El régimen de Daniel Ortega disolvió más de 3.100 ONG que operaban en Nicaragua desde el 2018

Casi la mitad de las ONG en Nicaragua fueron disueltas por órdenes del régimen sandinista de Daniel Ortega, desde el 2018. El “Expediente ONG” -un dossier de tres informes presentado este martes en Costa Rica por representantes del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, la Fundación del Río y la Fundación Popol Nah- expuso que al menos 3.106 organizaciones sin fines de lucro de las 7.227 que se registraban cinco años atrás cesaron sus operaciones de manera forzada.

“Tenemos una restricción del 43% del espacio cívico que había antes de 2018″ en Nicaragua, comentó el ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, una de las ilegalizadas por la Asamblea Nacional nicaragüense a petición del régimen por medio del Ministerio de la Gobernación.

“El régimen reportó 7.227 personalidades jurídicas activas a ese momento (2018)” y a la fecha se registran 3.106 los organismos cancelados, añadió Ruiz.

Estos cierres demuestran el avance de Ortega sobre la sociedad nicaragüense y la magnitud de las violaciones al derecho de asociación que reconoce la Constitución Nacional y el sistema internacional de derechos humanos.

El estudio demostró, a su vez, que a partir de febrero de este año “se desató la peor oleada de cancelación de personalidades jurídicas, con datos que asombran incluso a la Relatoría de Libertad de Asociación de Naciones Unidas”.

“Para entonces los números eran de 9 organizaciones cerradas en 2019 y 96 canceladas hasta febrero de 2022. Ahora se presenta una actualización de la situación de la libertad de asociación de febrero a noviembre de 2022, y se cuentan a 3.106 organizaciones sin fines de lucro”, detalló.

El régimen justifica estas cifras con el fundamento de que, apoyadas por Estados Unidos, estas ONG utilizaban una parte de su financiamiento o donaciones para intentar derrocar a Ortega o, por lo menos, desestabilizar su gestión. Un ejemplo de ello, explican, fueron las manifestaciones que estallaron en abril del 2018.

En aquel entonces, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social que, posteriormente, mutaron hacia el pedido de renuncia de Ortega ante la violenta represión ordenada.

Estos hechos dejaron al menos 355 muertos, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque en organismos locales la cifra se eleva a 684, mientras que las fuentes oficiales contabilizaron solo 200.

Otra de las razones de Ortega para justificar su accionar es el supuesto “incumplimiento” en la rendición de cuentas de las entidades ante el Ministerio de Gobernación, que les exige presentar estados financieros y renovación anual de directivos, entre muchos otros requisitos.

Sin embargo, el abogado Carlos Guadamuz, del colectivo Nicaragua Nunca Más, presentó un informe sobre nueve ONG clausuradas por Ortega (ocho nacionales y una internacional) con un promedio de 24 años de trabajo en el país. De las ocho nacionales, siete sufrieron “allanamientos ilegales”, de los cuales seis fueron violentos, indicó.

Todas estas organizaciones, que dirigían programas de acceso a derechos humanos, de beneficio a mujeres e indígenas y fortalecimiento de liderazgos territoriales, tenían documentos legales y solvencia para funcionar, acotó Guadamuz.

Es por ello que múltiples organismos de derechos humanos han concluido que la estrategia sandinista es debilitar a la sociedad civil a través de la desaparición de las organizaciones sin fines de lucro, por lo que más de 50.000 personas se han quedado sin acceso a servicios básicos y más de 150, sin empleo.

El impacto en lo social, lo económico, lo comunitario y lo referente a los derechos humanos se volvió mucho más preocupante ya que la lista de las ONG clausuradas incluye decenas de organismos europeos y estadounidenses -algunas con más de 30 años de presencia allí- y que se encargaban de un abanico de cuestiones como desarrollo social, servicios médicos y educación e, inclusive, había universidades y 54 medios de comunicación independientes.

Se le suman, también, clubes ecuestres, asociaciones de músicos y de farmacéuticos y la conocida Operación Sonrisa, que financiaba cirugías gratuitas a niños de escasos recursos.

A su vez, estas apropiaciones le permitieron al Ejecutivo hacerse de por lo menos USD 4 millones en bienes y equipos.

A pesar de que Katherine Ramírez, de la Fundación Popol Nah, aseguró que “el aparato estatal está en función de restringir la libertad de asociación y su respuesta a los ciudadanos es la cárcel o el exilio”, los organismos confían en que “en el futuro todos los crímenes serán juzgados y conquistaremos la justicia”.

(Con información de EFE y The Associated Press)

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