Gobierno y oposición siguen discutiendo cómo será el nuevo proceso Constituyente en Chile: cuáles son las alternativas

Una nueva Convención con todos sus integrantes electos por voto o un consejo asesor están en debate

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Desde el sector de la Democracia Cristiana (DC) el viernes pasado se propuso un órgano de “125 miembros elegidos democráticamente". REUTERS/Iván Alvarado
Desde el sector de la Democracia Cristiana (DC) el viernes pasado se propuso un órgano de “125 miembros elegidos democráticamente". REUTERS/Iván Alvarado

Continúan las negociaciones en Chile para abrir un nuevo proceso constitucional. Ahora, la discusión se ha centrado en cómo será el organismo redactor y cuál será la labor de los expertos.

Las diferencias entre el oficialismo y sectores de oposición se expondrán en esta semana cuando se reinicie el debate constitucional. La urgencia de la discusión deberá resolver uno de los mayores problemas de este diálogo: definir si el organismo redactor será conformado en un 100% por integrantes electos por el país, y si habrá o no expertos designados por los partidos políticos.

Desde el sector de la Democracia Cristiana (DC) el viernes pasado se propuso un órgano de “125 miembros elegidos democráticamente, por sistema D’Hondt, mediante mecanismo y representación electoral a definir”. Éste tendrá un plazo de 6 meses de trabajo para entregar una propuesta constitucional y se deberán sumar 9 escaños más para los pueblos indígenas.

Sobre la labor de los expertos se propone crear un “Consejo de Expertos y Expertas (CEE), enfocado en “asesoría reglamentaria y técnica”, “conformado paritariamente por un número acotado de abogados, abogadas y cientistas políticos/as, con expertiz en diseños constitucionales y derechos fundamentales”. Este grupo estaría integrado por 25 a 30 personas que serán nombrados por los partidos políticos.

La discusión sobre los expertos es un verdadero “nudo” en Chile que no ha podido ser resuelto. Aunque su inclusión en el proceso es casi un hecho, hay sectores que plantean que estos solo debieran tener voz, mientras que otros apuestan para que tengan voz y voto.

La posibilidad que este órgano redactor sea mixto, es decir, mitad electa y mitad un comité de expertos nombrados por los partidos no es un tema de la oposición solamente, sino que incluso se ha sondeado en sectores cercanos al gobierno. “Uno a veces se enamora de sus propuestas, de sus ideas y tenemos que estar abiertos a cuáles van a ser las ideas que pueden concitar un mejor proceso, si eso es finalmente un órgano mixto lo veremos, lo importante es discutirlo”, dijo la líder del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili,

Desde la oposición cuestionaron la propuesta del oficialismo. “No me satisface nada”, dijo el diputado Francisco Undurraga, quien tuvo reparos con el número de integrantes del organismo. “Tiene que ser una cosa más acotada (…) en lo fundamental, en la representación ciudadana yo en lo personal creo que no debiesen ser más de 50 personas”.

Para el presidente de la Cámara, Raúl Soto, nada está acordado y todo sigue su proceso de negociación. “No hay ningún acuerdo, hay una propuesta del oficialismo de 134 convencionales para un órgano electo, Chile Vamos señala que debe ser un órgano mucho más acotado, más cercano a los 50. Hay también distintas posiciones sobre el rol de los expertos, para algunos deben acompañar y para otros deben ser incidentes”.

Bases constitucionales

Lo que sí está un poco mas avanzado en su acuerdo son los “bordes” o las “bases” constitucionales que debieran estar integrados en una eventual nueva propuesta.

Se ha avanzado en definir que “Chile es una república democrática” cuya soberanía radica en el pueblo, y que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”, descartando de plano la posibilidad de la “plurinacionalidad”.

Entre otros puntos que se han discutido es que “Chile es un Estado social y democrático de derechos”, y se da por hecho la existencia de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como entidades separadas e independientes.

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