Un grupo de diputados de oposición en Paraguay presentó este martes una propuesta de acusación para someter a juicio político al magistrado Antonio Fretes, quien solicitó un permiso indefinido como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras conocerse que su hijo acordó representar a un ciudadano brasileño de origen libanés requerido en extradición por la Justicia estadounidense.
El libelo acusatorio entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, solicitó que se convoque para este jueves a una sesión extraordinaria para debatir el pedido de enjuiciar a Fretes por “mal desempeño de funciones”.
Durante una conferencia de prensa, la diputada Celeste Amarilla argumentó que “el mal desempeño de funciones es cualquier comportamiento que le haga perder credibilidad al funcionario público”.
Fretes fue salpicado por la polémica en la que terminó envuelto su hijo, Amílcar Fretes, por cuenta de un “Contrato de prestación de servicios profesionales de abogado” que firmó en septiembre del año pasado para buscar una “salida jurídica” a la extradición de Kassem Mohamad Hijazi. El sujeto había sido detenido en agosto de 2021 durante un operativo liderado por el fiscal antimafia Marcelo Pecci, asesinado en mayo de este año en Colombia.
Hijazi fue extraditado a EEUU en julio pasado en respuesta a un requerimiento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde afronta acusaciones por presunto lavado de activos.
Tras conocerse el contrato, publicado por el diario ABC, Antonio Fretes ratificó el pasado jueves en un comunicado “su total desautorización a cualquier persona que invoque su nombre con intenciones de eludir sus responsabilidades ante la Justicia”.
Amarilla señaló este martes que en la propuesta de acusación lograron derribar “el tibio y titubeante argumento de ambos, de padre e hijo, cuando decían que ellos no tienen comunicación entre sí”.
Por su parte, la diputada Kattya González consideró en la misma rueda que este contrato evidencia “la infiltración del crimen organizado en los más altos ámbitos del Poder Judicial”.
Para impulsar un juicio político, previsto en el artículo 225 de la Constitución, se necesita el respaldo de dos tercios de los diputados presentes.
Este martes, ABC reveló que otro hijo del magistrado, Asdrúbal Antonio Fretes, y su pareja Adriana Florentín Oliver figuran entre los accionistas de una casa de préstamos. La publicación indicó que Asdrúbal Fretes aparecía además como accionista de una sociedad cuando era funcionario de la fiscalía, lo que, según el diario, no “declaró ante la Contraloría”.
Según la versión periodística, Asdrúbal Fretes “llegó a tener 2.100 millones de guaraníes (unos 291.608 dólares) en acciones”. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría anunciaron que solicitarán información al respecto.
Con información de EFE
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