La nueva generación de lisiados por la represión en Nicaragua

Todos querían que Holver Zelaya bateara en su equipo cuando se reunían para jugar béisbol los hombres de la comunidad Puerto Príncipe, en el municipio de Nueva Guinea, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Es un hombre fornido de 36 años: mide 1.82 metros de altura, tiene espalda y hombros anchos y la piel visiblemente quemada por el sol. Holver es un campesino que se jacta de haber sido un buen bateador.

Sus días los pasaba montando a caballo, trabajando en su finca y llegaba a casa al final de la jornada para pasar la noche con su esposa y sus dos hijas. Eso ya quedó atrás. Desde hace cuatro años, Holver no ha podido subirse en un caballo nuevamente. Mucho menos jugar béisbol o trabajar, porque un perdigón de escopeta disparado por un paramilitar al servicio del Gobierno de Nicaragua le rompió la médula espinal.

Cuando estallaron las protestas contra el régimen sandinista el 18 de abril de 2018 por una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la respuesta estatal fue la represión. El 19 de abril se reportaron las primeras personas fallecidas por disparos de armas de fuego, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde ese día, las protestas se extendieron por todo el país y dejaron un saldo de 355 víctimas mortales, según datos de la CIDH.

Holver fue uno de los cientos de nicaragüenses que se unió a las protestas desde su municipio y apoyó el bloqueo de una de las principales carreteras de Nicaragua que hicieron varios campesinos de la zona. A estos bloqueos les llamaron “tranques” y fueron para evitar que las caravanas de policías y civiles armados afines al partido de gobierno entraran a los poblados a reprimir.

El 12 de junio de 2018 fue el último día que Holver pudo caminar. El campesino cuenta que abandonó el tranque de San Pedro de Lóvago en donde se encontraba junto a un grupo de más o menos 20 personas, debido a la amenaza de que podían ser asesinados por paramilitares que se encontraban ejecutando la “Operación Limpieza”, la cual consistió en levantar con fuerza letal todos los bloqueos que mantenían los manifestantes opositores en todo el país.

Holver y los demás iban caminando por veredas de regreso a sus comunidades y de repente, entre la maleza y los árboles, los sorprendieron un grupo de paramilitares armados. “Ahí nos dispararon. En el monte nos emboscaron”, relata el campesino.

Solamente tres personas sobrevivieron, recuerda. Tras ser acribillado por los paramilitares, Holver quedó inconsciente. No precisa bien por cuánto tiempo, pero despertó varios días después en algún lugar de Managua, la capital del país, y ya no podía mover sus piernas. El hombre fue llevado por desconocidos a un hospital privado en donde le retiraron el perdigón que lo dejó parapléjico de por vida.

Como Holver, Isaac Ramírez también se unió a las protestas en 2018. En ese entonces cursaba el primer año de Gastronomía en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) y practicaba artes marciales en un gimnasio cerca de su casa en Managua. También jugaba béisbol, pero todo eso se acabó para él el 23 de junio de ese año cuando recibió un escopetazo en su pierna derecha.

Era de noche. Isaac se encontraba en una de las barricadas de la calle trasera de la UPOLI, la cual permanecía tomada por estudiantes que protestaban contra el Gobierno de Nicaragua. Cerca de las 10 de la noche, la energía eléctrica se cortó en la zona y la Policía junto a paramilitares armados empezaron a dispararles a los manifestantes, según relata el joven.

Isaac, al igual que el resto, intentaba contrarrestar la represión con una hulera y canicas, pero cuando vieron que no podían hacer nada contra las balas de policías y paramilitares, decidieron abandonar la barricada y refugiarse en el recinto de la UPOLI.

El joven iba corriendo en la oscuridad y de repente cayó al suelo. “Sentí que el pie se me entumió”, narra. En lo oscuro, se tocó con la mano la pierna derecha y solamente sintió que estaba húmeda. Y mientras se estaba dando cuenta de que eso era sangre, un paramilitar llegó y le dio un golpe con la culata de su arma que lo dejó inconsciente.

Hoy tiene 22 años. No pudo continuar con sus estudios y tampoco ha podido trabajar. Estuvo cuatro años con tornillos que —tras 14 horas de operación— le pusieron en el hospital Vélez Paiz. Tenía la esperanza de recuperar su pierna, pero este año tuvieron que amputársela porque ya no había manera de recuperarla.

