La dictadura nicaragüense, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 3.026 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril de 2018.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 91 nacionales y 9 extranjeras, fue aprobada por la titular de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
De acuerdo con la cartera de Gobernación, las 91 ONG locales están en abandono o incumplieron sus obligaciones, entre ellas que no reportaron por períodos de entre 3 y 19 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.
En el caso de las 9 ONG extranjeras, entre ellas 3 de España y 3 de Estados Unidos, fueron disueltas bajo el argumento de que estaban en abandono y llevaban entre 2 y 21 años incumpliendo sus obligaciones.
Del total de ONG ilegalizadas, 2.902 fueron anuladas a partir de marzo de este año, según un informe de 18 organizaciones que denunciaron recientemente en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la “extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua”.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
En 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que el régimen solo reconoce 200.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
El mes pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó en la “Resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua”, aprobada durante la LII Asamblea General, al régimen nicaragüense que “cese toda acción violenta” contra la población de su país y que “restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho” en el territorio.
Además de las denuncias por estas persecuciones, la Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Creencia expresó su preocupación por el incumplimiento “continuado” de Nicaragua en lo que respecta a sus obligaciones en materia de derechos humanos internacionales, y condenó la “hostilidad, discriminación y persecución” en el país -en concreto “las relativas a la Iglesia católica”.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa encendió las alarmas sobre la situación de los profesionales del rubro en el país. Durante la 78 Asamblea General, la organización presentó un documento en el que denunció que “la dictadura de Daniel Ortega sigue barriendo sin descanso todo vestigio de libertad de prensa” y recordó que, desde que llegó al poder, el régimen sandinista “confiscó las instalaciones de La Prensa, cerró la señal de CNN en Español, clausuró varias radioemisoras de la Iglesia católica y canceló las operaciones de cientos de organizaciones no gubernamentales”.
(Con información de EFE)
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