Los aviones y el helicóptero que confirman el nexo entre un ex presidente de Honduras y el narcotráfico

Choloma es una ciudad mediana a medio camino entre San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, y Puerto Cortés, la principal puerta marítima del país al Caribe. Choloma es famosa por dos cosas: es uno de los centros textileros más importantes de Centroamérica y también uno de los lugares más peligrosos de la región. Aquí han mandado los narcotraficantes y las pandillas desde inicios del siglo.

Hay otra cosa sobre esta ciudad calurosa de calles polvorientas, rodeada por cerros, que había estado escondida por capas de impunidad y secreto hasta hace muy poco. Fue aquí, en buena medida, donde el expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos en espera de un juicio por tráfico internacional de cocaína, empezó a tejer los hilos que lo unieron con los caciques locales de la droga y a construir, con ellos, un imperio criminal.

En Choloma se juntaron dos de los narcos más importantes del mapa criminal hondureño a principios de la década pasada con un piloto aviador que según la justicia estadounidense fue uno de los principales testaferros de JOH, como se conoce coloquialmente al expresidente de Honduras por sus iniciales. Los narcos son Giovanny Fuentes y Melvin Sandres, alias Metro, y el piloto se llama Félix Francisco Pacheco Reyes. Los tres nombres aparecen en diversos documentos judiciales estadounidenses anexos a procesos contra narcotraficantes de Honduras, incluido el de Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermando del expresidente.

Tres aeronaves compradas por empresas asociadas a una red de testaferros que trabajaron con los Hernández, y que el expresidente y su familia usaron para lavar dinero según fiscales estadounidenses, formaron uno de los hilos en común entre el imperio de JOH y estos narcos.

El 10 de abril de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ en inglés) envió una solicitud de asistencia judicial al Ministerio Público de Honduras (MPH), en el que pedían información sobre varios posibles socios de Tony Hernández. Uno de los hombres por que los agentes estadounidenses preguntaron es Pacheco Reyes, “un testaferro” que uso la compañía “Aviation Partners para comprar el avión Beechcraft King” de placas estadounidenses que luego fueron cambiadas al registro hondureño HR-AXL.

Durante varios años, a partir de 2012, cuando empezó la compra de los aviones, los Hernández estacionaron el HR-AXL en un hangar del aeropuerto internacional en Tegucigalpa, la capital, según la solicitud de asistencia judicial estadounidense. Ahí estacionaban también un jet King Air 200 con registro HR-CLQ y el un Helicóptero Bell 429 global ranger, registro hondureño HR-GCA. Todas las aeronaves fueron compradas por la red de testaferros. Según una investigación de la Revista Expediente Público, el costo combinado de compra fue de USD 10,450,000.

Cuando una compañía de Pacheco Reyes compró los aviones, en 2012, Hernández era un político en ascenso que, tras pasar por la presidencia del Congreso Nacional, se disponía a convertirse en presidente del país. Una vez instalado en la casa presidencial, JOH y su familia empezaron a utilizar dinero público para abastecer las aeronaves, según la investigación estadounidense.

“De acuerdo con un testigo -dice el documento de DOJ, del que Infobae tiene copia-, funcionarios hondureños utilizaron fondos públicos para operar estas aeronaves en asuntos oficiales, y una porción de ese dinero terminó, al final, en manos de la familia Hernández a través de intermediarios como Pacheco Reyes”.

Pacheco no solo fue el procurador de aeronaves para los Hernández Alvarado. Sus compañías también sirvieron para afianzar los nexos financieros y comerciales con los narcotraficantes.

Una de las empresas relacionadas a Aviaton Partners, a través de documentos registrales de los que Infobae tiene copia, es Caribbean Tours. Ambas están relacionadas con los testaferros de los Hernández. Y en ambas aparecen como socios, además de Pacheco Reyes, Lidia Elizabeth Antúnez Figueroa y Carlos Armando García Cárcamo. Es, a través de estos dos últimos, que la red se extendió hasta Melvin Sandres, alias Metro, capo del narcotráfico en Choloma cuando Juan Orlando Hernández empezaba su ascenso hacia lo más alto del poder político hondureño. Sandres es propietario, junto a Antúnez y García Cárcamo, de Lino’s Sport, una empresa de utensilios deportivos que el narco utilizó, entre otras cosas, para equipar al club de fútbol de Choloma, del que él era dueño.

