Un prestigioso jurista nicaragüense elogió la investigación argentina contra Daniel Ortega que “convertirá a Nicaragua en su cárcel”

Este cinco de octubre, la Justicia argentina inició una investigación penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otras personas de su círculo cercano, a quienes se les señala de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de ciudadanos que han manifestado su desacuerdo con la continuidad de su régimen que ya alcanza los 15 años.

El proceso en contra de Ortega es una iniciativa de los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota, y está siendo impulsado por el fiscal Eduardo Taiano, quien explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de “jurisdicción universal”.

Junto a Ortega y a Murillo también fueron denunciados el comisionado Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía nicaragüense; Néstor Moncada Lau, asesor privado de Ortega; general Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, Ministro de Transporte e Infraestructura; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud; y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua.

El jurista nicaragüense Uriel Pineda, consultor independiente en temas de Derechos Humanos, considera en esta entrevista que “hay un salto cualitativo” en la acusación argentina en relación a otras iniciativas que buscan cómo el dictador nicaragüense responda por los crímenes que ha cometido en Nicaragua para conservar el poder.

-¿Hay, a su criterio, suficientes méritos para acusar a Daniel Ortega de crímenes de lesa humanidad?

-Sí, sin lugar a dudas. El ejercicio de documentación hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus diferentes informes y, específicamente, el informe que sale en diciembre del 2018 elaborado por el Grupo Internacional de expertos independientes, es absolutamente claro. Ese informe acredita el contexto del crimen de lesa humanidad.

-¿Qué define al crimen de lesa humanidad?

-El crimen de lesa humanidad necesita dos elementos básicos: lo primero, es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, donde el Estado agrede a su propia población bajo un esquema de seguridad nacional. Tiene que haber una política de persecución de parte del Estado contra un grupo con identidad propia, que es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Todo asomo opositor en Nicaragua es un blanco para la represión del régimen Ortega Murillo. Y el otro elemento que tiene que tener el crimen de lesa humanidad es el resultado: si vos tenés tortura, desplazamiento forzado, asesinatos, y todas estas víctimas tienen este sentido identitario, ser oposior, entonces estás en presencia de un crimen de lesa humanidad.

-¿La amnistía que se dio en 2019 protege a Ortega y su gente de posibles enjuiciamientos?

-Bajo ninguna circunstancia. La jurisprudencia interamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha establecido un concepto que se conoce como autoamnistía, que es la que se presenta cuando el grupo agresor, el perpetrador de estas violaciones a derechos humanos y estos crímenes promueve en instancias legislativas una amnistía que finalmente les favorece. Y es lo que ocurrió en Nicaragua. La autoamnistía es incompatible con el derecho a la justicia.

-Desde el régimen de Nicaragua pueden ver como una locura la iniciativa de estos abogados argentinos.

-Sí y no. Aquí hay dos cosas: las instancias internacionales de derechos humanos respecto a la documentación y, sobre todo, el cese de la represión en Nicaragua, han sido ineficaces. Estos sistemas están diseñados para regímenes democráticos y no para dictaduras criminales como la de Nicaragua. Así de simple. Por otro lado, la comunidad internacional también ha sido ineficaz en la demanda de acceso a la justicia de las víctimas, porque hacen señalamientos, pero al régimen eso le da igual. Entonces hay un salto cualitativo en lo que está pasando en Argentina porque esta denuncia está derivando en la apertura de un proceso investigativo con la evidencia de documentación que han ejercido instancias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluso, la cobertura noticiosa. No es casual que el régimen se ensañe en los medios de comunicación, porque la cobertura noticiosa y las notas sobre las graves violaciones a derechos humanos, finalmente, son elementos a considerar por las instancias de administración de justicia a la hora de acreditar, por ejemplo, el elemento de contexto en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Aquí se está iniciando un proceso de investigación que puede retomar todos estos ejercicios de documentación. ¿Cuál es el elemento que puede hacer falta o que puede representar mayor complejidad en este ejercicio de documentación de cara a iniciar un proceso en Argentina? El contacto directo con las víctimas. Al igual que cualquier delito, tiene que haber una instancia perpetradora, un agresor, que es el régimen claramente, y tiene que haber una víctima y a esta hay que darle rostro.

-¿O sea que podríamos estar viendo a victimas nicaragüenses declarando en Argentina?

-No es que podría, es que tiene que suceder de esa manera. De otra forma no se acredita el crimen de lesa humanidad. No hay delito, no hay violación a los derechos humanos, sin víctima.

-El Estado nicaragüense ha sido requerido por la justicia argentina, pero no se ha pronunciado y posiblemente no se pronunciará. ¿Cómo puede afectar al proceso el silencio del Estado nicaragüense?

-Lo que se busca es la satisfacción de un requisito procesal. Para que prospere la jurisdicción universal hay que acreditar el clima de impunidad y que no se han realizado actos de investigación ni determinado responsabilidades contra las personas señaladas. La justicia nicaragüense debería responder porque se supone que es un poder judicial independiente. En la práctica eso no curre sino que se pliega, y no solo se pliega a la disposiciones del régimen, sino que también es un actor importante para la comisión de estos crímenes de lesa humanidad.

-¿Un proceso como este puede tener alguna consecuencia contra Daniel Ortega y resto de acusados?

Sí. Ya está iniciando el proceso, se está sustanciando, hay una investigación. Obviamente no vamos a ver a Daniel Ortega declarando en Argentina. Para que el proceso inicie, Daniel Ortega, Rosario Murillo y todos los que formen parte de esta cadena de mando que han cometido los crímenes de lesa humanidad tendrían que estar en el suelo argentino. El efecto práctico es que una vez que se concluya el proceso investigativo, va a haber un requerimiento de las autoridades argentinas sobre la extradición de Daniel Ortega, Rosario Murillo o quien resulte responsable.

