Comenzó la cuenta regresiva hacia el ballotage en Brasil en medio de nuevas denuncias entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva

A dos días de la votación, el clima se vuelve incendiario en Brasil. En las últimas horas, el fantasma del fraude ha vuelto a planear sobre el ya caliente panorama político del país. El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Morães, ha negado la petición de Jair Messias Bolsonaro de abrir una investigación sobre las emisoras de radio del nordeste que no habrían emitido unos 150.000 de sus anuncios políticos, favoreciendo así al aspirante Luiz Inácio Lula da Silva.

Para de Morães, esta denuncia solo sería una maniobra de Bolsonaro “para crear turbulencias en las elecciones”, por lo que pidió al fiscal general Augusto Aras que investigue un posible “delito electoral” por parte de Bolsonaro, quien respondió diciendo que “apelará” hasta la última instancia dentro de las “cuatro líneas de la Constitución”. Unas horas antes, algunos abogados del Instituto Nacional de la Abogacía (Inad) habían pedido a Aras que incluso pospusiera la votación del domingo para permitir la difusión de los anuncios electorales que faltaban.

En definitiva, la polémica parece haberse desplazado ahora del fraude a las publicidades radiales que, según Bolsonaro, se han desvanecido en el aire. Sin embargo, en los últimos días el presidente había vuelto a echar gasolina sobre el fuego. “Es imposible que las Fuerzas Armadas den un certificado de credibilidad a las urnas”, había dicho en una entrevista en YouTube con el conservador norteamericano Ben Shapiro. Las fuerzas armadas integran la comisión de transparencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Desde 2018 Bolsonaro ha cuestionado los resultados electorales y en la entrevista con Shapiro dijo que lucha por “un modelo electoral transparente”. “Nuestro sistema electoral no existe en ningún país del mundo que tenga una economía razonable”. En 2021, el presidente defendió repetidamente el voto impreso, pero una propuesta para hacerlo obligatorio en Brasil fue rechazada por la Cámara de Diputados.

Tres años antes, en 2018, la posición de Bolsonaro sobre las Fuerzas Armadas en el proceso electoral no dejó lugar a dudas. De hecho, había declarado que la participación de las Fuerzas Armadas haría “casi imposible el fraude”. Sin embargo, los resultados del control de las urnas por parte de la FFAA en la primera vuelta nunca se hicieron públicos. Por esa razón, el 9 de octubre, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) solicitó al Ministerio de Defensa una copia del informe de análisis de las urnas electrónicas. A día de hoy, todavía no se ha entregado.

En una entrevista en directo con el sitio de noticias políticas O Antagonista, el experto en ciberseguridad Luli Rosenberg dijo “que en términos de ciberseguridad Brasil necesita mejorar mucho” y que “nada es inviolable”. Luli puso el ejemplo de Israel. “Aquí el voto es en papel, pero no porque no haya desarrollo cibernético. Todo lo relacionado con la electricidad puede ser susceptible de ser manipulado. Sin embargo, creo que sería algo monumental poder manipular el más de medio millón de urnas repartidas por Brasil”. Durante la pandemia se registraron ciberataques a varios tribunales supremos y federales, así como al Ministerio de Salud.

En esta segunda parte de la campaña electoral, los casos de asedio electoral también crecieron exponencialmente, como nunca antes en la historia de Brasil. Según el Ministerio Público del Trabajo (MPT), las denuncias de asedio a favor de ambos candidatos contra los trabajadores privados y públicos aumentaron un 2577% entre la primera y la segunda vuelta, llegando a la cifra record de 1572. Entre los casos más llamativos está el del empresario rural bahiano Adelar Eloi Lutz, que ahora tendrá que pagar 150.000 reales, cerca de 30.000 dólares, por pedir a sus empleadas que se pusieran un móvil en el corpiño para demostrar que votarían a Bolsonaro el próximo domingo.

