La obsesión de Nayib Bukele con el bitcoin traba el crédito del FMI para El Salvador

Siguen sin ser prometedores los vientos que soplan en torno a la negociación estancada entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional por un crédito de USD 1.4 mil millones. La delegación salvadoreña que ha llegado a Washington a las reuniones de otoño en el Fondo y el Banco Mundial no ha cumplido la tarea que las multilaterales le habían encomendado: deshacerse del Bitcoin.

Los enviados del presidente Nayib Bukele, encabezados por Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva, llegaron el miércoles 12 de octubre a Washington, donde desde el lunes anterior el FMI y el BM desarrollan sus jornadas de otoño, una de las dos ocasiones en que las multilaterales se sientan con representantes de los gobiernos del mundo en la capital estadounidense a hablar de tendencias económicas, afinar condiciones crediticias y establecer el tono del financiamiento de los países ricos al resto.

En el crepúsculo de 2022, con el invierno boreal a las puertas, el panorama mundial que pintó Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, al inicio de las jornadas fue uno de pesimismo, marcado por la crisis del petróleo, con la invasión rusa a Ucrania de fondo, la alimenticia, y la inflacionaria. Lo que viene, dijo la funcionaria, no es prometedor. Tampoco parece serlo, por ahora, el rumbo de la pequeña barca de la economía salvadoreña en ese tumultuoso océano mundial.

Entre el 28 de enero de este año, cuando el directorio del FMI advirtió en público al gobierno de Nayib Bukele por la implantación del Bitcoin como moneda de circulación legal en El Salvador, y estas reuniones de otoño, El Salvador sigue estancado en sus pláticas con el Fondo para adelantar el crédito que, según varios analistas consultado por Infobae desde entonces, son la única salida real a los problemas de liquidez e impago que enfrenta el país centroamericano.

En reuniones a lo largo del año, además, el FMI ha advertido en privado a funcionarios de Bukele sobre la dificultad de llevar a buen puerto las negociaciones sin que el gobierno salvadoreño reforme la Ley Bitcoin para quitar a la criptomoneda su calidad de “circulación legal”. La advertencia estaba anotada desde enero pasado: “Solicitaron a las autoridades disminuir al alcance de la Ley Bitcoin quitándole el estatus de moneda de circulación legal. Algunos directores también expresaron su preocupación por los riesgos asociados a la emisión de bonos amparados en Bitcoin”, escribió el directorio del FMI entonces.

Entre agosto y septiembre de 2022, el FMI se volvió a reunir con los salvadoreños. Uno de los encuentros ocurrió en Washington, y en él participó Ibrajim Bukele, hermano del presidente, según confirmaron a Infobae un funcionario multilateral y un asistente legislativo estadounidense con conocimiento de las negociaciones, y quienes hablaron desde el anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público. Ahí el Fondo reiteró a los salvadoreños que sin esa reforma las negociaciones no avanzarían. La enmienda no ha ocurrido: el Bitcoin, a pesar de haber salido de la agenda pública de Bukele tras múltiples fiascos, sigue siendo “circulación legal”.

“Sin eso resuelto no va a pasar nada con el crédito”, dijo uno de los funcionarios internacionales consultados.

También pesa, sobre la delegación salvadoreña, que Estados Unidos está prestando más atención a la situación política de El Salvador y a los señalamientos al gobierno de Bukele por violaciones a los Derechos Humanos y a la Constitución. Desde los pasillos del Congreso y de la administración Biden, funcionarios que atienden la relación con Centroamérica también han sugerido en público y en privado que Washington utilice su influencia en las multilaterales y en el ámbito comercial para presionar a San Salvador.

En agosto, por ejemplo, el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del comité de exteriores de la Cámara Alta, pidió a la administración Biden que considere retirar a El Salvador los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre con América del Norte (CAFTA en inglés) para lidiar con los “retrocesos democráticos” durante el gobierno Bukele. “Es una acción fuerte y la recomiendo”, dijo entonces Menéndez en una audiencia senatorial en la que comparó a El Salvador con la Nicaragua de Daniel Ortega.

También en septiembre, durante una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el congresista demócrata Jim McGovern cuestionó a funcionarios del Departamento de Estado sobre las posibles sanciones al gobierno de Bukele, a lo que estos contestaron que estaban “explorando” todas las herramientas legales y diplomáticas a su alcance. ¿Incluye esto la negociación con el FMI? Infobae preguntó a un funcionario estadounidense familiarizado con la situación en El Salvador: “Es una decisión política. Si la Casa Blanca toma la decisión política de utilizar la negociación con el Fondo para presionar, el Tesoro, que es el que representa a Estados Unidos en el FMI, presionará… No parece que hayan tomado esa decisión”.

De hecho, según explicó un funcionario latinoamericano multilateral, “lo que ves en el tema salvadoreño son criterios técnicos relacionados al Bitcoin, nada más, nada político”.

A principios de año, el Fondo también advirtió sobre el plan de Bukele de vender bonos soberanos, supuestamente amparados en Bitcoin y en la minería de la criptomoneda con energía volcánica salvadoreña. Como suele, el gobierno hizo una estruendosa campaña propagandística alrededor de un mecanismo llamado Bono Volcán, el cual fue a ofrecer a mercados estadounidenses y europeos, pero nadie quiso comprar.

“Incrementar la deuda pública para invertir en Bitcoin, con la expectativa de que su precio crezca continuamente… no es una solución permanente a las limitaciones financieras”, escribieron los técnicos del Fondo tras hacer una revisión de las condiciones de la economía y finanzas salvadoreñas amparados en el Artículo IV, que faculta al FMI a hacer estos reportes de los países. El Bitcoin, de hecho, nunca fue solución a nada más allá de la propaganda gubernamental.