Los casos de Holver Zelaya e Isaac Ramírez son apenas dos de las más de 2,000 personas heridas por la represión estatal en Nicaragua que registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe más actualizado, con fecha del 29 de agosto de 2022.

La CIDH no indica una cifra exacta de heridos y tampoco especifica si todas estas personas quedaron lisiadas o tienen algún tipo de lesión motora. Hasta la fecha, no existe un registro exacto de la cantidad de lisiados que ha dejado la represión en el país.

El Estado tampoco ha informado sobre los lisiados que dejó la represión desde 2018 y solamente reconoce a 199 víctimas mortales, de las cuales, según el discurso oficialista, 23 eran policías y el resto todos simpatizantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. El gobierno responsabiliza de estas muertes a los manifestantes opositores, a quienes ha acusado de “golpistas” y “terroristas”.

Una base de datos realizada para esta investigación publicada por Galería News y CONNECTAS constató 147 casos de personas que quedaron lisiadas de por vida a causa de la represión estatal. De ellas, 127 se reconocen como opositoras y las 20 restantes dicen no tener preferencia política. Ninguno de los consultados se define como sandinista.

Este relevamiento fue construido con base en los testimonios de algunas de las víctimas, de la revisión de archivos periodísticos y consultas con familiares, amigos cercanos o con los mismos afectados. La mayoría de los consultados solicitaron no revelar detalles sobre sus casos por temor a recibir represalias por parte del Estado. Por esa razón, no se publica la base de datos.

Las 147 personas lisiadas son hombres entre las edades de 18 y 72 años. Los hombres fueron quienes mayoritariamente hicieron resistencia a las fuerzas represivas del Estado desde los tranques.

En un informe titulado Disparar a Matar publicado en 2018 por Amnistía Internacional, se indica que la mayor parte de disparos ejecutados por la Policía y grupos paramilitares “fueron disparados a la cabeza o tórax, y causaron secuelas irreparables” a los manifestantes opositores, lo cual explicaría el por qué la mayoría de los lisiados verificados por Galería News y CONNECTAS recibieron un impacto de bala arriba de la cintura.

El doctor Alejandro Lagos es un médico privado que prestó sus servicios para atender a la mayoría de los lisiados. No tiene una cifra exacta, pero él calcula que ha atendido a más de cien personas y hasta hoy, continúa dándoles seguimiento a algunos de ellos en Nicaragua.

Los casos que ha atendido van desde paraplejía, pérdida de ojos, miembros amputados, perforaciones de órganos vitales y hasta víctimas en estado vegetativo. Al médico le preocupa que estas personas están prácticamente abandonadas por el Estado.

Cuando estallaron las protestas en contra del presidente Daniel Ortega, varios médicos de hospitales públicos denunciaron que la entonces ministra de Salud, Sonia Castro, había ordenado no atender a ninguno de los heridos que llegara por la represión estatal. “Varios hospitales públicos como el hospital Cruz Azul, el hospital Alemán y el hospital Lenín Fonseca habrían denegado la atención a manifestantes heridos”, señala Amnistía Internacional en su informe publicado en 2018.

“La orden la dio la ministra de Salud en persona”, confirmó el doctor José Luis Borgen en una conferencia de prensa el 18 de febrero de 2019. Este médico fue despedido del hospital Lenín Fonseca por desobedecer la orden de Castro y atender a heridos de la represión. De acuerdo a la CIDH, hasta la fecha 400 profesionales de la salud han sido despedidos de hospitales públicos en Nicaragua.

De hecho, de los 147 lisiados que verificaron Galería News y CONNECTAS, solamente 21 asistieron a un hospital administrado por el Estado. Del resto, 111 buscaron atención médica privada y 15 dicen no haber recibido ningún tipo de asistencia hasta hoy.

El motivo para que 126 de los consultados no asistieran a un centro hospitalario del Estado fue el temor a ser encarcelados, a que les negaran la atención médica e, incluso, algunos como Holver Zelaya expresaron sentir temor de que los mataran.

El abogado Gonzalo Carrión señala que aún con lo que han sufrido estas personas, varias son amenazadas por paramilitares o por simpatizantes del gobierno, e incluso han tenido que abandonar sus hogares y sus pueblos para que no sigan hostigándolas y amenazándolas.

