Las protestas en la región boliviana de Santa Cruz, la mayor del país, para que el censo de población sea en 2023 amenazan con extenderse a todo el país a partir de este lunes, mientras una comisión técnica trabaja para fijar la fecha definitiva del empadronamiento.
El denominado “movimiento cívico” de Bolivia inició el pasado 22 de octubre un paro nacional indefinido para demandar la celebración del Censo en 2023, en lugar del 2024 como ha propuesto el Gobierno boliviano, ya que este registro condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.
Las protestas se concentraron en la ciudad de Santa Cruz, donde la oposición al presidente Luis Arce tiene mayor peso y es el motor económico del país, allí una persona ha perdido la vida durante las movilizaciones.
Pero representantes del movimiento anunciaron un paro en todo el territorio nacional este lunes si el Gobierno no fija una fecha para la realización del censo, puesto que consideran que se trata de una falta de voluntad política y no de dificultades técnicas como defiende Arce.
El domingo en Santa Cruz se cumplieron 16 días de huelga. En la capital regional se mantuvieron los bloqueos callejeros y las actividades fueron casi nulas. Para este lunes se anunciaron movilizaciones en toda la región.
Entre los sectores que se incorporarán a las protestas nacionales con paros, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras se encuentran el Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), los comités cívicos, las plataformas ciudadanas del país, el trasporte pesado, los cocaleros de Los Yungas y el Colegio Médico de Bolivia, según informa el diario El Deber.
Varios piquetes de huelga de hambre se instalarán este lunes en la ciudad de La Paz ay en regiones como Cochabamba ante la falta de atención por parte del Gobierno, indicaron responsables de Conade.
En algunas regiones, como Tarija, Oruro y Beni, los movimientos cívicos anunciaron huelgas de hambre, paros de 24 horas e incluso indefinidos, mientras que sectores como los trabajadores sanitarios prevén parar el martes.
Los cocaleros de Los Yungas advirtieron con iniciar bloqueos de caminos este lunes por el censo y para reclamar la liberación de sus compañeros detenidos dentro de un conflicto con un grupo de productores afines al Gobierno.
En La Paz, en cambio, se descartó asumir medidas de presión contra el gobierno.
El Sistema Universitario Nacional también convoca a una gran marcha a partir de las 16:00 de este lunes. El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reineirio Vargas, adelantó que la marcha será a escala departamental con las 12 facultades e invitó a la población a sumarse a esta acción.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, culpó al Gobierno por la escalada de las movilizaciones.
“El Gobierno ha demostrado que no tiene voluntad, hemos sido claros desde un principio, no vamos a levantar las medidas hasta que no tengamos el censo en 2023. El mandato del cabildo ha sido un paro indefinido y ahora el país entra en un paro a escala nacional. Lo que pase de aquí en adelante es única y exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”, dijo Camacho, uno de los líderes de las movilizaciones que llevaron a la renuncia del ex presidente Evo Morales en 2019.
El representante señaló que los ciudadanos “han sido pacientes” y que no se trata de un capricho de unos pocos, sino un derecho de todos los bolivianos, por lo que el censo debe hacerse “a la mayor brevedad posible”. Además, defendió que la intención de los manifestantes no es desestabilizar al Gobierno, como argumentó el presidente durante las últimas semanas.
Por su parte, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que se espera que Arce “quiera dar punto final” al conflicto y evitar que continúe la huelga y que “otras poblaciones vayan sumándose a tomar medidas de hecho”.
Durante semanas, el Ejecutivo insistió en la necesidad de atender a criterios técnicos para determinar la fecha de realización del censo de población y vivienda, sin embargo los manifestantes lo acusan de querer retrasarlo.
En una entrevista con los medios estatales, el portavoz presidencial, Jorge Richter, insistió en que el conflicto busca una “ruptura constitucional” como, según el oficialismo, ocurrió en 2019 cuando Evo Morales renunció a la Presidencia asegurando ser víctima de un golpe de Estado, en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
No obstante, el mismo Evo Morales indicó en Twitter que no cree que detrás de las protestas por el censo haya una intención de dar un “golpe de Estado”, pero sí un “plan” para debilitar al oficialismo y dañar la economía.
(Con información de Europa Press y EFE)
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