En marzo, Bukele, su hermano Ibrajim -una especie de criptoasesor sin plaza en el gobierno- y su ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, viajaron incluso a Europa a tratar de vender el Bono Volcán para obtener fondos que sirvieran, en parte, para afrontar el vencimiento de deuda por USD 800 millones en enero de 2023. “Nadie se entusiasmó. Siempre hubo muchas más preguntas que respuestas”, dijo entonces a Infobae un asesor de Wall Street que siguió de cerca la intentona de los salvadoreños.

Zelaya también está en Washington para las reuniones de otoño, aunque la mayor parte de su agenda está enfocada en el Banco Mundial.

Tras ese fiasco, Bukele, de a poco, dejó de hablar de Bitcoin y centró su discurso en el tema de seguridad pública, el cual, tras un quiebre en el pacto de su gobierno con las pandillas MS13 y Barrio 18 y la violencia que esto ha generado, es casi el único tema del que tuitea el presidente. De Bitcoin, en realidad, no parece haber mucho de que tuitear, más allá de las pérdidas.

Desde que, en septiembre de 2021, entró en vigor la ley que dio calidad de circulación legal a la criptomoneda, el presidente salvadoreño ha comprado 2,831 de ellas; ha gastado USD 107,155,283.37 en el asunto. Hoy, por la caída imparable en el precio del Bitcoin, el valor real de esa compra es de poco más de USD 44.8 millones; es decir, en el papel, Nayib Bukele ha perdido casi USD 63 millones en su aventura.

Por hacer una comparación: el presupuesto para 2022 del fondo que el gobierno de El Salvador dedica a la mitigación y prevención de desastres naturales es de unos USD 79 millones, solo USD 16 millones más de lo que el presidente ya desbarató en Bitcoin. El dinero para desastres parece no ser suficiente: en la primera semana de octubre, el paso de la tormenta Julia por Centroamérica dejó 10 muertos en El Salvador, el país con más letalidades de la región en este evento.

La respuesta más reciente de Bukele a su estrechez financiera y falta de liquidez, ante la falta de un acuerdo con el FMI y la insistencia con el Bitcoin, fue la recompra, en septiembre, de bonos soberanos, lo cual generó, según las cifras que hizo públicas el presidente, un ahorro de USD 575 millones, muy por debajo aún de lo adeudado por el país para los vencimientos que vienen, el de 2023 y uno de 2025.

Con ese panorama, la delegación salvadoreña que patea los pasillos del FMI y el BM en estos días vino a Washington con el Bitcoin aún con la etiqueta de moneda de circulación legal, es decir, sin cumplir la condición más importante del Fondo para continuar las negociaciones.

Además de la del Bitcoin, que sigue siendo la pregunta más importante, los salvadoreños han venido a la capital estadounidense con otros dos asuntos pendientes, el de la atención del gobierno Bukele a la pandemia de Covid-19 y el del presupuesto presentado por el ministro de Hacienda Zelaya a la Asamblea Legislativa de El Salvador para el ejercicio 2023.

De acuerdo con la propaganda oficialista, la respuesta de El Salvador a la pandemia fue una de las mejores del continente americano. Un informe del Banco Mundial, publicado recién en octubre y el cual es uno de los insumos más importantes en las reuniones de otoño, contradice esa narrativa triunfal.

El señalamiento más importante, en lo que a Covid-19 toca, es la misma que se ha hecho al gobierno de Bukele en otras áreas, como la de seguridad pública: el maquillaje de cifras. Según la versión oficial, la tasa de mortalidad por Covid-19 fue menor a las 30 muertes por cada 100,000 habitantes; estimaciones del Banco Mundial, sin embargo, indican que la tasa real está arriba de las 200 muertes por cada 100,000 habitantes. Con esto, El Salvador es parte, junto a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, del grupo de países en que las muertes fueron “subregistradas por un factor de diez”, lo cual es “un posible indicador indirecto de la calidad de gestión de la crisis”. Como con el Bitcoin, la realidad alterna de la propaganda bukelista dista mucho de lo que en realidad ha ocurrido.

Y está, al final, el asunto del presupuesto nacional. Antes de que las negociaciones se estancaran, a finales de 2021, una de las observaciones de los técnicos del FMI al presupuesto que el ministro Zelaya presentó para el ejercicio fiscal 2022 es que era muy “expansivo”. Después de eso, según confirmaron dos funcionarios multilaterales familiarizados con la discusión, El Salvador presentó un nuevo plan de gastos. Haciéndose eco de una preocupación similar, el informe reciente del Banco Mundial hace, también, algunas observaciones.

El Salvador es, según el informe “Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal” del BM, el país que mayor porcentaje de su PIB despilfarró, un 6.5%, solo después de Argentina, que malgastó el 7.2% de su Producto Interno Bruto. Ese despilfarro ocurrió, según el banco, en “filtraciones en transferencias, contrataciones y masa salarial ineficiente en el sector público”.

El fracaso Bitcoin, un presupuesto nuevo que nadie conoce y uno viejo marcado por el despilfarro, observaciones sobre el maquillaje de cifras durante Covid-19 y la insistencia de un sector del Partido Demócrata a la Casa Blanca de utilizar las multilaterales como una forma de presión ante la deriva autoritaria y las violaciones a los derechos humanos atribuidos al gobierno de Nayib Bukele. Las negociaciones otoñales entre El Salvador y el FMI, marcadas por todos esos ingredientes, siguen pintando frías.

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