La particular saña de Daniel Ortega con el líder empresarial que fue su aliado durante diez años

El mediodía del miércoles pasado, agentes de la Policía llevaron al líder empresarial José Adán Aguerri, desde su casa hasta la cárcel El Chipote, en una movida sorpresiva y sin explicación oficial hasta ahora.

Aguerri fue capturado por el régimen nicaragüense y recluido en la cárcel de El Chipote tras una redada contra opositores recordada como “la noche de cuchillos largos”, el 8 de junio de 2021, y condenado a 13 años de cárcel en marzo de este año por el supuesto delito de “traición a la patria”.

Hace más de dos meses, el 18 de agosto, sin embargo, fue enviado a su casa bajo el régimen de “casa por cárcel”, al igual que otros presos políticos que evidenciaron graves problemas de salud.

Este sería el primer caso, en el que el régimen de Daniel Ortega regresa a la cárcel a un preso político al que ha confinado a “casa por cárcel”.

José Adán Aguerri, 61 años, fue presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) durante 11 periodos consecutivos (2007-2020) en un caso único en la historia de la cámara empresarial más importante de su tipo en Nicaragua.

De la mano de Aguerri, el Cosep llegó a ser un “superministerio” en Nicaragua y a su presidente se le consideró el tercer personaje más poderoso del país, solo por debajo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“El Cosep despachaba con ministros, tenía un teléfono rojo con Rosario Murillo, resolvía desde visas hasta exportaciones, colocó a 43 de sus miembros en directivas estatales e influyó de forma determinante en 124 de las 326 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional entre 2008 y 2018″, define la plataforma investigativa Expediente Público en una serie de cuatro artículos que publicó sobre la relación entre el gran capital nicaragüense y el régimen de Daniel Ortega.

Aguerri llegó al Cosep en el año 2005 como miembro de la Cámara Comercio y a los nueve meses ya era su presidente. Un año más tarde, en septiembre de 2007, sería electo presidente del Cosep. Fue reelecto en 10 ocasiones, convirtiéndose así en la persona que más tiempo ha permanecido en ese cargo.

El ascenso de Aguerri coincidió con el regreso al poder de Daniel Ortega, en 2007, quien buscó un acercamiento con el gran capital. El sandinismo había tenido una espinosa relación con los empresarios desde los años 80, durante la revolución sandinista, que se expresó a través de confiscaciones, encarcelamiento e, incluso, ejecuciones. Aguerri emergió como el gran interlocutor entre el gran capital y el régimen de Ortega en una alianza que fue bautizada oficialmente “Modelo de diálogo y consenso”.

El Cosep despachaba con ministros del gabinete de Ortega, con la Policía, impulsaba leyes en el parlamento con el apoyo de la mayoría de diputados sandinistas, y hasta llegó, en 2013, a solicitar una oficina en la Asamblea Nacional.

Tanto los empresarios como el régimen se mostraban complacidos con la alianza de mutuo beneficio. Los empresarios, porque podían hacer grandes negocios con el apoyo del Estado, principalmente en el comercio con Venezuela y la minería, y Ortega porque avanzaba en la consolidación de un régimen autoritario que pronto estaría enseñándole los dientes a sus propios aliados.

“Definitivamente la alianza con el Cosep le sirvió a Daniel Ortega para afianzar el sistema de gobierno que tenía en planes, porque usó a los empresarios para sustituir la natural interlocución política con el resto de los partidos políticos, a los que prácticamente borró del mapa”, dice una fuente cercana al Cosep que pide anonimato por seguridad.

El personaje clave para esta alianza fue José Adán Aguerri quien centralizó, a través de su persona y un equipo que formó para apoyarse, toda la relación con el régimen. De tal forma que si el presidente de una de sus cámaras necesitaba hacer una gestión ante el gobierno, necesariamente tenía que pasar por las manos de Aguerri, describe la fuente.

Un ejemplo de cómo Ortega cedía posiciones a los empresarios, al tiempo que fortalecía su régimen autoritario, fueron las reformas constitucionales del 10 de febrero de 2014, cuando se incluyó en la Constitución Política “un modelo de alianza del Gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande y los trabajadores bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consensos”, pero también aprovechó esas reformas para eliminar tanto la prohibición que impedía la reelección como el balotaje que representaba un peligro permanente a sus pretensiones.

“Las reformas de la ley eran un caramelo envenenado porque al tiempo que Ortega otorgaba a los empresarios privilegios constitucionales, también los volvía cómplices de un gran salto en su modelo autoritario”, señala Expediente Público.

