Organismos judiciales internacionales advirtieron en un informe que la situación de los operadores de justicia en Guatemala, entre ellos jueces que han emitido fallos anticorrupción y contra delitos de lesa humanidad, es de absoluta vulneración de sus derechos.
Luego de realizar una visita al país y entrevistar a jueces y fiscales, la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Federación Internacional de Jueces indicaron que el Estado no está dando las condiciones necesarias para que la justicia independiente pueda ejercer su función.
“Jueces están en situación de peligro inminente, de criminalización y de innecesaria salida (del país) para cuidar su integridad física y de su familia”, denunció Adriana Orocú, jueza de Costa Rica y presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados.
Orocú dijo que se está utilizando todo el aparato institucional para criminalizar, amedrentar y amenazar a los operadores de justicia, buscando encarcelarlos o provocar sus exilios “de los que trabajan con honestidad y apego estricto a la ley”.
Se refirió específicamente a la situación del juez Miguel Ángel Gálvez, quién ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por sus fallos contra los delitos de lesa humanidad y contra la corrupción.
Gálvez fue el juez que sentó en el banquillo de los acusados al ex dictador Efraín Ríos Montt, acusado del genocidio de 1.771 indígenas ixiles durante la guerra en Guatemala (1960-1996). El ex dictador murió en abril de 2018 sin ser juzgado.
Gálvez enfrenta una petición de retiro de inmunidad solicitada por el Ministerio Público para ser investigado, luego de haber sido denunciado por una fundación de ultra derecha en Guatemala que defiende a ex militares acusados de crímenes de guerra y constantemente amenazan y hostigan al juez en redes sociales.
La fundación acusa al juez de violentar el debido proceso en cinco casos, por lo menos dos de estos no los conoció el juez.
La federación apuntó que la situación de los operadores de justicia en Guatemala se ha agudizado luego de la salida en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que desmanteló grupos de poder y del crimen organizado incrustado en Guatemala, pero también -indicó- por la llegada a la jefatura del Ministerio Público de Consuelo Porras.
Porras fue sancionada en 2021 por el gobierno de Estados Unidos que le retiró la visa de entrada a aquel país -según estableció- por obstaculizar la lucha anticorrupción y por socavar la democracia en Guatemala. El pasado mes de mayo Washington lamentó como un “paso atrás” para la democracia la reelección de la fiscal general.
“La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala”, manifestó en ese entonces el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al comentar la decisión del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
Price subrayó que como fiscal general, Porras “obstruyó y socavó en repetidas ocasiones las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar favor político indebido”.
Asimismo, señaló que “el patrón de obstrucción de Porras incluye, según consta, ordenar a fiscales del Ministerio Público de Guatemala ignorar casos con base en consideraciones políticas, y despedir a fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción”.
La Federación dijo que hay por lo menos 30 operadores de justicia que se han exiliado buscando protegerse de la criminalización en su contra.
(Con información de AP y EFE)
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