Una nueva comisión se conforma en la Asamblea Nacional del Ecuador. Se trata de un grupo de quince legisladores que se reunieron en un comité para la investigación del narcotráfico y sobre los vínculos de esta actividad criminal con la corrupción política del país, presente incluso en el mismo poder legislativo, en políticos de anteriores gobiernos como en representantes en funciones.
La comisión incluye a legisladores del indigenista movimiento Pachakutik, de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional y asambleístas independientes. En la comisión no hay miembros de la Unión por la Esperanza, del Partido Socialista Cristiano o de la Izquierda Democrática, organizaciones políticas, por el momento, afines al correísmo al interior del órgano legislativo.
La agrupación, encabezada por los legisladores Fernando Villavicencio, actualmente presidente de la Comisión de Fiscalización y Ricardo Vanegas, miembro de la Comisión de Justicia, asegura que no hace falta la aprobación del pleno del Congreso del Ecuador para conformar una comisión que investigue el narcotráfico y la narcopolítica.
Este grupo legislativo arrancará sus actividades pidiendo información a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador sobre los casos de los generales, policiales y militares, de abogados, jueces y legisladores, además de otros políticos, a quienes les fuera retirada la visa estadounidense por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Villavicencio dijo que la comisión está efectivamente constituida y que no hay motivos legales para impedir su funcionamiento. Aseguró que en las investigaciones se analizará la procedencia de los fondos que han financiado las campañas presidenciales de los últimos quince años y que reabrirá el estudio de los informes sobre el caso Angostura, el financiamiento de campañas con recursos procedentes del narcotráfico y de las FARC, que recuperará los informes de WikiLeaks sobre la corrupción en el país y los informes sobre los ataques con explosivos a un radar instalado en una zona de alta circulación de narcoavionetas en Montecristi, provincia de Manabí.
Además, a la Fiscalía General de la Nación se le ha solicitado información sobre el estado de los casos en los cuales se investigan delitos de narcotráfico y crimen organizado, para observar las actuaciones de los jueces y fiscales que podrían estar protegiendo a narcotraficantes.
Según los voceros del grupo legislativo, el comité examinará las razones que originan la inseguridad en las calles y cárceles, así como sus vínculos con organizaciones narcodelictivas transnacionales.
Se plantearon varios temas, como la solicitud de información a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la solicitud de información a la embajada de los EE. UU., sobre el retiro de visas y el compromiso de trabajar con la Administración de Control de Drogas del Departamento de Justicia también de los EE. UU. El comité estará abierto a los legisladores que deseen participar en la investigación.
Durante la presentación ante los medios de comunicación Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, aseguró que existe un vínculo entre la violencia, el narcotráfico y la desestabilización democrática del Ecuador y que “como legisladores queremos condenar esta nueva intentona, aprovechándose de las intenciones de fragilidad y de violencia generadas por los cárteles del narcotráfico que utilizan las cárceles para dictar órdenes y generar violencia y terror como lo hizo el narcotráfico en Colombia y México, de políticos carroñeros que aprovecharon esta situación para golpear las puertas de los cuarteles e intentar destituir al presidente Guillermo Lasso”.
Agregó que “en junio de este año la revuelta social pretendió crear las condiciones de desestabilización, de caos, para aplicar la muerte cruzada establecida en la Constitución. Esto sucedió cuando la Policía Nacional y la Fiscalía dieron un golpe letal a uno de los mayores cárteles criminales del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación”.
La “muerte cruzada”, conocida así por la opinión pública, es la disolución anticipada de los poderes representativos del estado según un conjunto de causales establecidas en la Constitución.
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