“Aquí somos un solo gobierno, trabajadores, empresarios y el Estado, dándole su lugar y dándole su espacio a la empresa privada, desde la más grande hasta la más pequeña”, presumía Ortega de la alianza con el capital, el 25 de abril de 2017. “El Gobierno negocia las leyes con el sector privado y los representantes del Cosep, y después los acuerdos de consenso se mandan a la Asamblea Nacional para su aprobación”.

Los empresarios también se mostraban satisfechos. “A mí me parece sumamente revolucionario y al mismo tiempo sumamente positivo para el futuro de este país, buscar cómo institucionalizar este modelo porque está dando frutos extraordinarios”, expresó Carlos Pellas, uno de los mayores empresarios de Nicaragua, el 4 de septiembre de 2013, durante una reunión con Ortega.

Incluso, los empresarios nicaragüenses exhibían el “Modelo de diálogo y consenso” como un sistema que podían imitar las cámaras empresariales de otros países.

“En efecto, se vendía en aquel momento, sobre todo por la cúpula del Cosep, como una especie de panacea, algo que era replicable en toda Centroamérica porque conseguía que, a pesar que se tenía un régimen con cierta proclividad al autoritarismo en Nicaragua, se mantuviera de alguna manera intacta la relación productiva y eso hacía que no se arriesgara el desarrollo económico nicaragüense”, relata Federico Hernández, exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de El Salvador

“Recuerdo que tuvimos discusiones muy fuertes con la gente del Cosep, al menos en el caso de la Cámara de Industria y Comercio de El Salvador, porque nosotros decíamos que eso, aunque puede durar un tiempo, es imposible mantenerlo a largo plazo”, añade. “Nosotros les decíamos que no, que desde la las gremiales empresariales salvadoreñas, nuestra actitud era no acostarnos con el régimen”.

La feliz relación terminó tras la rebelión de 2018. En realidad, la alianza ya venía renqueando desde 2016, dice la fuente del Cosep, cuando empezó a caer la relación comercial con Venezuela que tan buenas ganancias les dejaba a muchos empresarios.

El Cosep se opuso a las reformas a la seguridad social que pretendió imponer el régimen en abril de 2018, y que sería el detonante para que miles de nicaragüenses salieran a las calles a protestar. Las protestas fueron reprimidas violentamente y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se registraron al menos 355 personas muertas. Otros organismos reportaron unos 1500 detenidos por razones políticas y más de cien mil nicaragüenses que se fueron al exilio para proteger su vida o libertad.

Los empresarios se desmarcaron definitivamente del régimen de Ortega. Renunciaron masivamente en todas las comisiones estatales en las que participaban, aparecieron apoyando las marchas ciudadanas e, incluso, convocaron a una de ellas. Los más grandes empresarios del país firmaron una solicitud de adelanto de elecciones y el propio José Adán Aguerri y otros directivos del Cosep participaron como contraparte del gobierno en los llamados Diálogos nacionales.

Ahora eran oposición y, desde el régimen eso fue asumido como una traición.

El 8 de junio de 2021 José Adán Aguerri fue detenido en una redada que incluyó a otros tres líderes opositores y el 21 de octubre de ese mismo año fueron apresados el sucesor de Aguerri en la Presidencia del Cosep, Michael Healy, y el entonces vicepresidente, Álvaro Vargas. Estas detenciones fueron interpretadas como el castigo que infligía Ortega a sus antiguos aliados que lo abandonaron.

Con el Cosep descabezado por las detenciones del régimen, asume la presidencia César Zamora Hinojos, un empresario de la energía cercano a José Adán Aguerri, durante un tiempo fueron concuñados, y considerado “una ficha” de Ortega. Bajo la dirección de Zamora, el Cosep ha eliminado las críticas al régimen y en ocasiones se ha mostrado complaciente con las políticas económicas que desarrolla.

Hasta ahora no hay una explicación oficial sobre el regreso de Aguerri a El Chipote, una cárcel considerada por organismos de derechos humanos como un centro de tortura.

“Yo no dudo que Ortega busque algo con esa jugada”, dice la fuente empresarial consultada. “Todavía no están muy claras las cosas. Se ha dicho que es una represalia por un teléfono celular que le encontraron en una requisa en su casa, también que es una reacción a las sanciones que impuso Estados Unidos al comercio del oro, y otra, que es una presión al Cosep para que vuelva a la alianza que antes tuvo. Esto último yo lo dudo mucho, porque César Zamora no necesita de presión, él gustoso vuelve a la alianza”.

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