Los expertos del Subcomité para la Prevención de Tortura de las Naciones Unidas visitaron Ecuador y expresaron su preocupación sobre la crisis carcelaria que vive el país andino. La delegación exhortó al Estado a tomar medidas inmediatas y adicionales que permitan retomar el control de las prisiones y garantizar los derechos humanos de los reclusos.
El pronunciamiento de los expertos de la ONU se dio luego de las dos jornadas de violencia registradas esta semana en la cárcel de Latacunga, a 100 kilómetros de Quito, y en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Esta última es la cárcel más violenta del país. Los enfrentamientos han dejado al menos 21 presos muertos y 66 heridos. Con esto, el número de reos asesinados en las matanzas en las prisiones desde el 2021 asciende a casi 500, según los datos oficiales.
La delegación del Subcomité para la Prevención de Tortura (SPT) estuvo compuesta por María Luisa Romero, de Panamá, como jefa de delegación, por María Andrea Casamento, de Argentina, por Marco Feoli, de Costa Rica, y por Patricia Arias, de Chile.
El SPT está compuesto por 25 miembros independientes e imparciales que son expertos independientes en derechos humanos de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados Partes.
María Luisa Romero, que lideró la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, dijo que están “profundamente preocupados por la grave situación en varios centros de detención y prisiones en Ecuador”. Romero señaló que la violencia en las prisiones es el resultado de varias décadas de abandono estatal: “Los detenidos han vivido en un estado de tensión y constante temor, en prisiones carentes de servicios esenciales y recursos básicos. Algunos espacios de estas prisiones son autogestionados por detenidos que son miembros de organizaciones criminales”, agregó.
Desde el 25 de septiembre, la delegación llegó a Ecuador y su misión culminó el 1 de octubre. Sin embargo, se conoció sobre sus declaraciones este jueves, luego de las jornadas violentas registradas en dos cárceles del país. Como parte de su visita, los expertos visitaron nueve cárceles de tres ciudades del país.
Romero resaltó el apoyo de las autoridades para cumplir su tarea, pues les “concedieron acceso sin restricciones a lugares de detención y a personas privadas de libertad, y nos dieron la oportunidad de mantener un diálogo constructivo e ininterrumpido con diversos actores” y autoridades gubernamentales. Sin embargo, la experta aseveró que “hay medidas que deben adoptarse, y proporcionaremos más recomendaciones al Estado parte en nuestro informe”.
En un comunicado publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se detalla que existe un “autogobierno” en las cárceles del país que “ha llevado a violaciones de derechos y presenta retos a los esfuerzos del Ecuador para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
Según se informó en la comunicación del Alto Comisionado, el Subcomité compartirá con el Estado su informe y este permanecerá bajo reserva hasta que el gobierno decida publicarlo.
En marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio lineamientos a Ecuador para que supere la crisis en el sistema carcelario. De acuerdo con la CIDH, el Estado debe recuperar el control de las cárceles y desarrollar una política enfocada en la prevención del delito y no en el endurecimiento de las penas cuya sanción es la cárcel.
La Comisión reconoció que las prisiones ecuatorianas están en manos de bandas criminales. Además, el Estado ecuatoriano reconoció que no tiene control de lo que sucede al interior de los Centros de Rehabilitación, que se han convertido en los cuarteles de operación de las pandillas carcelarias. En las cárceles de Ecuador, “los líderes de estos grupos (bandas criminales) cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios”.
La CIDH elaboró su informe con base en la visita que realizó a Ecuador entre el 1 y el 3 de diciembre de 2021. La visita estuvo liderada por el Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, Comisionado Stuardo Ralon, junto a Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva, María Claudia Pulido, Secretaria Adjunta de Monitoreo y Cooperación Técnica, y equipo técnico. En el documento se aborda la preocupación por la falta de controles y por la corrupción dentro de los reclusorios: “la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado en que en la práctica, el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas”.
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