Caribbean Tours también está relacionada a Sergio Neftalí Mejía Duarte, un narcotraficante que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en mayo de 2018. Después de la condena, las autoridades hondureñas inmovilizaron los bienes de compañías asociadas a Mejía Duarte, once de ellas, entre las que figuraba Caribbean Tours. Los aviones, sin embargo, habían sido transferidos a otra empresa antes de las inmovilizaciones, una llamada Inversionistas Tecnológicos Unidos, propiedad de otro testaferro de Juan Orlando Hernández.

Melvin Sandres era uno de los hombres más poderosos en Choloma a finales de la década 2000 e inicios de los 2010. Junto a Giovanny Fuentes, otro capo local, habían construido en la ciudad textilera un cuartel desde el que regentaban el paso de cocaína por las rutas norteñas de Honduras, que unen las pistas clandestinas en los departamentos de Yoro y Olancho en el nororiente, donde aterriza la droga proveniente de Suramérica, y desde donde forjaron alianzas políticas que luego pusieron a disposición de Hernández cuando, en 2012, el político era el presidente del Congreso y empezaba a cosechar los apoyos criminales y financieros que terminarían aupándolo a la presidencia.

En Choloma, Fuentes y Sandres pusieron a disposición de JOH dinero del narco y, según un testimonio del primero ante agentes estadounidenses, un narcolaboratorio que en sus mejores días llegó a producir entre 300 y 500 kilos de cocaína. Lo que no se sabía hasta ahora es que Sandres fue parte de la red de testaferros que, entre otras cosas, proveyó de aviones al entonces presidente y su familia.

Durante años, mientras Estados Unidos lo investigaba por sospechas de que era él quien en realidad dirigía desde lo más alto del poder político el tráfico de cocaína por Honduras, Juan Orlando Hernández lo negó todo. Cuando, a partir de marzo de 2020, el narco Giovanny Fuentes empezó a colaborar con las autoridades estadounidenses, que lo habían detenido ese año, contó cómo él y Sandres, el narco-testaferro, se asociaron a JOH, el presidente dijo que todo era una venganza de los narcotraficantes a los que él había combatido. Y esa ha sido su defensa hasta ahora; es lo que siguen diciendo sus portavoces mientras él espera juicio en una celda de Nueva York, a donde fue extraditado en abril de este año.

Siempre ha sostenido la defensa de Hernández que las únicas pruebas con las que cuenta Estados Unidos son los testimonios de narcos como Fuentes, pero lo cierto es que hay más, como muestran los documentos registrales y testimonios de decenas de oficiales, algunos de los cuales han conversado con Infobae, que dan fe de cómo la red de testaferros en la que participaron narcotraficantes sirvió al expresidente para blanquear dinero. Otros testimonios indican que los aviones, además, volaban por una ruta aérea que cruza Honduras y por la que también se movía la droga.

Una foto tomada en 2015 y publicada en varios medios oficiales hondureños muestra a Ana García de Hernández, entonces primera dama del país, bajando de uno de los aviones comprados por los testaferros de su marido, el HR-AXL, en el aeropuerto Río Amarillo del departamento de Copán, en el occidente del país.

Río Amarillo es un aeródromo ubicado a menos de 20 kilómetros de Copán Ruinas, una ciudad colonial aledaña a un recinto de ruinas mayas. A pesar de que es un destino turístico, el tráfico aéreo hacía ahí, a través de Río Amarillo, es mínimo. El aeropuerto, sin embargo, se mantiene en perfectas condiciones y bajo custodia constante de una unidad militar, según pudo constatar Infobae durante un viaje a la zona a mediados de 2021. El aeródromo está ubicado en un pequeño valle al pie de las montañas de Copán, donde a inicios de la década pasada mandaba el clan narcotraficante de Los Valle Valle, a quienes Juan Orlando Hernández persiguió luego de romper un pacto que, según un exjefe de la inteligencia policial hondureña, incluyó financiamiento para la campaña presidencial de 2013.