El estado con el mayor número de amenazas de asedio, 449, es Minas Gerais que, debido al elevado número de votantes junto con San Pablo y Río de Janeiro, es crucial para el resultado electoral del 30 de octubre. En Betim, cerca de la capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, algunas empresas productoras de carne que habían obligado a sus empleados a llevar camisetas pro-Bolsonaro, se vieron obligadas a emitir declaraciones en las que “la empresa afirma el derecho de sus funcionarios a votar por el candidato que quieran, y que no se tomarán medidas de represalia”. Las iglesias evangélicas neopentecostales también han presionado hasta ahora para la votación del domingo. Algunos pastores dijeron a sus feligreses “si no os gusta, buscad otra iglesia”.

Dos artículos publicados ayer en la prensa brasileña encendieron aún más el clima y dispararon el debate en los mercados financieros. Uno de ellos, en el diario Folha de São Paulo, enumeraba a quienes el Partido de los Trabajadores (PT) considera potenciales candidatos al puesto de ministro de Economía en caso de victoria de Lula.

Recordemos que uno de los puntos críticos de su campaña es que no ha declarado en qué equipo de economistas está pensando. Ayer mismo Lula presentó una carta a los brasileños compuesta por 26 párrafos en los que se limita a explicar cómo gastará el dinero público en caso de victoria y sólo dos en los que promete responsabilidad fiscal sin explicar cómo. La noticia de una declaración económica hizo que la bolsa brasileña se disparara, alcanzando un máximo de +3,6 en el día. Pero la euforia duró sólo unos minutos, probablemente el tiempo suficiente para leer la carta, y el mercado volvió a los valores anteriores al anuncio, con la bolsa cerrando a +1,66.

Según Folha, los tres favoritos para el ministerio de Economía son el ex alcalde de San Pablo y candidato al gobierno Fernando Haddad, el diputado federal Alexandre Padilha, médico de formación y ministro de Salud del gobierno petista de Dilma Rousseff, y el senador Wellington Dias, ex funcionario bancario de uno de los estados más pobres de Brasil, Piauí.

Sin embargo, según el sitio de noticias O Antagonista, la lista de un posible gobierno de Lula incluiría un aumento de los ministerios y un desdoblamiento del Ministerio de Economía para confiarlos a políticos de larga militancia petista. El artículo menciona al ex gobernador de Bahía Rui Costa y a André Lara Resende. Ambos han sido asociados con escándalos de corrupción. Costa, junto con Jacques Wagner, también ex gobernador de Bahía, estuvo en el punto de mira de la policía federal por la financiación ilícita de su campaña electoral de 2014 y en abril de este año por el pago de 45 millones de reales, algo menos de 10 millones de dólares, por 300 respiradores que debían salvar la vida de los ciudadanos bahianos durante el Covid, pero que nunca fueron entregados.

En cuanto a Resende, fue director del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En noviembre de 1998 se vio obligado a dimitir como presidente del BNDES debido a un fragoroso escándalo de escuchas telefónicas, que también desbancó a su antiguo socio Luiz Carlos Mendonça de Barros de la dirección del Ministerio de Comunicaciones. Acusado de improbidad administrativa en una demanda presentada por el Ministerio Público Federal durante el proceso de privatización de Telebrás ocurrido en 1998, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Resende fue absuelto por la Justicia Federal en marzo de 2009. Resende es un defensor de la necesidad de “perdonar” los delitos de corrupción y se ha opuesto a una propuesta de ley para convertirlos en delitos “hediondos” si superar los 8 millones de reales, más de un millón y medio de dólares: “No creo”, ha dicho en el pasado, “que sean más graves que un asesinato”.

Si los nombres mencionados por los dos periódicos brasileños se confirman en caso de victoria de Lula, el escenario que se vislumbra es el de un gobierno muy partidista. Al fin y al cabo Lula debe su salida de la cárcel al PT y, por tanto, está en deuda con su partido. Pero una posible multiplicación de los ministerios y la elección de favorecer a los mas leales a la ideología del PT en lugar de los técnicos corre el riesgo de crear una maquinaria política pesada y lenta, esperemos que al menos no corrupta, cuyo precio podría tener un impacto en los bolsillos de los ciudadanos.

Seguir leyendo: