Las Fuerzas Armadas de Bolivia fueron convocadas por el gobierno de Luis Arce para participar en el asedio a Santa Cruz de la Sierra, donde cerca de tres millones de personas mantienen una protesta cerrada exigiendo que el censo nacional se haga en 2023.
La intención del gobierno es que se produzcan choques violentos para justificar la acción del ejército, y en Santa Cruz los dirigentes cívicos temen que en cualquier momento los grupos de choque del gobierno decidan cortar el suministro de agua y electricidad, dicen los dirigentes de la protesta.
Al mismo tiempo, grupos violentos avanzan desde la zona cocalera de Chapare hacia la ciudad rebelde a la que el gobierno quiere reducir por el hambre mientras mantiene su decisión de que el censo se haga en 2024, lo que impediría que se compruebe a tiempo, para las elecciones de 2025, que en Bolivia existen más votantes que habitantes.
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El general Augusto García Lara, comandante de las Fuerzas Armadas convocó este fin de semana a una reunión de emergencia de comandantes de las diferentes armas para planificar acciones contra Santa Cruz, incluso con despliegue de equipo blindado desde el altiplano.
Filtraciones que se difundieron en las redes revelaron que el comandante ordenó el envío de unidades CK-105 para levantar los puestos de bloqueo que han levantado los habitantes de Santa Cruz.
Pero el comandante García Lara se negó, dice esa información, a entregar sus órdenes con su firma, como le pidieron los comandantes, y les advirtió a todos ellos que quienquiera que se negara a cumplir la orden sería relevado de inmediato.
Mientras los militares están en esa situación, los caminos que conducen a Santa Cruz se han convertido en escenarios de enfrentamientos entre los grupos armados que manda el gobierno y los pobladores de cada región que les impiden el paso.
La protesta de Santa Cruz tiene el apoyo de todo el país, como se comprobó con las marchas y huelgas generales producidas en casi todas las capitales de departamento.
Los dirigentes cívicos de Potosí proponen que todo el país vaya al paro general indefinido hasta que el gobierno ceda a la exigencia sobre el censo.
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El principal interesado en que el censo no se haga a tiempo para descubrir los esquemas del fraude electoral es el cocalero Evo Morales, quien se opuso a que Arce decida atender la exigencia de Santa Cruz sobre la fecha del censo.
Pero ahora ha decidido criticar a Arce por no haber fijado una fecha definitiva para el censo y haya dejado en manos de un grupo de técnicos ese detalle.
El ex ministro de gobierno de Morales, Carlos Romero, dijo que el gobierno de Arce está “deshojando la margarita” sobre la fecha del censo y recordó que fue este gobierno el que anunció que el censo se haría este año, para luego decir que sería en 2023 y después dejarlo para 2024.
Morales dijo en la radio de los cocaleros que el gobierno de Arce no tiene un buen equipo político en el gabinete y que está cometiendo muchos errores, además de haber descuidado la economía, cuando se ha disparado la inflación.
El contraste que se da en este momento es que en los barrios de Santa Cruz se han organizado grupos de oración, en calles y rotondas, mientras grupos de choque del gobierno avanzan con la intención de usar la violencia contra ellos.
Encuestas y sondeos muestran que en este momento todo el país está apoyando a Santa Cruz, mientras el presidente Arce se mantiene callado después de haber perdido la oportunidad de resolver el problema adelantando la fecha del censo.
Al fin y al cabo, él no será candidato del MAS en las próximas elecciones, sino Morales, convertido ahora en el mayor crítico del gobierno. Sabe que una crisis política podría llevar a que se adelanten las elecciones fijadas para 2025 en que él sería candidato, siempre y cuando no se haya extirpado el aparato del fraude.
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