Unos 170 kilómetros al este de Río Amarillo hay otro aeródromo, el de Celaque, en las afueras de Gracias, la ciudad del departamento de Lempira de la que son originarios los Hernández. JOH lo inauguró el 29 de octubre, cuando aún no era presidente del país. A Celaque tampoco llegan apenas vuelos comerciales. El aeródromo servía, sobre todo, para el aterrizaje de aviones militares y de algunos aviones particulares, según funcionarios consultados en Gracias entre 2019 y 2021.

En uno de los cerros aledaños a Celaque, conocido como La Iguala, un comando de inteligencia policial encontró en 2014 un narcolaboratorio equipado para producir clorhidrato de cocaína. Había también plantas de marihuana. Los policías capturaron a dos colombianos, pero cuando el oficial jefe intentó remitirlos al Ministerio Público se encontró con la reticencia de los fiscales. Los extranjeros, explicaron al jefe policial, contaban con la protección de Constantino Zavala Laínez, otro oficial de la Policía Nacional. Y Zavala, descubrirían después los investigadores hondureños, era allegado a Tony Hernández, el hermano del presidente.

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Los investigadores del DOJ estadounidense también preguntaron por Zavala Laínez en la petición de asistencia judicial en la que reclamaron a sus homólogos hondureños información sobre los aviones de los Hernández y sus testaferros. “(Un) testigo se reunió con Hernández Alvarado para platicar sobre los arrestos (de los colombianos) y (Tony) Hernández Alvarado le agradeció a Zavala Laínez por su protección”, dice en el documento.

“Toda esa operación del narcolaboratorio de La Iguala tenía protección de los de arriba”, dijo a Infobae uno de los oficiales que participó en el operativo de La Iguala. “Todo eso era de los Hernández”, reiteró. Según este policía, cuando aquel laboratorio estaba en funcionamiento las rutas de la droga y el poder en torno a ellas estaba por reconfigurarse en Honduras: un nuevo grupo político, el de JOH y su familia, empezaba a ganar terreno frente a los clanes tradicionales y los pequeños capos que controlaban las plazas más importantes del país. En ese reacomodo, el control de pistas aéreas y aeronaves no fue un considerando menor, asegura el oficial.

Antes de instalar el laboratorio en La Iguala, los Hernández ya habían comprado al menos uno de los aviones a través de la red de testaferros que coordinaba Félix Francisco Pacheco Reyes y en la que también estuvo Melvin Sandres, alias Metro, uno de los jefes de los narcos de Choloma. Pero Metro era, a principios de la década pasada, mucho más, era uno de los capos más sanguinarios en el mapa hondureño.

Al lugar solo se le conoce como la discoteca de Metro. A mediados de 2021, cuando Infobae recorrió las calles de Choloma, el local era solo un recuerdo de sus días de esplendor: un edificio gris, con una sección a medio construir, del que apenas salía una musiquita tenue. A finales de la primera década del siglo, sin embargo, este era el cuartel general de Melvin Sandres, uno de los dos narcos que controlaban plaza en Choloma a punta de terror.

Sandres era un tipo popular, extrovertido y fiestero. Giovanny Fuentes, su socio, era parco, malencarado y arrogante. Así, al menos, los describe un investigador hondureño que les siguió la pista por años y quien habló con Infobae desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.

Sandres y Fuentes eran, a finales de la década de 2000, matones al servicio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, el jefe de la banda Los Cachiros, que controlaba la entrada de cocaína por las pistas clandestinas del noreste y su tránsito hasta las carreteras y trochas que conectan con Guatemala. En esa ruta, Choloma ocupa un lugar central como plaza de lavado de activos y almacenamiento. Desde ahí la droga se redistribuía al occidente y hacia el sur, para alimentar la ruta hacia México, o hacia el norte para ser embarcada en Puerto Cortés.

Para probar su lealtad a Devis Leonel Rivera Maradiaga, el jefe de Los Cachiros, Sandres torturó y enterró vivo a un mecánico aviador que debía dinero al capo.

