, con personas cuestionadas, incluso en temas de narcotráfico… Una CICIH que no puedan controlar es complicada”, dijo uno de los oficiales hondureños.

Mel Zelaya fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009, cuando lo derrocó un golpe de estado que fue avalado por la administración de Barack Obama en Washington. Más de una década después de haber sido depuesto, Zelaya se reinventó y hoy, con su esposa en la presidencia, es uno de los hombres más poderosos de Honduras. Sin embargo, hay sombras que aún lo persiguen.

De hecho, narcotraficantes hondureños detenidos en Estados Unidos, cuyos testimonios están a la base del juicio contra el expresidente Hernández, también han mencionado a Zelaya y a su hermano, Carlos Zelaya Rosales, como aliados del crimen organizado.

Uno de los testimonios que más comprometen al esposo de la presidenta es el de Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de la banda de narcotraficantes Los Cachiros, quien dijo que había pagado a Zelaya USD 500,000 en 2006 para que, desde la presidencia, permitiera la operación de la banda en el corredor norte del país, conectada por vía aérea con los proveedores suramericanos de cocaína y por vía terrestre con las rutas guatemaltecas y mexicanas hacia Estados Unidos. Zelaya ha negado cualquier vinculación con Los Cachiros.

Otro señalado por Rivera Maradiaga es Carlos Zelaya, hermano de Mel y actual vicepresidente del Congreso. En 2017, durante el juicio a Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, el jefe de Los Cachiros aseguró que su banda utilizaba una pista aérea conocida como El Aguacate, cerca de la frontera con Nicaragua, en el departamento de Olancho, para traficar drogas, y que Carlos Zelaya la había utilizado con el mismo fin durante años. Zelaya negó las imputaciones.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras está planteada, en papel, como una fiscalía especial adjunta integrada por personal extranjero y hondureño capacitado para investigar y litigar casos complejos ante los tribunales locales.

Aún no está claro si, en efecto, los abogados adscritos a la CICIH tendrán capacidad de querellar ante los tribunales con independencia del Ministerio Público. Un consultor estadounidense que conoce de las discusiones entre el gobierno hondureño y la ONU, y quien habló desde el anonimato por seguridad, aseguró que hay varias posibilidades en la mesa: que se utilice la figura del querellante adhesivo para que los litigantes de la comisión tengan capacidad legal de acompañar a los fiscales locales, que se utilice una figura legal que ya existe y que permite a las víctimas presentar acusadores particulares o, la más compleja, una reforma constitucional que matice el monopolio de la persecución criminal que por hoy solo tiene la fiscalía hondureña.

A principios de noviembre, la diputada oficialista Xiomara Zelaya, hija de la presidenta y de Mel Zelaya, presentó al Congreso Nacional una iniciativa de ley para que se reforme la Constitución para que la CICIH pueda realizar sus investigaciones de forma independiente, con énfasis en análisis financiero. Algunos sectores, sin embargo, entendieron esta propuesta como una forma de retardar la instalación de la CICIH, ya que una reforma constitucional podría entramparse en un congreso en el que el partido oficial y sus aliados no tienen la mayoría calificada que requiere una enmienda así. La propuesta, además, no contemplaría la posibilidad de que el personal de CICIH acuse en tribunales.

Edmundo Orellana, secretario de Transparencia y exfiscal, cree que con una reforma al Código Procesal Penal, que requiere solo de mayoría simple, se puede crear la figura del querellante adhesivo, lo cual garantizaría “que la CICIH sea un actor procesal independiente del Ministerio Público”.

Los reclamos por agilizar la llegada de CICIH también han llegado desde el extranjero. Lisa Haugaard, directora del Grupo de Trabajo Latinoamericano, aseguró en una columna que “los desacuerdos sobre los poderes del mecanismo y quién debe nombrar su liderazgo parecen estar retrasando el acuerdo”, y se refirió a la propuesta de la diputada Xiomara Zelaya que, dijo, “podría retrasar la creación del mecanismo”.

En mayo de este año, una misión de Naciones Unidas visitó Tegucigalpa para acelerar los diálogos con el gobierno de Castro. Y, el 2 de noviembre pasado, Alice Shackelford, representante de la ONU en Honduras, dijo que la reforma constitucional no es requisito para dar luz verde al memorándum de entendimiento (MOU) que daría vida legal a la CICIH.

En un primer borrador del MOU, al que Infobae ha tenido acceso, la ONU plantea que la CICIH podrá “realizar investigaciones independientes y constituirse como acusador privado”. Ya en el Código Procesal Penal existe esta figura, la de acusador privado, al que le es permitido querellar en nombre de las víctimas de un delito. Esto, sin embargo, puede tener un pero legal: en muchos casos de crímenes de cuello blanco la principal víctima es la sociedad o el Estado, cuya representación corresponde al Ministerio Público.

