A 3 años del estallido social, los chilenos sienten que casi todas las demandas de entonces permanecen pendientes

Chile cumple hoy tres años del inicio de las masivas manifestaciones que afectaron al país en octubre del 2019.

Existe tensión por los llamados a realizar protestas en diversos lugares y porque a tres años de esta fecha las demandas exigidas por la población aún están sobre la mesa esperando alguna solución.

En esa noche de octubre del 2019 fueron miles los chilenos que salieron a la calle a exigir no concretar un alza de $30 (USD 0,031) en el pasaje del transporte público. Al cabo de las horas el petitorio fue mutando en uno más amplio que abordaba temas más complejos como escribir una nueva Constitución, mejorar las pensiones, menor desigualdad, no a la corrupción, menor delincuencia, entre otras.

Sin embargo, a tres años de esta fecha, la deuda sigue pendiente. Así lo admitió el propio presidente Gabriel Boric, al manifestar que “las demandas de fondo y ese malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile a propósito del estallido es algo que sigue vigente y de lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo”.

“Esas urgencias en pensiones, esas urgencias en salud. Tenemos que ser capaces de tomarlas y hacer mejores políticas públicas, no basta con discursos grandilocuentes en esto, necesitamos ejemplos como este, como el nuevo hospital de Quillota. Creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar”, agregó.

Según la última encuesta Cadem, Chile estaría peor que en el 2019 en términos de “delincuencia (93%), violencia (90%), situación económica (75%), calidad de la política (73%), Pobreza (71%), Confianza en instituciones (68%), Imagen internacional (64%), Desigualdad (62%), Salud (49%), Educación (46%) y Pensiones (45%)”.

Proceso constitucional

La demanda por una nueva Constitución fue una de las principales exigencias de la población en octubre del 2019, y fue el camino que se optó para intentar reemplazar la Carta Magna escrita en la dictadura de Augusto Pinochet, y que actualmente está vigente.

El 15 de noviembre del 2019 la política chilena informó un “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, una propuesta que incluía plebiscitos para definir si el país quería realmente una nueva constitución y bajo qué órgano redactor.

En la votación del 25 de octubre del 2020, el 78,28% se inclinó por aprobar la idea de escribir una nueva Constitución, y el 79% de los votantes prefirió una Convención Constituyente con integrantes elegidos por la gente.

A pesar del amplio respaldo que obtuvo esta intención de cambio en sus inicios, el 4 de septiembre del 2022, a casi tres años de octubre del 2019, Chile rechazó la propuesta constitucional redactada por la Convención Constitucional y sus 154 miembros, desatando una profunda crisis política al interior del gobierno de Gabriel Boric quien había apostado por Aprobar el texto.

En la actualidad hay un hecho evidente: el tema constitucional en Chile se sigue discutiendo, lo que es una causa ganada para la población en un país que antes del 2019 no encontraba espacios de conversación ni posibilidades reales de modificación a la Carta Fundamental de Pinochet.

Hoy la discusión constitucional se sigue negociando en la política nacional, y se espera que a mediano plazo se presente un nuevo Acuerdo para intentar satisfacer esta demanda.

Pensiones

Otra demanda surgida en la noche del 18 de octubre del 2019 fue mejorar las pensiones. A diciembre de 2019, el 50% de los 984 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $ 202.000 (USD 208,06), mientras que las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensión autofinanciada menor a $ 301.000 (USD 310,03), según datos de la Fundación Sol.

A pesar que el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera anunció la Pensión Garantizada Universal, que beneficiaba a 2,5 millones de personas con un aporte máximo de $185.000 en las pensiones de todos los adultos mayores de 65 años, jubilados o no, lo cierto es que mejorar estos ingresos para una mayor calidad de vida sigue pendiente en el país.

En la actualidad, el gobierno de Gabriel Boric está programando el mejor momento para ingresar una reforma de pensiones. Se estima que en noviembre ocurra esto y la iniciativa está pensada para que tenga cambios inmediatos. “Es una reforma que esta pensada en aumentar las pensiones de forma inmediata, técnicamente sustentada, alineada con lo países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y con un sistema mixto, donde hay libertad de elección”, dijo la Vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

“Todos y todas deberían ver mejoradas sus pensiones y obviamente con mayor refuerzo hacia mujeres y personas en situación de discapacidad, que han tenido más dificultades estructurales en su vida para tener mejores pensiones”, agregó.

