A pesar de su baja aceptación en la opinión pública, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, impulsa un referéndum clave para realizar reformas de acuerdo a las políticas de su administración. En un mensaje a la nación el mandatario aseguró que este mecanismo de participación ciudadana ayudará a resolver “la narcodelincuencia, el terrorismo y el crimen organizado” que se han “enquistado como un cáncer” en el país.
Los resultados de un reciente estudio de opinión elaborado por la empresa Imasen S.A.C. de Perú indican que apenas el 15 % de los encuestados aprueban la gestión de Guillermo Lasso. El 42% de encuestados la desaprueba y asegura que el mandatario “no ha hecho nada”.
La semana pasada, el presidente Lasso convocó a un referéndum, luego de que la Corte Constitucional resolviera la pertinencia de las preguntas planteadas por el Ejecutivo. El decreto ejecutivo suscrito por el mandatario fue enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que anunció, el último martes, que se aceptó la convocatoria del presidente y que la votación se realizará el siguiente 5 de febrero, junto a las elecciones de autoridades municipales.
En su mensaje, Lasso aseguró que el referéndum tratará tres temas claves: seguridad, representatividad y ambiente. Las ocho preguntas planteadas por el Ejecutivo abordan, entre otros, reformas constitucionales que permitan la extradición de ecuatorianos que hayan cometido crímenes relacionados con narcotráfico y con el crimen organizado; la disminución de legisladores en el congreso; cambios relacionados a los partidos políticos y disminución de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana.
El presidente ecuatoriano, que desde ya impulsa la campaña por el “Sí” en el referéndum, aseguró que quienes se oponen a estos cambios “son aquellos que instauraron la narcopolítica como forma de vida, los que alimentan de corrupción, los narcodelincuentes, los cabecillas de bandas narcodelictivas y sus aliados del crimen organizado”.
La mañana de este miércoles, el ministro del Interior, Juan Zapata, en una entrevista con Ecuavisa, aseguró que hay evidencias de los vínculos entre la política ecuatoriana y el narcotráfico: “Nosotros tenemos datos de Inteligencia, que se están trabajando. Existen pruebas contundentes, inclusive en algunas relaciones con candidatos a las próximas elecciones, en zonas fronterizas especialmente”.
Aunque Lasso ha asegurado que el principal problema del Ecuador es el narcotráfico, el más reciente estudio de opinión indica que los encuestados definieron que la delincuencia, el desempleo y la corrupción son los tres problemas más urgentes que enfrenta el Ecuador. El narcotráfico está en cuarto lugar, según los resultados.
A pesar de que las gestiones para la aprobación de las preguntas y la convocatoria al referendum iniciaron en septiembre pasado, la mitad de los encuestados no estaban al tanto de que el gobierno había convocado a una consulta popular. No obstante, al consultarles sobre la pertinencia de los temas planteados por el Ejecutivo, la aprobación está entre el 72 % y el 91 %. Sin embargo, este porcentaje puede diferir de los resultados del próximo febrero, pues la votación final dependerá de la campaña a favor del Sí y el No que impulsen los partidos políticos y organizaciones sociales.
Operativos e inversión para disminuir la violencia
En su mensaje, Guillermo Lasso aseguró que durante su administración las fuerzas del orden han realizado dos millones de operativos a escala nacional. Entre los resultados está la aprehensión de más de 170.000 sustancias ilícitas y de 7.827 armas de fuego. Además, la Policía ha recuperado 8.896 vehículos y motos.
Según informó el mandatario, el pasado octubre se incorporaron 1.564 nuevos policías a la institución de seguridad y otros 8.500 ingresaron como aspirantes. El propósito de la administración de Lasso es que, hasta el 2025, la Policía tenga 20.000 nuevos miembros.
Los datos sobre inversión en materia de seguridad indican que el gobierno destinará USD 35 millones para la adquisición de chalecos, cintos y equipo básico, USD 28 millones para dotación de uniforme y USD 110 millones para la construcción de seis unidades de vigilancia comunitaria y 100 unidades de Policía comunitaria.
El 28 de noviembre, también se incorporaron al control de las cárceles 1.360 guías penitenciarios. Aunque la integración de estos nuevos miembros permite al gobierno reducir el déficit de vigilantes carcelarios, no hay ni los uniformes ni el equipamiento necesario para que los nuevos guías cumplan con su trabajo de controlar a los presos en plena crisis carcelaria.
Según reveló el medio Primicias, algunos nuevos agentes compraron por su cuenta el uniforme y elementos disuasivos como gas pimienta, ya que no portan ningún tipo de arma.
A pesar de estos esfuerzos, la muertes violentas continúan en el país, especialmente en la zona 8, integrada por las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, donde solo el último fin de semana se contaron al menos 20 asesinatos; y en Esmeraldas, la provincia fronteriza históricamente abandonada por el Estado donde operan grupos irregulares vinculados con el narcotráfico y el crimen transnacional que mantienen en zozobra a los habitantes.
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