Xiomara Castro apuesta por la polémica fórmula de Nayib Bukele para enfrentar la inseguridad en Honduras

Chamelecón es uno de los barrios más violentos de Honduras, lleva siéndolo desde principios de siglo. Aquí creció la pandilla MS13 junto a otras bandas locales, como Los Olanchanos, que han hecho del lugar uno de los cuarteles del tráfico de marihuana, cocaína e incluso drogas sintéticas. Aquí el ejército y la policía de Honduras han entrado y salido innumerables veces, en ocasiones bajo estado de sitio, para intentar, con poco éxito, controlar el crimen.

En los próximos días, Chamelecón, un inmenso páramo de calles polvorientas, casas de construcción mixta y chabolas que se extiende desde el río Sula hasta el vecino cerro de El Merendón, en la periferia sur de San Pedro Sula, volverá a estar bajo estado de sitio. Este lugar es uno de los 120 barrios, comunidades o aldeas en los que el gobierno de Xiomara Castro ha anunciado que implementará estados parciales de excepción como parte de una cruzada nacional para combatir el crimen, la extorsión y la inseguridad en el país.

La presidenta Castro anunció las nuevas medidas el jueves 24 de noviembre, luego de una reunión con la cúpula de la Policía Nacional en Tegucigalpa. La presidenta pidió a sus jefes policiales recomendar “a los gobiernos municipales poner en marcha el estado de excepción parcial y suspender las garantías constitucionales en los lugares que lo ameriten”, según la información de la presidencia hondureña.

Luego, Héctor Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, detalló que las medidas se aplicarán en 120 comunidades, entre las que está Chamelecón. La próxima semana, el gobierno enviará al decreto pertinente al Congreso Nacional.

No está claro, por ahora, que implicarán estos estados de sitio parciales ni qué derechos constitucionales limitarán, pero desde ya algunos sectores de la sociedad civil hondureña han encendido alarmas. El jesuita Ismael Moreno del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) teme que estas medidas no ataquen al crimen organizado y privilegien la represión sobre “soluciones auténticas a la problemática de la violencia y extorsión y se termine fortaleciendo la militarización de la sociedad”.

La noticia de que unidades especiales del ejército y la policía llegarán de nuevo a Chamelecón no es nueva para los vecinos. Los uniformados entran y salen regularmente desde 2004, luego de que un comando paramilitar masacró a 28 personas, incluidos siete niños, en el interior del bus, cerca de uno de los predios centrales del barrio y a pocos metros de una posta policial.

Infobae estuvo en el barrio hondureño en 2019. Ahí, la herencia de aquella masacre es palpable, densa. Aquel año estaba en pie, en Chamelecón, una especie de tregua entre las pandillas del lugar. El gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández había echado a andar, con ayuda de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), un programa de centros de atención juvenil, apoyados localmente por líderes religiosos, sobre todo evangélicos. Polémico para muchos, el programa logró pacificar temporalmente el lugar, con una tregua tácita entre pandillas y policía en los entretelones.

Con el tiempo, aquel intento de pacificación fracasó y el Estado volvió a la política de incursiones con el ejército y unidades especializadas, lo que tampoco solucionó la violencia ni evitó que Chamelecón se convirtiera en uno de los puntos de trasiego más importantes en las rutas hondureñas de la droga.

Las masacres en este barrio, que de aldea rural flanqueada por cañaverales y maizales pasó a ser uno de los suburbios más poblados de Honduras, continuaron. Y siguen hasta la fecha. En octubre de este año, un mes antes de que la presidenta Castro anunciara sus medidas extraordinarias de seguridad, cuatro personas fueron acribilladas cerca de la posta policial, como en 2004.

Para intentar solucionar la violencia en lugares como Chamelecón, Xiomara Castro ha apostado por una vieja fórmula, la de decretar estados de sitio parciales en lugares conflictivos y enviar ahí al ejército. Es una apuesta muy similar a la de su vecino salvadoreño, el presidente Nayib Bukele, quien ya recibió múltiples advertencias por violaciones a los derechos humanos.

Wendy Funes, directora del periódico Reporteros de Investigación, cree que la intervención militar es compleja por el récord histórico que el ejército tiene en Honduras cuando ha realizado labores de seguridad pública, sobre todo en tiempos recientes, los del expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos en espera de un juicio por narcotráfico.

“La evidencia que hemos documentado apunta a que en el gobierno anterior quienes tenían el poder y el liderazgo de los escuadrones de ejecuciones extrajudiciales (en los barrios) eran los militares que trabajaban con él en materia de seguridad y que siguen impunes”, dice Funes en charla con Infobae.

La periodista cree que mientras el gobierno de Xiomara Castro se concentre en “mareritos” -pandilleros de bajo rango- no se resolverá nada. “Lo realmente efectivo sería que cumplan la promesa de ir contra los cabecillas que lideran estas organizaciones criminales, entre los que hay, según los testimonios que tenemos, diputados, militares y policías”, asegura.

Xiomara Castro anunció su plan pocas horas después de que, en El Salvador, Bukele hiciera pública la fase cinco del Plan Control Territorial, como su gobierno llama a la política de seguridad el país, en un cuidado escenario en el que el presidente habló a decenas de soldados formados frente a él.

En un despliegue de tuits, comunicados y videos subidos a redes sociales, la casa presidencial y el ministerio de seguridad pública salvadoreños explicaron que la fase cinco se llamará “extracción” y consiste, en esencia, en enviar al ejército y a la policía a cercar comunidades enteras en las que la inteligencia estatal y policial sospechen que viven líderes pandilleros.

