La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decretó el estado de excepción en su voluntad por hacer frente a la “emergencia nacional” a la que se enfrenta el país ante la creciente delincuencia. La medida, que había sido adelantada el jueves de la semana pasada, entró en vigencia en la noche del martes.
“En virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad” provocada por los grupos criminales, se ha decidido “suspender las garantías establecidas en la Constitución” y facultar a la Policía para detener a quienes considera responsables “de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones” con delitos y crímenes, detalla el decreto aprobado.
El estado de excepción rige sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde 89 y 73 barrios respectivamente están siendo intervenidos. Allí, según informaron medios locales, es donde se registran la mayoría de las actividades criminales como robos y cobro de extorsiones por parte de las pandillas.
El Ejecutivo de Honduras dijo que la medida estará vigente hasta el 6 de enero del año entrante.
“Debemos ser implacables contra el crímen organizado”, declaró el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, durante la puesta en marcha del operativo, que comenzó con una ceremonia en un campo de fútbol del barrio residencias La Alemán, al sur de Tegucigalpa.
Al término del improvisado acto, 600 policías fueron desplegados en las dos ciudades, en busca de los criminales de la Pandilla 18 y la MS-13 (Mara Salvatrucha-13), junto a otras “estructuras del crimen organizado que se dedican a la narcoactividad”, continuó Sánchez.
Con el correr de los días, la cantidad de efectivos involucrados -incluidos oficiales de la Policía Militar de Órden Público (PMOP)- en el operativo ascenderá a unos 20.000, organizados en turnos rotativos.
Sin embargo, el director de la Policía remarcó que durante los registros y las detenciones se pondrá especial atención al pleno respeto por los derechos humanos y sumó que dichas medidas sólo afectarán a quienes estén involucrados en actividades delictivas. Así, llevó tranquilidad a la ciudadanía y les aseguró que, a pesar de que puedan ser eventualmente retenidos para comprobar sus identidades, cuentan con plena libertad de movimiento para continuar con sus actividades normales.
Otra de las medidas que contempla este decreto de emergencia incluye el control de la venta de números de teléfonos móviles ya que la falta de un registro detallado facilita su adquisición por parte de extorsionistas y sicarios.
También, se avanzó con un bloqueo total del espectro radioeléctrico en los centros penales “para evitar llamadas extorsivas” desde su interior, comentó a la agencia AFP el director de las Fuerzas Especiales de la Policía, Miguel Pérez.
La delincuencia en Honduras es uno de los principales problemas que azotan al país por estos días. Los narcotraficantes y pandilleros son los responsables de que la tasa de homicidios se ubique en 40 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente, lo que es más de cuatro veces el promedio mundial.
En ese sentido, Castro señaló que estos extorsionistas son “una de las principales causas de la migración y el cierre de medianos y pequeños negocios” y que derivó en el pedido de los transportistas por combatir a estos pandilleros, quienes aumentaron sus extorsiones desde enero, con la asunción del nuevo gobierno.
El estado de excepción “está bien por la inseguridad. A mi me asaltaron, me pusieron una pistola en la cabeza y me quitaron el celular. Avisé a la policía y no hicieron nada”, comentó a la AFP una vendedora del barrio La Alemán.
La decisión de Honduras le sigue a la de El Salvador, donde este marzo el presidente Nayib Bukele dispuso la misma medida a fin de reducir los crímenes de las pandillas, que también habían avanzado cifras récord.
Desde entonces, ya se han aplicado ocho extensiones del decreto y se ha logrado poner tras las rejas a más de 58.000 presuntos pandilleros y ligados a estas bandas, lo que permitió que noviembre sea el mes “más seguro” en toda la historia del país, con un balance de 13 homicidios.
Sin embargo, familiares de los detenidos han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos y arrestos sin fundamentos sumado a que, con el correr de los meses, la gente ha perdido la confianza sobre la medida.
(Con información de Europa Press y AFP)
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