Así premia Nayib Bukele a los jueces que le ayudan a perseguir a la oposición en El Salvador

La jueza salvadoreña Miriam Aracely Salazar de Argueta tendría que estar jubilada desde septiembre del año pasado, cuando los diputados leales al presidente Nayib Bukele aprobaron una reforma legal que obligaba al retiro a jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Salazar cumplió 70 años el primero de febrero de este año, pero haber fallado en un caso que la fiscalía de El Salvador, controlada por Bukele, abrió contra exfuncionarios de oposición, le ha valido a la jueza quedarse en su despacho y, de paso, lograr beneficios para sus hijos.

Cuando el congreso bukelista aprobó la reforma legal para el retiro de jueces mayores de edad, los diputados oficialistas vendieron la enmienda como una forma de deshacerse de magistrados a los que llamaron corruptos o poco idóneos. En realidad, como muestra el caso de la jueza Salazar de Argueta, el gobierno de Bukele, en complicidad con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), utilizó la medida para sacar de circulación a jueces molestos y dejar en el banquillo a los que se apegaron a la agenda política y judicial del presidente.

Críticos a Bukele entendieron el retiro obligado de jueces como una forma de garantizar el control del presidente del órgano judicial. Ya en mayo de 2021, los diputados bukelistas habían descabezado a la CSJ para deshacerse de magistrados que no eran leales al mandatario y poner en su lugar a otros dóciles, que respondieran a casa presidencial.

Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de Constitucional de la Corte, cree que aquella reforma fue, en realidad, el inicio de una purga. “Esta medida, que pasó a retiro forzoso a los jueces que tienen más de 60 años o 30 años de servicio, yo lo leo como una profundización del golpe del 1 de mayo, que empezó con la cabeza de la sala de los constitucional y continúa con el cuerpo del órgano judicial”.

Uno de los jueces de los que se deshizo el gobierno de Bukele es Jorge Guzmán, encargado de juzgar a exmilitares por la llamada masacre de El Mozote, cometida por el ejército salvadoreño en 1981 y la cual dejó cerca de un millar de asesinados en una región controlada entonces por la guerrilla. Guzmán contradijo en público a Bukele en 2020: en una cadena nacional de televisión, el presidente aseguró que había desclasificado los archivos militares relacionados a El Mozote y los había enviado al juez Guzmán, pero el juzgador dijo que eso era mentira, que lo único que le habían enviado eran copias de documentos inservibles.

Un año después, en el marco de la purga judicial, Guzmán fue destituido, mientras que para la jueza Salazar de Argueta y su familia empezaba una época de bonanza.

Al despacho de Salazar, en la ciudad de Zacatecoluca, llegó, en 2021, el caso Monarca, un proceso por supuestos delitos de corrupción abierto contra exfuncionarios de dos alcaldías en el interior del país, miembros de dos partidos políticos, el FMLN, al que Bukele perteneció y del cual fue expulsado en 2017, y GANA, el partido con el que compitió por la presidencia del país. Durante ese proceso judicial, según abogados defensores y familiares de los funcionarios del FMLN apresados, la jueza ha fallado siempre a favor de la fiscalía, que también controla Bukele, y ha terminado favoreciendo a los acusados de GANA, aliados del presidente.

De hecho, una de las resoluciones más importantes del caso, dictada en octubre pasado y en la que Salazar niega a los exfuncionarios efemelenistas medidas sustitutivas al arresto y los envía a juicio, es prácticamente una copia de la acusación fiscal, y no incluye documentos introducidos por la defensa, como las declaraciones de arraigo de los imputados ni peticiones de ellos para que les realicen exámenes médicos a fin de determinar su estado de salud, según comprobó Infobae en atestados judiciales.

La jueza Salazar de Argueta, además, no dudó en conceder a la fiscalía al menos dos prórrogas para realizar trámites judiciales relacionados al caso. La defensa era informada de esas ampliaciones, pero nunca recibió explicaciones de los motivos por los que la juzgadora las permitía, según denuncia de los familiares de los exfuncionarios.

El 22 de abril de 2022, cuando el caso Monarca estaba por cumplir un año en el juzgado de Miriam Salazar de Argueta, su hija, Mirian Alicia Argueta Salazar recibió una buena noticia: la Corte Suprema de Justicia la había promovido. Según el tomo 435 del Diario Oficial, publicado ese día, Argueta Salazar fue nombrada como jueza de lo civil de Apopa, un populoso suburbio de San Salvador, lo cual significó un ascenso de su plaza anterior, la de secretaria de actuaciones en San Juan Opico, un pequeño pueblo del occidente salvadoreño.

Más buenas noticias. Un día antes de la Nochebuena de 2021, el licenciado Oswaldo Dagoberto Argueta Salazar, hijo de la jueza, fue juramentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia como juez propietario en un tribunal de Ahuachapán, una de las ciudades más grandes del occidente. Una fuente en la Corte Suprema, quien habló bajo condición de anonimato por seguridad, dijo que Argueta Salazar era el menos preparado de los tres abogados que concursaron por la plaza en Ahuachapán.

Además de ser hijo de una jueza que, según las denuncias de familiares y defensores y documentos judiciales revisados, falló en consonancia con la fiscalía de Bukele contra exfuncionarios de oposición, Oswaldo Argueta tenía, a juzgar por lo que publica en sus redes sociales, buenas relaciones con Osiris Luna Meza, viceministro de seguridad de Bukele, su jefe de prisiones y uno de los hombres más influyentes en el gabinete de seguridad.

