La economía del día día de los brasileños y el olvido de los candidatos

Aunque los datos macroeconómicos son un buen indicador del futuro próximo de Brasil, la economía real, es decir la que viven los ciudadanos comunes, es otra cosa

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Imagen de archivo de una mujer poniendo su currículum en una caja cerca de un letrero que dice "vacantes" en el centro de San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)
Imagen de archivo de una mujer poniendo su currículum en una caja cerca de un letrero que dice "vacantes" en el centro de San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Aunque los datos macroeconómicos son un buen indicador del futuro próximo de Brasil, la economía real, es decir la economía que viven los ciudadanos comunes cada día, es otra cosa. Por un lado, la previsión de crecimiento de Brasil para 2022, con un PIB superior al 3%, dibuja un panorama menos negro de lo esperado, con una tasa de desempleo inferior al 9% por primera vez en siete años, y una inflación prevista para finales de 2022 del 5,5%, inferior a la de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sin embargo, por otro lado, las cifras, especialmente las de la deuda de los brasileños, son alarmantes.

Según la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Brasil (CNC), 79 de cada 100 familias están endeudadas. La mayoría de ellas han contraído deudas más que con los bancos con proveedores de servicios en general, para pagar el teléfono, Internet o los gastos del coche y la vivienda. Se trata de una cifra récord, sobre todo en lo que se refiere a la morosidad, ya que son muchos los que incumplen los plazos de pago. Es el mayor volumen desde 2010, con 68 millones de morosos, según datos de Serasa, la empresa privada que ofrece información para la toma de decisiones crediticias. La deuda total asciende a unos 289.000 millones de reales, 500 millones de dólares, de los cuales sólo el 28% se debe a los bancos y se ve acelerada por los altos intereses de alrededor del 13,75% anual fijados por el Banco Central. Que la situación sea compleja lo demuestra también el hecho de que el banco estatal Caixa Económica Federal lanzó a principios de octubre un programa de reprogramación de los pagos atrasados, tanto para particulares como para empresas, con descuentos de hasta el 90%. Sin embargo, se excluyen las deudas de la vivienda y la agroindustria.

Este escenario también explica por qué muchos brasileños recurren cada vez más a las fintech, bancos financieros que ofrecen préstamos a tasas de interés más altas. Según los datos de Serasa Experian, el volumen de crédito concedido está creciendo una media del 62,8% anual, pasando de 4.800 millones de reales, algo menos de 1.000 millones de dólares en 2016, a 55.000 millones de reales, unos 10.000 millones de dólares en 2021. En el 33,3% de los casos, según los datos de FinanZero, fintech pionera en el mercado crediticio brasileño que compara los préstamos digitales, se trata de préstamos en máxima parte para pagar deudas. Aunque el Auxilio Brasil, el subsidio de Bolsonaro para los pobres, ha sido aumentado a 600 reales, unos 110 dólares, muchas personas lo tienen cortado cuando acceden a los llamados “préstamos entregados”, es decir, los que la Caixa Económica Federal descuenta directamente del subsidio. El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) ha pedido en estas horas una medida cautelar para suspender este tipo de préstamos por considerarlos una herramienta electoral de Bolsonaro.

Lula da Silva (REUTERS/Ricardo Moraes)
Lula da Silva (REUTERS/Ricardo Moraes)

Los dos candidatos no han desvelado sus planes económicos, Luiz Inácio Lula da Silva menos que Bolsonaro, que por lo menos ha confirmado a Paulo Guedes, un apreciado alumno de la escuela de Chicago, como ministro de Economía en caso de victoria. De la deuda, sin embargo, Lula hace referencia en el breve y genérico documento gubernamental registrado, como exige la ley, en la página web del Tribunal Superior Electoral (TSE). “Hoy más que nunca”, dice el texto, “Brasil debe recuperar la esperanza en la reconstrucción y transformación de un país devastado por un proceso de destrucción que nos ha devuelto el hambre, el desempleo, la inflación, el endeudamiento y el abatimiento de las familias”. Según informaciones de su equipo de campaña, si es elegido Lula iniciará el programa “Desenrola”, es decir un nuevo plan de renegociación de la deuda no con los bancos, sino con los proveedores de servicios. A cambio, el gobierno se comprometería a crear un fondo de garantía que permita a los demandados poder negociar su deuda y al proveedor de servicios no entrar en pérdidas. El equipo económico de Lula también previó una bonificación para quienes logren pagar su deuda de una sola vez, obteniendo un descuento.