De a poco, la influencia de Sandres en Choloma creció y él empezó a hacer tratos a espaldas de sus jefes. Según documentos judiciales estadounidenses, llegó incluso a “distribuir droga en la Florida”. Hubo, dicen investigadores hondureños, una especie de pacto entre Sandres, Giovanny Fuentes y Los Cachiros en 2012. El clan de Rivera Maradiaga dejaría operar a los narcos de Choloma con cierta independencia a cambio de tener libertad para usar sin contratiempos las rutas de la ciudad.

Antes, en 2011, Sandres y Fuentes habían instalado un narcolaboratorio en Cerro Negro, en las afueras de Choloma. Ese año, la policía allanó el laboratorio, pero no encontraron nada porque los narcos habían recibido un soplo oportuno sobre la operación. Poco después, los dos narcos secuestraron al oficial que había estado a cargo de la operación y se aseguraron de enviar un mensaje claro: lo torturaron y dejaron las señales de las torturas en el cuerpo, alfileres en las uñas, golpes de pistola en las manos y una bolsa plástica cubriéndola el rostro. Meses después, Sandres quemó vivo a un sicario de quien sospechaba que había participado en el asesinato de un familiar.

El poder de Sandres y Fuentes en Choloma se basaba en tres patas: el acceso directo a los proveedores suramericanos de la cocaína, los contactos políticos locales y nacionales, y una amplia red social y criminal en la ciudad industrial. Para garantizar esto último, Sandres acudió al fútbol e invirtió en el Atlético Choloma, un equipo de segunda división al que llevó de forma efímera a la primera. Los partidos del Choloma, recuerda un vecino, eran un despliegue de ruido, fiesta y despilfarro en las épocas de Sandres. “Cerraban las calles, traían muchachas y bandas de música… El equipo era malo pero la gente gozaba”, dice.

El músculo criminal lo daban, en buena medida, las pandillas, que son varias en Choloma. Sandres y Fuentes, dice el memorando de sentencia en el proceso seguido al segundo en Estados Unidos, “comandaban batallones de pandilleros que actuaban como seguridad y soldados en las guerras de las drogas”.

Una líder feminista con quien Infobae conversó en Choloma en 2021 contó que los guardaespaldas de Sandres gozaban de impunidad absoluta y fueron responsables de decenas de violaciones de mujeres jóvenes.

A mediados de 2013, Fuentes y Sandres tenían ya construida la alianza con la que pensaban ganar autonomía absoluta en Choloma y, desde ahí, expandirse: el pacto con los Hernández Alvarado, con Tony y su hermano Juan Orlando. Los tratos habían empezado antes, en 2011, cuando JOH era presidente del Congreso. Ese año, según testimonios recogidos por investigadores de Estados Unidos, los narcos se reunieron en Graneros de Choloma, una empresa local, con un enviado de JOH, quien les dijo que llegaba “en nombre del jefe”.

Pero no fue hasta otra reunión en Graneros de Choloma que, según un contador de esa empresa que presenció los encuentros entre los narcos y los Hernández, que la alianza se afianzó. Fuentes y Sandres accedieron a dar a JOH acceso al narcolaboratorio de Cerro Negro. Uno de los testigos en el caso estadounidense contra Fuentes dijo que, en ese encuentro, Hernández también pidió apoyo para su campaña presidencial y ofreció protección del Ministerio Público, de la policía y del ejército.

Mientras Melvin Sandres y Giovanny Fuentes afianzaban su pacto, la red de testaferros, cuya traza llega hasta los asocios entre una compañía del primero y otros testaferros de los Hernández, el futuro presidente de la república se aperaba con aviones que luego volarían por las rutas aéreas de la droga y se fletarían con dineros públicos.

Todo parecía marchar bien en la alianza entre los hombres de Choloma y el clan Hernández. Y así ocurrió: el pacto, de acuerdo con los testigos en el proceso judicial contra Giovanny Fuentes, duró al menos hasta 2019. Melvin Sandres no se benefició, al final, de todo aquello: las viejas deudas con sus antiguos jefes de la banda Los Cachiros le costaron la vida. El 29 de octubre de 2013, un matón que según investigadores hondureños trabajaba para Devis Leonel Rivera Maradiaga, el jefe cachiro, asesinó a Sandres en las calles de Choloma.

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