También hay víctimas de la represión que todavía tienen proyectiles en su cuerpo, como Enoc López, quien vive con una bala detrás de su ojo derecho y otra en la parte posterior del cerebro. Él se encontraba protestando junto a un grupo de jóvenes el 20 de abril de 2018 hasta que la Policía llegó a disipar la manifestación. El joven escuchó disparos y salió corriendo para resguardarse cuando de repente sintió un golpe en la frente.

Cayó tendido en el suelo, pero consciente. No sabía que le habían disparado. Lo llevaron al hospital público Lenín Fonseca donde lo operaron para extraerle los proyectiles. En este centro médico le dijeron que le habían retirado una de las balas, pero en una radiografía que se hizo en una clínica privada en 2021, se dio cuenta que le habían mentido y todavía tiene las dos balas en la cabeza.

Le quedó una cicatriz que va de sien a sien y tiene la frente hundida porque las balas le rompieron el cráneo. Enoc cuenta que incluso hay conocidos que se burlan de él por cómo le quedó la cara y por ello se deja crecer el pelo para cubrirse un poco la frente con sus rizos.

Lo que sucedió a partir de 2018 en Nicaragua con los lesionados por causas políticas recuerda la historia de la guerra civil de los ochenta en este país. Desde 1979 a 1990, los sandinistas enfrentaron a un ejército armado y financiado por Estados Unidos, mejor conocido como “Contrarrevolución”. El objetivo de este ejército irregular era derrocar a los sandinistas, pero jamás lo lograron.

La guerra terminó en 1990 y la cifra oficial de fallecidos es de aproximadamente 50.000 personas. Pero al igual que los lisiados de la represión de 2018, no existe una estadística oficial de todos los nicaragüenses que quedaron con algún tipo de lesión tras aquel enfrentamiento fratricida.

A mediados de los noventa, la cifra de lisiados de guerra se calculaba en 11.500 personas, de acuerdo a reportes periodísticos que citan cifras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el cual tuvo que atender la carga de estos lisiados a través de una pensión de guerra para todas estas personas.

Sin embargo, para la nueva generación de lisiados no existe ningún tipo de pensión o indemnización por parte de las autoridades. El abogado Gonzalo Carrión explica que estos heridos tienen derecho a una indemnización por parte del Estado y también menciona una diferencia importante a tener en cuenta entre ambas generaciones. “Los lisiados de los ochenta son producto de una guerra de dos bandos armados, pero los de 2018 fue una represión con armas contra civiles, contra personas desarmadas”, explica.

Entre ellas estaba Holver Zelaya, que hoy está aprendiendo a vivir sin poder caminar. En su brazo, mano derecha y en parte de su espalda, todavía tiene incrustados otros 10 perdigones de escopeta que no se ha podido sacar y que le causan dolor intenso. No tiene dinero para seguir pagando atención médica privada y no ha querido ir a un hospital público para dar seguimiento a sus heridas por temor a ser encarcelado por ser opositor. “O peor, que me maten”, alega.

Debido a su incapacidad, no puede salir a trabajar para garantizar la alimentación en su hogar, y cada mañana, lo primero que hace Holver al despertar es montarse en la vieja silla de ruedas y salir al patio para jugar con las gallinas y el gallo que tiene mientras piensa en qué le dará de comer a sus hijas de siete y nueve años. “A veces le damos a las niñas pancito con agüita”, comenta. Otras veces, comen de los huevos que ponen sus gallinas, pero casi siempre les toca acostarse sin cenar.

Si Holver recibiera una pensión por la invalidez que le provocó la represión estatal, podría ayudarse un poco a costear sus necesidades médicas y la comida de su familia, pero él cree que no es posible. “El gobierno no nos ayuda a los que quedamos así (lisiados), y si pido ayuda más bien me echan preso”, argumenta.

Por su parte, Enoc había perdido la movilidad de toda la parte derecha de su cuerpo después de recibir los dos balazos en la frente. Estuvo en silla de ruedas por cuatro meses hasta que la fue recuperando poco a poco con terapia y asistencia de especialistas privados.

Cuatro años más tarde ya puede caminar con zapatos especiales, pero aún resiste dolores de cabeza y en consultas médicas le han dicho que irá perdiendo la visibilidad debido a la bala que tiene detrás del ojo derecho.

“Ha sido un proceso muy duro. Sobre todo aprender a caminar otra vez”, señala Enoc, quien ahora es ambidiestro pues tras perder la movilidad en su mano derecha, tuvo que aprender a escribir y comer con su mano izquierda.

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