En una publicación en Facebook, de la que Infobae vio una copia, Luna felicita a Argueta por su reciente paternidad. “Feliz navidad, hermano. Un fuerte abrazo”, escribe Luna. Argueta contesta: “…representante de las nuevas generaciones. Feliz navidad, que Dios te bendiga. Saludos a tu madrecita querida…”. El gobierno de Estados Unidos sancionó a Luna y a su madre, Alma Yanira Meza, a quienes señala de participar en un esquema de corrupción y otros crímenes. La fiscalía salvadoreña, antes de que cayera en poder de Bukele, también investigaba al funcionario por apropiarse de fondos públicos durante la pandemia de Covid-19 y por coordinar un pacto del gobierno con las pandillas MS13 y Barrio 18.

Antes, a principios de 2021, el gobierno de Bukele había nombrado a la doctora Aracely Margarita Argueta de García, otra hija de la jueza, como subdirectora del Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima en Cojutepeque, una ciudad en el centro del país.

Infobae intentó comunicarse con la Corte Suprema de Justicia para pedir una reacción a los nombramientos de los hijos de la jueza Salazar de Argueta y para contactar a la juzgadora, pero no hubo respuesta.

El 28 de octubre pasado, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) anunció que denunciará a la jueza Salazar por varias irregularidades. Consultada sobre eso por periodistas salvadoreños, la juzgadora dijo que sus hijos son abogados y “tienen derecho” y adelantó que se defenderá si la denuncian en instancias judiciales.

Ivania Cruz solo ha podido ver a su hermano, Ever Henríquez Cruz, un puñado de días desde que la fiscalía controlada por el presidente Nayib Bukele lo metió preso en mayo del año pasado. Durante los primeros meses del cautiverio, los carceleros salvadoreños ni siquiera dejaron a Henríquez Cruz, un médico, ver a sus abogados. Y durante los 18 meses que lleva preso, la jueza a cargo del caso se ha asegurado que el médico siga ahí, sin apenas salir de su celda.

Ever Henríquez Cruz es uno de dos docenas de exfuncionarios salvadoreños de oposición a los que el gobierno de Bukele mandó a capturar entre abril y septiembre de 2021, los acusó de corrupción, de lavado de dinero y otros delitos y los encerró sin permitirles acceso a medicinas y negándoles la posibilidad de arresto domiciliario.

El caso en el que está implicado Henríquez es al que la fiscalía salvadoreña bautizó como Monarca y el que está bajo la jurisdicción de la jueza Miriam Salazar de Argueta. A finales de julio de 2021, a este caso le siguieron otros contra exfuncionarios del FMLN, el partido que expulsó a Bukele de sus filas, también acusados por delitos de corrupción y lavado de dinero. Como en Monarca, en estos otros casos los jueces que fallaron a favor de la fiscalía han sido premiados con mejores puestos o manteniéndolos en el cargo a pesar de que ya tienen más de 60 años o 30 años de servicio.

El 22 de julio de 2021, la policía salvadoreña capturó a media docena de exfuncionarios del FMLN por orden del fiscal general Rodolfo Delgado, nombrado dos meses antes de forma irregular por los diputados de Bukele. Delgado ha sido señalado por haber sido empleado de un consorcio investigado por lavado de dinero proveniente del petróleo venezolano, por haber defendido a un operador de la pandilla MS13 y por violencia intrafamiliar.

Para asegurarse de que los exfuncionarios quedaran en prisión mientras seguía el proceso judicial, la CSJ se aseguró de que un juez amigable tomara las decisiones. Ese juez se llama Carlos Alberto Iraheta Zelaya, quien ni siquiera era titular del tribunal que vio en primera instancia este caso, sino que fue llevado hasta ahí de forma interina. Tras dejar a los exfuncionarios en prisión, el juez Iraheta fue nombrado magistrado de una cámara de segunda instancia, con mejor salario y prestaciones.

El juez Iraheta Zelaya también echó la mano con otro caso, el que el fiscal general Delgado abrió contra Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de seguridad, por acusaciones de malversación de fondos a través de un programa de abarroterías en las cárceles salvadoreñas. La primera jueza que vio ese caso ordenó arresto domiciliario para Ramírez, pero la fiscalía apeló: lo querían en la cárcel. El caso llegó hasta el tribunal de Iraheta Zelaya, el juez premiado, quien revirtió la medida y envió el caso a otro tribunal de primera instancia, en el que reiteraron que el exministro podía quedarse arrestado en su casa. Finalmente, la Corte mandó a Ramírez Landaverde a prisión y castigó a la jueza Edelmira Violeta Flores, una de las que había favorecido al reo.

El caso del exministro de seguridad es ilustrativo. En 2020, la fiscalía salvadoreña, cuando no la controlaba Bukele, investigó a Osiris Luna, el jefe de prisiones acusado de negociar con las pandillas, por un esquema de corrupción muy parecido al que se le achaca al exfuncionario, pero, mientras el opositor a Bukele guarda prisión aun cuando dos juezas fallaron que podía estar en su casa, el subalterno del presidente salvadoreño sigue en su puesto y todas las investigaciones en su contra fueron enterradas por la fiscalía, que, como varios jueces en El Salvador, trabajan a tono con la agenda política de casa presidencial.

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