La Fiscalía uruguaya vinculó el escándalo de los pasaportes falsos con agentes de inteligencia rusa

El ex jefe de la custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, está detenido desde el pasado 26 de septiembre tras haber sido acusado de falsificar documentos para la expedición de pasaportes rusos. La fiscal del caso, Gabriela Fossati, relacionó los documentos de viaje a personas vinculadas a “poderes de inteligencia del país ruso”, según publicó El Observador.

En una audiencia desarrollada el pasado viernes, Fossati manifestó: “No hemos podido determinar todos los motivos por los cuales esta gente quería tener documentación uruguaya. Fernández (el escribano que está imputado en la causa) nos ha dado alguna información, alguna se comprueba y otra no se comprueba. Alguna es lógica, como que algunos ciudadanos querían escapar de la guerra, no para los que son anteriores del 2016 o 2017″.

“Otra explicación es que era con la intención de obtener visas a Estados Unidos o para moverse libremente por Europa. Estamos hablando de personas rusas vinculadas con poderes de inteligencia del país ruso de antes y de ahora”, confirmó la fiscal, de acuerdo a la grabación a la que tuvo acceso el periódico citado y cuya información fue dada a conocer este martes.

Luego indicó que, más allá de los motivos, con esta maniobra han accedido a documentación “cientos o miles” de ciudadanos.

El rol del escribano Álvaro Fernández y su pareja, Patricia Medina

Siguiendo a El Observador, la audiencia del pasado viernes tuvo como objetivo imputar y fijar las medidas cautelares de Patricia Medina, pareja del escribano Álvaro Fernández, preso preventivamente por esta causa. Según aseguró la fiscal, la mujer tenía un rol relevante en la organización.

Un dato importante que se desprende la la investigación es que el escribano Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev comenzaron a trabajar juntos en 2013 con el objeto de conseguirle documentos uruguayos a rusos, utilizando partidas de nacimiento rusas adulteradas.

El periódico publicó que Slivaev era quien ubicaba a los potenciales clientes y arreglaba los honorarios. Fernández, por su parte, se encargaba de ubicar uruguayos, a quienes podrían arrogarle la paternidad de los naturales rusos. En tanto, el ex custodio de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, era el nexo con algunos funcionarios públicos que permitían llevar adelante la maniobra.

La fiscal Fossati agregó en la audiencia: “El modus operandi general era buscar una referencia de trabajo o constituir una empresa unipersonal para justificar su avecinamiento (un paso necesario en el proceso)”.

“Hay una gran cantidad de expedientes que se están procesando en este momento en la Corte Electoral en los que la justificación se hacía con más rigurosidad y profundidad. También surge de esa documentación vínculos de Slivaev, Fernández y Medina como testigos o gestores”, relató.

En otro pasaje de su exposición, la fiscal subrayó que Patricia Medina figura como “adquirente” de un departamento que “habría adquirido” de Slivaev y su esposa. El escribano Fernández narró que lo había comprado en cuotas a Slivaev, luego en una segunda versión dijo que le había pedido dinero a su madrastra y que se lo había adquirido a su pareja Patricia Medina. También hubo otro departamento, que lo había comprado a nombre de la hija de Medina, consignó El Observador.

“No tiene otra explicación que no sea el origen ilícito del dinero que se obtenía de los actos”, dijo la fiscal respecto a estas compras. Fernández no tiene bienes propios y posee una deuda de 45 mil dólares con la Suprema Corte de Justicia. Por ese motivo, tiene suspendido el ejercicio de la profesión.

Por otra parte, Fossati señaló que Medina y Fernández fueron los testigos para que la esposa de Slivaev obtuviera la residencia legal en 2013.

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