Ya hay, en el historial de Bukele, antecedentes de cómo se aplicará la llamada fase cinco. El 2 de octubre pasado, el gobierno salvadoreño envió a 2,000 soldados a sitiar Comasagua, un pequeño poblado cafetalero en la cordillera que rodea la capital, San Salvador. El objetivo, dijo el ministro de seguridad de Bukele, era ubicar a los cabecillas de una célula pandillera, la Wilter Locos Salvatruchos, a quienes el gobierno responsabilizó de la muerte de una persona.

El cerco de Comasagua, como empezó a llamarlo el gobierno, llegó en vivo a través de las redes sociales a los salvadoreños. Primero, la casa presidencial publicó un tuit, el 2 de octubre a las 2:24 de la madrugada, con una foto de Bukele reunido con el fiscal general, los ministros de defensa y seguridad y el director de la Policía Nacional Civil (PNC). A las 4:53 de ese día, más tuis y más fotos del despliegue militar en Comasagua y la promesa presidencial de que la célula pandillera dejaría de existir. A las 6:42 a.m. un tuit de la policía con la foto de seis capturados, supuestamente pandilleros: dos mil soldados desplegados para capturar a seis sospechosos.

De acuerdo con un oficial de la PNC que conoció detalles del operativo, y quien habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, muy poco ha cambiado en Comasagua: la clica, como se llama a las células pandilleras, Wilter Locos Salvatruchos sigue activa y cobrando extorsiones en la zona.

Como en El Salvador, en Honduras uno de los principales objetivos del plan de Castro es reducir la extorsión. De hecho, fue un paro de transportistas en noviembre el que motivó el anuncio de la presidenta. Pero, si el país vecino es un indicador, en El Salvador no está claro que las extorsiones en territorios controlados por las pandillas hayan disminuido, como al parecer sí ha ocurrido con otros delitos, como los homicidios.

La propaganda de Bukele se ha esmerado en asegurar que hay días en que en El Salvador no ha habido homicidios, y que las cifras de asesinatos han bajado a índices nunca vistos en la historia del país. No hay, en realidad, forma de determinar si esto es cierto, ya que el gobierno de Bukele ha declarado reservada por siete años información pública relacionada a los índices de seguridad.

Un oficial de la policía salvadoreña, quien habló con Infobae desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, defendió la baja en las cifras de homicidios, pero aceptó que la extorsión se mantiene en los niveles de siempre. “Es que se puede arreglar con ellos -pandilleros- que bajen los muertos, pero no que dejen de cobrar la renta -extorsión-, si de eso viven”, dice el oficial.

“Podés pactar, lo que sea, pero nunca los pandilleros te van a aceptar que no los dejés cobrar extorsión… esa es la razón de esos grupos criminales”, dice otro exjefe policial.

Wendy Funes, la periodista hondureña, teme que en su país, sin una operación apoyada en inteligencia que permita detectar y detener a los cabecillas, pandilleros y militares, de las redes de extorsión, el plan del gobierno de Xiomara Castro no sea efectivo y termine creando una crisis de violaciones a los derechos humanos similar a la que existe en El Salvador.

“En diálogos con adolescentes en estos barrios y tomando en cuenta las aproximaciones que hace la autoridad policial está claro que hay enormes retos para formar a una policía respetuosa de los derechos humanos”, expresa Funes.

En El Salvador, uno de los principales señalamientos al plan de seguridad de Bukele es que, mientras despliega recursos para operativos como el de Comasagua, el liderazgo de las pandillas MS13 y Barrio 18 se mantiene operativo gracias a un pacto de gobernabilidad con el presidente, algo que ya ha sido confirmado, entre otros, por el gobierno de Estados Unidos, que a través de sus departamentos de Estado y Justicia ha investigado, señalado y sancionado a funcionarios salvadoreños que han participado de la negociación con las pandillas.

Al caso salvadoreño se suman, además, decenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra contra las pandillas decretada por Bukele, que incluye un régimen de excepción que ya dura ocho meses y ha limitado garantías constitucionales a 58,000 salvadoreños presos en ese tiempo, como los derechos a la defensa y el debido proceso.

Al gobierno de Bukele, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ya le expresó su “profunda preocupación por las graves consecuencias en materia de derechos humanos que presentan las medidas adoptadas por las autoridades en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 y aún en vigor”, en un informe publicado el 17 de noviembre pasado.

David Morales, exprocurador de derechos humanos en El Salvador, cree que el objetivo último de este tipo de medidas es propagandístico, y que su eficiencia real para combatir la inseguridad es limitada.

“Estas estrategias de populismo punitivo y campañas publicitarias de guerra contra la delincuencia, de guerra contra las pandillas… generan un espejismo de seguridad en la población, pero esto resulta siempre un engaño. Es un discurso repetitivo… la estrategia termina siendo exitosa en términos publicitarios, pero en términos de efectividad contra las estructuras delincuenciales hemos comprobado hasta la saciedad que son un fracaso, aseguró en una entrevista con Infobae.

Un alto oficial de la inteligencia hondureña, quien accedió a hablar sin que se publicara su nombre para no irrespetar las cadenas de mando, dijo que están conscientes de que este gobierno no puede cometer los mismos errores que sus antecesores, y concedió que otorgar poder extra a los militares es un riesgo, pero aseguró que están haciendo todos los análisis pertinentes para no cometer los mismos errores en lugares como Chamelecón, en San Pedro Sula.

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