Nilsen Arias, ex gerente de Comercio Internacional de la estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador, que ocupó ese cargo durante siete de los diez años que duró el gobierno de Rafael Correa, fue procesado en los Estados Unidos por corrupción y lavado de activos. La justicia estadounidense desclasificó los documentos del caso esta semana y los detalles de la investigación se volvieron públicos. Arias habría recibido sobornos de alrededor de USD 18 millones en cuentas propias y de sus familiares.
Este es otro funcionario del correísmo investigado por lavado de activos. La justicia estadounidense también ha procesado al ex contralor Carlos Pólit, por delitos relacionados con el blanqueo de capitales. Pólit era un funcionario clave en el gobierno de Rafael Correa. Incluso el entonces presidente decía que a Pólit “todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo”.
Arias actualmente se encuentra en Estados Unidos.
El caso de Nilsen Arias se investiga en Estados Unidos hace más de un año. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) presentó, el 4 agosto de 2021, ante la Corte del distrito Este de Nueva York una investigación en contra de Arias.
Con la presentación del informe del FBI, en cinco días la justicia estadounidense emitió una orden de arresto en contra de Arias. Para el 27 de agosto, se realizó una audiencia en la que Arias aceptó ser culpable del delito de lavado de dinero y se le fijó una fianza de USD 1 millón. El ex funcionario público pagó la fianza en dos partes: una de USD 300.000 y la otra de USD 337.000, y para la diferencia presentó dos garantes, así lo reportaron Mónica Almeida y Paúl Mena, de diario El Universo, quienes han seguido el caso de sobornos en Petroecuador.
Los documentos relacionados con la fianza, según el portal Primicias, aún son reservados.
De acuerdo con los agentes estadounidenses, Arias, apodado como “El Gordo”, era el vínculo con las intermediarias petroleras que trabajaban con Petroecuador y les ofrecía condiciones beneficiosas aprovechando su cargo dentro de la petrolera estatal. Dentro de la investigación del caso, hubo al menos tres testigos, dos de ellos pertenecientes a las empresas Vitol Inc. y Gunvor S.A.
Según la investigación estadounidense, Arias estaría inmerso en al menos tres tramas de corrupción dentro de Petroecuador que involucraron a ocho traders de petróleo y combustibles. Las empresas petroleras con las que Arias lucraba estaban en Asia, Medio Oriente y Latinoamérica.
La trama de corrupción de Arias permitía que las empresas petroleras, sobre todo asiáticas –Petrochina, PetroTailandia y Unipec–, tengan beneficiosos contratos de preventas. Estas compañías tenían contratos de intermediación en los que comisionaban por cada barril. Este esquema de corrupción habría manejado alrededor de USD 70 millones.
De esos USD 70 millones, al menos USD 22 millones se destinaron a sobornos. Esta información ya consta en el caso en contra del canadiense Raymond Kohut, que trabajó para Gunvor S. A. Arias habría recibido cerca de USD 15 millones, de los cuales una parte sirvió para sobornar a otros funcionarios.
Los contratos con las petroleras involucradas se manejaron sin concursos. Supuestamente los fondos eran para el Estado ecuatoriano.
La abogada de Arias, María Teresa Torres, dijo a El Universo que su cliente “está colaborando con la justicia americana, está defendiéndose en libertad y aportará con la información (con la) que cuente en la medida de lo que conoce”.
Arias podría ser sentenciado a más de diez años de cárcel. Pero su pena podría ser menor si coopera con los fiscales estadounidenses.
El caso Petrochina
Las empresas asiáticas vinculadas al caso de Nilsen Arias son Petrochina, PetroTailandia y Unipec. Estos nombres ya son conocidos en Ecuador por aparecer en el caso Petrochina, relacionado con la deuda que adquirió Ecuador con China durante el gobierno de Rafael Correa y por la que el Estado debe pagar al gigante asiático con barriles de petróleo y que sería una trama internacional de intermediación comercial y financiera con el petróleo ecuatoriano.
Fernando Villavicencio, legislador y presidente de la comisión de Fiscalización del congreso del Ecuador que también investigó el caso de Álex Saab, ha calificado a esta como “la trama de corrupción petrolera más grande de Ecuador” y cree que podría tener implicaciones transnacionales.
Según lo indicado por el asambleísta Villavicencio, el Ecuador solicitó financiamiento por USD 18.170 millones, a Petrochina, Unipec y PTT, en donde se comprometieron como garantía 1.365 millones de barriles de petróleo ecuatoriano. Sin embargo, los barriles que debían ir directamente a China terminaron endosados a los bancos europeos Société Générale, Natixis y el ING Bélgica. El propósito –explica Villavicencio– era “que los chinos accedieran a los dólares y puedan cumplir con los préstamos. Estos bancos resultaron aliados del grupo Gunvor y juntos comercializaron el petróleo ecuatoriano. Las pérdidas para Ecuador producto de la intermediación petrolera serían unos USD 5.000 millones”.
El gran problema de la deuda de Ecuador y China es que los barriles de petróleo que se dieron como forma de pago no fueron avaluados con el precio internacional del crudo sino que se congeló el precio del barril, esto habría provocado cuantiosos perjuicios al Ecuador, pues por cada barril, el país perdió alrededor de USD 3.60.
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