Economía

Mejorar la economía en Chile también fue y sigue siendo una de las demandas más importantes. Hoy es uno de los temas más complejos de manejar en el país y el que más ha afectado a la población.

La realización de las protestas en el 2019 y la llegada de la pandemia en el 2020 dejó a Chile en una posición económica compleja, con pérdidas de empleos y una baja de ingresos. Se necesitó de tres retiros de fondos pensiones y depósitos directos para apoyar a los miles de afectados, a pesar de las consecuencias que esto traería: excesiva liquidez y mayor consumo que “sobrecalentó” el sistema.

Hoy la inflación internaual está en un 13,7% mientras que los precios han aumentado en torno a un 22%. El monto de una canasta básica de una familia superó los $60.000 (USD 61,97) por primera vez en septiembre, y el 90% de sus productos han incrementado su valor.

Según el Banco Central de Chile, la economía chilena crecerá por debajo de su potencial por varios trimestres más. “En este escenario, el PIB tendrá una variación anual entre 1,75 y 2,25% este año, entre -1,5 y -0,5% en 2023 y entre 2,25 y 3,25% en 2024. Para este trienio, la proyección contempla una trayectoria del gasto fiscal coherente con lo reportado en el último Informe de Finanzas Públicas”, informó la entidad, para agregar que las personas y empresas están pagando un alto costo por la inflación.

Para el Banco Mundial, las consecuencias de la fuerte alza de los precios más la desaceleración económica del país podría generar este año un alza de la pobreza de un 10,5%. En lo que se refiere a desigualdad, este mismo organismo ha comunicado que ha disminuido en los últimos 30 años en más de 12 puntos.

Seguridad

La seguridad y la delincuencia es uno de los temas que más preocupan hoy, y también formaba parte de la diversidad de exigencias que nacieron desde octubre del 2019. Se puede decir que en los últimos años este tema se ha desbordado en el país por la llegada del crimen organizado y por el aumento de la migración ilegal.

Tan solo en el primer semestre de 2022 los números por homicidios se dispararon un 28,7% respecto en comparación al año anterior, con un total de 413 casos, según cifras de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) que fueron dadas a conocer por BioBioChile.

Además, en enero y junio de 2021 se utilizaron armas de fuego en 166 homicidios, mientras que en 256 casos en los primeros seis meses de 2022. Esto se habría visto impulsado por la llegada del crimen organizado a Chile de la mano del Tren de Aragua y otras organizaciones.

El gobierno de Gabriel Boric ha decidido afrontar este tema con un Plan Nacional de Seguridad que busca prevenir el delito, proteger y acompañar a las víctimas, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos.

Sobre la migración ilegal el mandatario se ha mostrado firme en estos últimos días al comunicar la expulsión de un grupo de ciudadanos extranjeros que agredieron a un grupo de policías, y al manifestar que “o se regularizan o se van; y si han delinquido, se tienen que ir”.

Causas de DD.HH.

Finalmente, un tema que está pendiente de solucionar es la reparación del Estado de Chile hacia las víctimas de la violencia institucional del estallido social. Según la Fiscalía Nacional, hubo 5.558 personas lesionadas y, de todas estas, 1.938 fueron personas que recibieron impactos de armas de fuego, 674 sufrieron lesiones graves y 285 tuvieron lesiones oculares.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, dijo a El Desconcierto que “de 10.813 denuncias por violaciones a los derechos humanos, solamente ha habido 16 condenas, o sea, un 0,1% de las denuncias ha tenido una sanción”, visualizando así el poco castigo que han correspondido a los responsables de estos actos.

El gobierno chileno, por medio del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha confirmado que todas las víctimas recibirán una pensión de gracia. “A todos, independiente del lugar de Chile donde eso haya ocurrido, a todos quienes vieron vulnerados sus DD.HH, y que concurrieron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que esta institución los ha calificado así, por supuesto que vamos a concurrir a cumplir con lo que la Ley de Presupuesto dice, que es entregar una pensión de gracia”.

Por lo pronto, sobre la posibilidad de amnistía para presos de causas surgidas en el estallido social, el gobierno ha confirmado que el proyecto no gozará de urgencia hasta que no haya un mayor acuerdo. “Sabemos que hay una discusión que no ha tenido los resultados esperados en el Congreso respecto al indulto. Seguiremos trabajando en el diálogo con distintos actores para que eso pueda tener una respuesta concreta”.

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