En cualquier caso, la ONU también dejó claro en el MOU que el gobierno de Castro debe de asentar “los cimientos que permitirán (que se) establezca un mecanismo internacional imparcial e independiente, demostrando el compromiso y voluntad política de las autoridades con el fortalecimiento de un sector de justicia independiente”.

Si hay un ejemplo sobre los efectos que una comisión internacional como la propuesta para Honduras puede tener para el sistema de justicia de un país, este existe en la vecina Guatemala, cuyo Estado instaló en 2007, también bajo auspicios de la ONU, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que durante más de una década abanderó reformas institucionales y legales que llevaron a la creación de una fiscalía especializada contra la impunidad, la FECI.

Las investigaciones de CICIG y FECI alcanzaron su clímax en 2015 cuando terminaron en una acusación de corrupción a Otto Pérez Molina, el entonces presidente, y a Roxana Baldetti, su vicepresidenta. Ambos tuvieron que renunciar y fueron arrestados. El 7 de noviembre de 2022, el mismo día en que se hacía público un primer entendimiento entre el gobierno de Castro y la ONU para crear la comisión hondureña, un tribunal guatemalteco condenó a Pérez Molina y a Baldetti a 16 años de cárcel por los delitos que investigó CICIG.

La comisión guatemalteca, sin embargo, no tuvo buen final: fue expulsada del país en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, a quien CICIG investigó por financiamiento electoral ilícito. A partir de entonces, el sucesor de Morales, Alejandro Giammattei, y la fiscal general nombrada por él, Consuelo Porras, iniciaron una persecución sin cuartel de abogados y fiscales que trabajaron con la comisión y de jueces que fallaron en contra de funcionarios guatemaltecos. Aun así, con el sistema de justicia casi completamente al servicio del régimen político, Pérez Molina y Baldetti fueron condenados.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele también prometió un mecanismo similar cuando fue candidato, este con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), al que bautizaron Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), el cual dejó de funcionar en el momento en que sus investigaciones llegaron hasta funcionarios cercanos a Bukele sospechosos de corrupción durante a la pandemia de Covid-19 y otros delitos. Bukele y su fiscal general, Rodolfo Delgado, terminaron provocando la salida de CICIES.

En Honduras también hay un antecedente, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), también respaldada por la OEA. Aunque abrió 13 investigaciones por corrupción de alto nivel vinculada sobre todo al gobierno de Juan Orlando Hernández y apoyó la creación de una fiscalía especializada, que aún existe y es conocida como UFERCO, el poder político de entonces se encargó de blindarse a través de reformas legales que disminuyen penas a delitos como el narcotráfico, obligan a agotar vías administrativas antes de que puedan abrirse procesos penales y dificultan la capacidad de los entes de investigación para acceder a información financiera de sospechosos. Esas reformas siguen vigentes.

Luis Javier Santos es el jefe de la UFERCO, la fiscalía especializada, y quien ha llevado los grandes casos de corrupción emprendidos en los tiempos de MACCIH. Desde que Juan Orlando Hernández y sus aliados en la Corte Suprema de Justicia y el mismo Ministerio Público detuvieron u obstaculizaron esas investigaciones, Santos ha insistido en las condiciones mínimas para que algo como CICIH funcione: que se reviertan las reformas legales que favorecen la impunidad y que la comisión tenga la capacidad de acompañar a los fiscales como querellante adhesivo.

La CICIH es necesaria, dice Santos, pero no será efectiva si el Congreso Nacional no deroga las leyes que dificultan la investigación de delitos complejos.

“Pueden venir 50 CICIH, pero si tenemos los obstáculos legales es imposible, ¿cómo vamos a acceder a información financiera si no hay un decreto que dice que no podemos hacerlo? Hay que derogarlo”, ejemplificó en una entrevista con la prensa local.

La no gubernamental Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia coincide con Santos: el verdadero obstáculo para la instalación de CICIH, dicen, son los decretos que obstaculizan la investigación. Por ahora, ni la presidenta Xiomara Castro ni sus diputados en el Congreso han empeñado capital político en empujar esta contrarreforma.

Aunque todo indica que Xiomara Castro viajará a Nueva York antes de que termine el año para firmar el memorándum de entendimiento con la ONU que daría vida legal a CICIH, no parece que las condiciones estén dadas aún para que la versión hondureña de comisión internacional no termine corriendo la suerte de sus antecesoras en Guatemala, El Salvador y la misma Honduras. Si, al final, CICIH no se instala con facultades plenas e investigación y querella, los señalados de crímenes complejos podrán seguir sonriendo tranquilos.

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