La tarde del 30 de septiembre pasado, la jueza Nalia Nadezhda Ubeda Obando, del juzgado quinto de lo penal de Managua ordenó la detención de dos trabajadoras del nicaragüense diario La Prensa, a quienes la Fiscalía acusa de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”. La víctima, según la acusación es “el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
Hasta aquí nada diferente a las cientos de acusaciones que el régimen de Daniel Ortega ha procesado contra opositores, donde el cargo más común es el llamado “traición a la patria” o “menoscabo a la integridad nacional”.
“Parece que usan el mismo machote (formato) para todas las acusaciones”, hace notar el defensor de derechos Humanos del Colectivo Nunca Más, Gonzalo Carrión.
En esta ocasión, sin embargo, la jueza Ubeda Obando giró oficio a Interpol contra las trabajadoras de La Prensa —una periodista y otra administradora— “para lo de su cargo bajo la presunción que estas han abandonado el país de Nicaragua”, según consta en el acta de audiencia preliminar.
En agosto de este mismo año, la propia Corte Suprema de Justicia de Nicaragua pidió a la Interpol capturar al empresario mexicano-nicaragüense Mario Hurtado Jiménez, por supuesto “lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos”.
La Policía intervino la empresa de préstamos Prisa, propiedad de Hurtado y mantiene ocupados sus edificios e inventario. Hurtado alega que la acción del Estado es represalia política porque abandonó el gobernante partido Frente Sandinista para ser opositor.
El régimen de Daniel Ortega se ha ensañado contra La Prensa, un diario crítico con 96 años de vida. A raíz de la rebelión de abril de 2018, bloqueó por más de un año la importación de materias primas, principalmente el papel necesario para su impresión.
El 13 de agosto de 2021, la Policía nicaragüense se tomó el edificio del diario y apresó a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, quien luego sería condenado a nueve años de prisión por el presunto delito de “lavado de dinero, bienes y activos”.
A mediados de julio de este año, dos trabajadores de La Prensa fueron encarcelados, y toda la redacción se trasladó al exilio ante la inminencia de nuevas capturas, luego que el diario informara sobre la expulsión de una orden religiosa.
La Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) tiene su sede en Lyon, Francia, donde funciona su Secretaría General. Cada uno de los 195 países suscriptores de la Interpol tiene una Oficina Central Nacional (OCN). Nicaragua es miembro de Interpol desde 1965.
Con frecuencia se piensa que Interpol es un cuerpo de policías internacionales que realizan capturas en los países miembros. Un experto explica que no es así. Interpol son las policías de cada país, que colaboran entre ellas, según los estatutos de la organización.
En febrero de este año, Daniel Ortega se reunió con el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai, sobre quien pesa una “alerta roja” de interpol, la máxima del organismo, por ser uno de los imputados por la justicia argentina del atentado con coche bomba de 1994 contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que causó 85 muertos y unos 300 heridos.
El gobierno argentino reclamó que Interpol no detuviera al iraní, quien asistió como invitado especial de Ortega a su toma de posesión.
Ahora, por primera vez, el régimen de Ortega pretende perseguir a periodistas en el exilio a través de la Interpol, algo que para el abogado Gonzalo Carrión “es solo el aumento de la saña y busca meter miedo” entre los opositores que han buscado protección en el exilio.
“En el caso de asilo o refugio, los exiliados están bajo protección internacional, y no procede ni su localización, ni su detención o su la entrega por muy san Interpol que lo haya circulado”, dice el defensor de derechos humanos.
“La decisión de la juez de ordenar capturas tiene una motivación eminente política e Interpol no puede estar sujeta a esas decisiones. Si las circulan sería un precedente realmente bochornoso porque sería una acción política y desnaturalizaría la función que tiene Interpol de de búsqueda de personas realmente peligrosas”, añade.
La experta en seguridad, doctora Elvira Cuadra, dice que hay “mitos” sobre la Interpol y recuerda que los estatutos de la organización prohíben involucrarse en asuntos de naturaleza política.
“Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”, establece el artículo 3 de los estatutos de la organización policial internacional.
La página oficial de Interpol aclara cuáles son las alertas que publica. “La Secretaría General solo puede publicar una notificación que reúna todas las condiciones jurídicas debidas. Por ejemplo, no se puede publicar una notificación que infrinja el artículo 3 del Estatuto de la Organización, el cual prohíbe a esta toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.
Carrión señala que hasta ahora no se conoce de ningún caso en el que Interpol haya intervenido en la búsqueda de un perseguido político nicaragüense, pero reconoce que el régimen logra crear zozobra entre el exilio cuando anuncia acciones de ese tipo, aunque la organización policial no les haga caso.
Especial cuidado recomienda para aquellos perseguidos políticos que viajan a Estados Unidos sin la condición protectora de “asilo” o “refugio” que podrían ser investigados por los países que pasan.
“Para los que están en condición de asilo o de refugio existe el principio internacional de no devolución, que es un derecho a favor de la persona perseguida. El Estado no está obligado a entregar a esa persona porque está bajo protección del país”, dice.
Luciano García, presidente del organismo opositor Hagamos Democracia, dice que en 2018 el régimen nicaragüense solicitó una alerta en su contra, que lo obligó a evitar viajar por países que podrían ser amigos o cómplices de Ortega. Cree que la alerta desapareció tras la amnistía de 2019.
Interpol tiene un sistema de notificaciones que van desde la “alerta roja” que es de “búsqueda y captura” hasta “alertas naranjas” que “sirven para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un procedimiento que supongan una amenaza y un peligro inminentes para personas o bienes”.
A pesar de la improbabilidad de que Interpol coopere con Daniel Ortega en la búsqueda de perseguidos políticos, la socióloga Elvira Cuadra considera que una “alerta” puede complicarle la vida al exiliado. “Les complica la vida porque significa que esa persona es, al menos, sujeto de investigación en otros países miembros de Interpol. Dependiendo del tipo de alerta incluso podría ser detenida”.
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