Cuarto día de huelga en Bolivia: violentos enfrentamientos entre civiles y amenazas del oficialismo de cercar Santa Cruz

El cuarto día de huelga en Santa Cruz, la mayor región boliviana y motor económico del país, contra la suspensión del censo de población comenzó este martes con choques entre grupos de personas que cumplían la medida de presión y otros que intentaron desbloquear las vías con violencia.

Los principales problemas se reportaron en la avenida Santos Dumont y en la populosa zona del Plan 3.000, esta última considerada uno de los bastiones oficialistas en la capital cruceña, donde los grupos que buscaban desbloquear cargaron con palos y detonando petardos contra quienes cerraban las calles desde temprano.

Los grupos de desbloqueo se movieron en vehículos y en algunos lugares tuvieron ayuda policial para levantar los escombros y otros objetos empleados para cerrar el paso. La Policía lanzó gases lacrimógenos para disipar a los sectores enfrentados en el Plan 3.000.

Tras la refriega, los movilizados contra la postergación del censo volvieron a bloquear y los otros se replegaron al barrio Los Lotes, desde donde se suelen movilizar contra la huelga ciudadana.

En esta jornada, los mercados y supermercados se llenaron de personas que buscaban alimentos y otros artículos, después de que los organizadores de la huelga indicasen que se iba a permitir el funcionamiento de estos centros durante la mañana para que la población pueda abastecerse y luego continuar con las medidas de presión.

En declaraciones a la agencia EFE, Gabriela Crespo, una ciudadana que se aproximó a un mercado para hacer compras, señaló que “hay que apoyar” la huelga “porque el bien es para todos”, aunque también consideró importante tener en cuenta a las personas que subsisten con su trabajo diario. “El censo es para todos, para toda Bolivia. Que haya un diálogo, un entendimiento y que sea lo mejor para toda Bolivia”, opinó Crespo.

Santa Cruz lidera los reclamos para que el censo se desarrolle en 2023 y sus resultados se apliquen en 2025, cuando se prevé que se realicen las elecciones presidenciales. De los datos de esta encuesta nacional depende una nueva asignación de recursos económicos para regiones y municipios, y también de las cuotas de representación en el Parlamento.

Inicialmente el censo debía realizarse en noviembre de este año, sin embargo, el gobierno de Luis Arce lo pospuso para 2024 argumentando problemas técnicos y la necesidad de “despolitizar” el proceso.

El Gobierno convocó el pasado sábado al diálogo a los líderes cívicos de Santa Cruz, aunque las conversaciones no prosperaron y la huelga ciudadana indefinida continúa.

El Ejecutivo nacional planteó que el censo se realice en abril de 2024 y que en seis meses, con la emisión de los resultados preliminares, se inicie una nueva distribución de recursos para las regiones del país, mientras que los líderes cruceños insisten en que la consulta se efectúe en 2023.

Aunque ambas partes se han mostrado abiertas al diálogo, este proceso no se ha retomado, inclusive los sectores cívicos de Santa Cruz pidieron la mediación de la Iglesia católica.

El oficialismo considera que las protestas en Santa Cruz son “aventuras golpistas” como, según dicen las autoridades, ocurrió en 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia asegurando ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de un supuesto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.

Por otra parte, organizaciones sociales afines al oficialismo boliviano cumplen desde este martes la amenaza de cercar Santa Cruz.

Transportistas que rechazan la huelga ciudadana formaron promontorios de arena para bloquear al menos tres carreteras que conectan a Santa Cruz con el resto del país al cumplirse el plazo de 48 horas que dieron los sindicatos y entidades cercanas al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para exigir la suspensión del paro en esa región.

Un cerco es un bloqueo de entrada y salida del campo a la ciudad para impedir el paso de personas o de alimentos que se producen en el área rural, y en los últimos años ha sido una medida empleada por partidarios del MAS en distintos conflictos.

En esta ocasión, el cerco comenzó a ejecutarse en el kilómetro 19 del municipio cruceño de La Guardia, donde los conductores de vehículos de transporte pesado emplearon unos tres camiones cargados con arena para cerrar el paso vehicular. Esa ruta es una de las principales que une Santa Cruz con la zona de los valles cruceños que abastecen de verduras y otros alimentos a la capital regional.

Otro punto de bloqueo se registra en la zona de la Enconada, en el kilómetro 28 entre los municipios de Cotoca y Pailón, en el que transportistas también impiden el paso de los automóviles. Además se reporta un tercer punto en la ruta hacia Camiri, en el sur de Santa Cruz, donde también se echó arena en la vía para impedir el tránsito de vehículos.

Los bloqueadores han sido tajantes al indicar que solo permitirán el paso de ambulancias.

Además, la refinería de combustibles Guillermo Elder Bell fue tomada por un grupo de personas que rechaza la huelga y que puso un candado a la puerta de la instalación y se apostaron afuera para hacer una vigilia e impedir la salida de camiones cisterna.

El representante de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Ponciano Colque, expresó que a medianoche de este martes ese sector, también afín al MAS, se sumará a la protesta contra la huelga y se conocerá quiénes son los “dueños de este pueblo cruceño”. “Santa Cruz será tomado y cercado, no va a entrar ni salir nadie, ni un auto ni una persona”, sostuvo Colque.

El presidente boliviano, Luis Arce, convocó para el viernes un “encuentro plurinacional” en la región central de Cochabamba entre autoridades locales, rectores de universidades públicas, representantes indígenas para acordar la fecha del censo.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, lamentó que se quiera dialogar con una presión tan fuerte como el cerco, aunque también consideró que esa medida de presión contribuye de alguna forma a la huelga al mantener las carreteras bloqueadas.

El vicepresidente de esa entidad, Fernando Larach, manifestó por su parte que cuando falten alimentos en otros departamentos bolivianos “no echen la culpa a Santa Cruz”, ya que el cerco es una acción del oficialismo.

El ex presidente Carlos Mesa, líder de la principal fuerza opositora Comunidad Ciudadana, apuntó al ex mandatario Evo Morales, a quien acusó de querer “generar violencia cercando Santa Cruz para dejar sin alimentos a sus habitantes mientras que Arce habla de diálogo”.

Santa Cruz lidera los reclamos para que el censo se desarrolle en 2023, mientras que la posición del Gobierno es que esta encuesta nacional se realice en 2024.

(Con información de EFE)

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