En cuanto a las deudas con los bancos, la situación es más compleja porque la propuesta de Lula prevé la liberación de los llamados depósitos obligatorios que los bancos deben mantener en el Banco Central. Esto no sólo requiere el acuerdo del Banco Central, sino que el riesgo de aumento de la inflación es cada vez mayor. Por último, Lula propone reducir los impuestos a la clase media. “Quien gane hasta 5000 mil reales (menos de 1000 dólares) ya no pagará impuestos”, escribió varias veces en Twitter, “dejemos de poner impuestos a la clase media y pongámoslos a los muy ricos”. Una propuesta copiada de Bolsonaro que, por su parte, no mencionó el tema de la deuda en su programa de gobierno presentado para las elecciones. Sólo criticó “el modelo de gestión anterior”. El “nuevo modelo” creado en su primer gobierno, se lee, “con el tiempo, batió récords en la generación de nuevos empleos”. En definitiva, Bolsonaro parece estar más interesado en activar la economía y crear nuevos empleos que en renegociar las deudas de las familias.

El problema es que hasta ahora no ha sido fácil encontrar trabajo regular para los brasileños. Según una reciente encuesta de la Confederación Nacional de Directores de Tiendas (CNDL), el tiempo medio para encontrar un trabajo fijo es de un año y medio, tres meses más que en otra encuesta realizada en 2020. Los más afectados son los más pobres, que en la mayoría de los casos han tenido poco acceso a la educación y la formación. Entre los 10 millones de desempleados actuales, hay escasez de mano de obra cualificada, que es la que más ha sufrido con la pandemia en los últimos dos años.

Jair Bolsonaro (REUTERS/Carla Carniel)
Jair Bolsonaro (REUTERS/Carla Carniel)

Esto explica que, a pesar de que el sector de bares y restaurantes ha creado más de un millón de puestos de trabajo en el último año, muchas solicitudes de empleo no encuentran personal adecuado. Décio Lemos, propietario de un popular bar de San Pablo, el Balthazar, ha invertido él mismo en la formación del personal. “Es un coste adicional”, dice, “y también puede ocurrir que nuestro empleado se vaya después de la formación. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que los trabajadores están agradecidos por esta inversión. Todos salimos ganando”. Además, el 86% de los encuestados afirma que no tenía ahorros para vivir en la época del cierre por el Covid-19. Y por eso la única salida fue el trabajo informal. Esta distopía ha hecho que, a pesar de una economía en crecimiento, Brasil haya visto aumentar las cifras de inseguridad alimentaria que actualmente afectan a 33 millones de personas.

En el fondo hay una crisis más profunda y estructural, la de la industria manufacturera brasileña, que a su vez sigue perdiendo competitividad y puestos de trabajo. Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Unido), la producción brasileña ha retrocedido del 1,31% en 2020 al 1,28% en 2021 con respecto a la producción global. Brasil fue superado incluso por Turquía y ahora ocupa el 15º lugar en la clasificación de los mayores productores industriales del mundo. “Necesitamos una estrategia nacional de comercio exterior que aborde los viejos retos de competitividad y mejore nuestras redes de acuerdos comerciales”, dijo Constanza Negri, de la Confederación Nacional de la Industria (CNI). En resumen, la excesiva burocracia, los altos impuestos y la falta de acuerdos comerciales están limitando la competitividad del país, un tema sobre el que ambos candidatos no ofrecieron propuestas ni soluciones.

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