
Los líderes de bandas criminales tienen privilegios en las cárceles del Ecuador. Este es uno de los síntomas que demuestran la falta de control del Estado en las prisiones, que desde febrero de 2021 se han convertido en escenarios de brutales matanzas que, hasta el momento, han dejado alrededor de 400 reos asesinados.
Varios informes policiales, gubernamentales e internacionales confirman la preocupante situación de las cárceles ecuatorianas que están controladas por los cabecillas de distintos grupos criminales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de este año, emitió un documento con la evaluación del sistema penitenciario ecuatoriano, en este detalló que las prisiones están atravesadas por la corrupción y resaltó que, en lugar de funcionar como centros de rehabilitación, se han convertido en los cuarteles de operación de las pandillas carcelarias.
La CIDH ya advirtió que en las cárceles de Ecuador, “los líderes de estos grupos (bandas criminales) cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios”. Esto es parte del control que tienen los cabecillas, quienes además disfrutan de otros beneficios.
Entre los privilegios están no vestir el uniforme de presos, tener un circuito de seguridad así como ciertas comodidades en las celdas como celulares, internet, televisores e incluso poder hacer rimbombantes celebraciones. Además, las visitas de las parejas de estos cabecillas pueden extenderse por varios días.

Alias Fito, uno de los cabecillas de la megabanda Los Choneros, tiene su propia seguridad y puede vestirse como él decida y no con el uniforme naranja que usan los presos.
Además, en octubre de 2021, se conoció que la novia de Fito estuvo durante cinco días en la cárcel acompañando al cabecilla. La mujer ingresó al centro vestida como agente penitenciaria.
En el caso de Fito, el cabecilla usa a discreción su celular, da entrevistas desde la prisión e incluso dio una rueda de prensa, con transmisión en vivo desde su pabellón. De los 36 centros penitenciarios del Ecuador, apenas dos cuentan con inhibidores de señal.
Alias JR, también cabecilla de Los Choneros, celebró su cumpleaños por varios días. Recientemente, se registró una fiesta de los presos de máxima seguridad que festejaron el onomástico de JR con un show de música y fuegos artificiales. Los vecinos de la cárcel donde JR cumple sentencia por homicidio han señalado que año a año hay celebraciones de este tipo.
La fiesta se desarrolló la madrugada del 21 de septiembre en la cárcel Regional Guayas, a 423 kilómetros de Quito. Esta prisión queda al lado de la Penitenciaría del Litoral, donde se han registrado los baños de sangre más macabros del país.
En la cárcel de Latacunga, a 105 kilómetros al sur de Quito, se registró la penúltima masacre que dejó 16 muertos, incluyendo al capo Leandro Norero.
Norero, alias “el Patrón”, que estaba recluido en esa prisión mientras era investigado por crímenes relacionados al narcotráfico, también tenía privilegios. Según reportó la periodista especializada en seguridad, Karol Noroña, el capo tenía un circuito de seguridad de al menos 30 personas. Además, “paseaba libremente (por la prisión), hacía fiestas y hasta se había montado una cocina donde más de 60 personas comían, incluidos guías (penitenciarios)”, reveló Noroña.
En el informe de la CIDH ya se advirtió que hay “líderes que cuentan con un trato diferenciado y preferente por las autoridades”. Incluso estos cabecillas tendrían una estrecha relación con autoridades policiales. Alias Fito, en un especial producido por el medio La Posta, aseguró que cuando hubo una fuga de presos de la Penitenciaría del Litoral, la Policía solicitó ayuda a los cabecillas y ellos con su gente, lograron ubicar a los fugados.

Además, son los cabecillas quienes autorizan a la Policía para que realice las “raquetas”, como en las cárceles llaman a las requisas de armas y otros objetos prohibidos, según dijo Fito a La Posta.
Varios casos prueban los vínculos entre las pandillas, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden que intentan ingresar armas, municiones, dinero o droga a las cárceles. La Comisión de Pacificación, creada por el gobierno de Guillermo Lasso, informó que al menos el 10% de funcionarios que laboran en las prisiones trabajan para las bandas criminales dentro de estas.
Mientras los cabecillas tienen privilegios, los reos que ingresan a las cárceles por delitos menores o mientras esperan sus juicios deben pagar por un espacio para dormir, por alimentación, seguridad, ropa, etc., según han denunciado los familiares de los reclusos.
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