-Pero, las leyes nicaragüenses no permiten la extradición de nacionales.

-Obviamente Nicaragua no reconoce la extradición de nacionales. Lo que va a ocurrir es que cualquiera de las personas que esté señalada en este proceso, si sale del país, las autoridades argentinas lo pueden requerir y existe la obligación para ese tercer país de enviárselo a Argentina para ser procesado. Esta acción emprendida en Argentina está convirtiendo a Nicaragua en una cárcel para Daniel Ortega, Rosario Murillo y los colaboradores que participaron en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad.

-¿Podríamos ver a otros países con iniciativas parecidas?

-Aquí hay un componente importante. Una configuración legal completa, una base jurídica completa, la tiene Argentina. Países como Costa Rica tendrían que hacer reformas legales para hacerlo. Se han hecho intentos en otros países, como México, que el 2010 intentó algo similar con respecto a crímenes del franquismo, pero no prosperó. Tienen que conjugarse factores legales, porque no todos los países lo permiten, y voluntad política. Hay países que lo pueden hacer, como Alemania, pero ahí el obstáculo a vencer es encontrar a los colaboradores o aliados estratégicos necesarios y, por el otro lado, conectar a esos aliados con las víctimas.

-¿Quiénes serían esos aliados estratégicos?

En el caso argentino, este par de abogados que pretenden esta acción. Es vital que entren en contacto con las víctimas y, por ejemplo, con instancias internacionales de derechos humanos como la CIDH que han documentado el tema en Nicaragua. Que haya clínicas jurídicas de universidades prestigiosas. Creo que es posible que otros países se sumen y, más que posible, es deseable.

-Esta parece ser una vía más expedita que la que se ha mencionado siempre que pasa por la ONU y la Corte Penal Internacional.

-En la Corte Penal Internacional, en estricto sentido, no tenemos vía porque no somos suscriptores del Estatuto de Roma. Solo quedan dos opciones: que el Consejo de Seguridad lo derive, y el Consejo de Seguridad tiene que aprobarlo, pero recordá que hay miembros permanentes, de los cuales forma parte Rusia, que puede vetar cualquier resolución, y en consecuencia, como Rusia es protector del régimen, nunca va a derivar el caso a la Corte Penal Internacional. La otra situación es una ruta un poco más compleja: que un segundo país afectado, como Costa Rica, por ejemplo, porque ha sido el receptor de un flujo masivo de migrantes, someta el caso a la Corte Penal. Aunque es más difícil de acreditar esta situación, podría ser la vía. Pero yo no veo voluntad política de las autoridades costarricenses en este sentido. Solo queda la jurisdicción universal, pero la jurisdicción universal tiene un elemento de coincidencia con la justicia transicional, y es que ambos necesitan que Ortega salga del poder para poderlo procesar. Para que inicie el proceso en Argentina es necesario que estén los acusados ahí, de lo contrario vamos a quedarnos en la etapa del requerimiento de extradición para procesarlo.

-¿Daniel Ortega podría ser extraditado por un tercer país aún siendo jefe de Estado?

-Sí, puede ser extraditado. ¿Cómo atrapan a Fujimori? Tras el colapso y su salida él se va a Japón y en algún momento pasa por Chile, y en Chile lo retienen teniendo inmunidad diplomática. La inmunidad diplomática no es un impedimento. Es exactamente lo mismo que pasó a Pinochet. A Pinochet lo detienen en Londres con inmunidad diplomática.

-¿Entonces sí podría iniciarse proceso siendo jefe de Estado, en el hipotético caso que un tercer país lo extraditase?

-Si. Obviamente Ortega sabe esto. El tema aquí es que Daniel Ortega no sale. Sabe que si sale a un país que no sea Cuba, Rusia o Venezuela el riesgo de que lo extraditen es altísimo. Ese escenario es poco probable. No veo a Daniel Ortega exponiéndose.

-Si Ortega dejase el poder por cualquier motivo, ¿este proceso que inicia en Argentina podría terminar, y no quedar como una incitativa política que es como se está viendo en este momento?

-Depende de cómo se den las circunstancias, porque tendría que dársele una forma legal a esto. Supongamos que mañana hay un levantamiento, que Daniel Ortega cae y que lo apresa el Ejército o un grupo de ciudadanos que rodeó El Carmen, para que enfrente esos cargos en Argentina, tendría que llevarlo a Argentina. ¿Cómo los sacás? No hay extradición de nacionales. Los más seguro que ocurra es que se fortalezca la idea de crear un mecanismo de justicia transicional y lo de Argentina quedará como un tema político. Yo creo que lo de Argentina es ahorita un tema político, pero dependiendo de cómo derive o cómo cierre el gobierno de Daniel Ortega puede convertirse en un escenario para juzgar los crímenes que ha cometido.

-¿Cuál es el valor que tendría en este contexto la acción que han emprendido estos abogados argentinos?

-Le da muchas cartas a la comunidad internacional para jugar. Por ejemplo, la comunidad internacional podría comenzar a operar para acercar a las víctimas con este equipo jurídico o pueden servir de puente para que quede lo mejor documentado posible este proceso que se está impulsando en Argentina. No esperar a que Ortega caiga. Pero mientras el no salga del poder, y mientras no se den las condiciones, que por ejemplo quede varado en un tercer país y este país asume la responsabilidad de envío a Argentina, va a quedar siempre como una intención política.

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