El presidente Luis Arce debe cambiar a dos de sus ministros porque lo exige Evo Morales, su tutor, que ha decidido ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2025, salvo que la crisis las adelantara.
Por el momento, Arce sólo ha respondido dando luz verde a la autoridad electoral para que elimine los factores de fraude, que pondría al partido de ambos, el MAS, en riesgo de no ganar, quienquiera que fuera su candidato.
Un “ampliado” del MAS, reunido en Cochabamba por Morales, pero sin la presencia del presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, terminó exigiendo que los ministros de Gobierno, Eduardo Castillo, y de Justicia, Iván Lima, porque estarían trabajando para la “derecha” y el “imperio”.
Al mismo tiempo, la diputada Lissa Claros, de la corriente de Morales, denunció que los hijos del presidente Arce están tomando decisiones para la explotación del litio en Uyuni, para favorecer a una empresa de Estados Unidos.
Los choques entre Arce y Morales han bajado los decibeles. Ya no se acusan mutuamente de ser aliados del narcotráfico ni corruptos, porque están mirando, ambos frentes, a las elecciones de 2025.
Taimado, el vicepresidente, el aimara David Choquehuanca, apenas se limita a proponer una “renovación” generacional en la dirección del MAS, provocando la furia de Morales, quien tendría que jubilarse, de acuerdo a la corriente renovadora.
Choquehuanca es el verdadero rival de Morales, dicen los militantes de base del masismo, porque ese partido no podrá postular jamás a un mestizo a la presidencia, lo que descartaría a Arce, que aspira a la reelección.

Por lo tanto, si Arce optara ahora por dimitir, como respuesta al ultimátum de Morales, estaría dejando en la presidencia al aimara que aspiraba, ya en 2020, a ser el candidato del MAS, pero el cocalero lo descartó desde Buenos Aires y optó por el actual presidente.
Entonces, una eventual renuncia de Arce sería el peor dolor de cabeza para Morales porque dejaría a Choquehuanca en la presidencia, salvo que el cocalero exigiera, en ese caso, un adelantamiento de las elecciones.
La disputa por la dirección del MAS se ha puesto muy tensa, pero la posibilidad de que el esquema del fraude, implantado en el sistema electoral, fuera eliminado, podría llevar a la debacle de ese partido.
El ex vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista, que renunció por las presiones de Morales, repite que si aquel esquema de fraude se mantuviera intacto, el MAS tendría garantizado no perder jamás una elección.
El anuncio del TSE de iniciar una revisión de padrón electoral vigente desde 2009 amenaza la permanencia del esquema de fraude porque aquel año una misión de venezolanos tomó a su cargo la inscripción de nuevos votantes.
La prensa informó en septiembre de ese año que los venezolanos habían logrado una hazaña, porque en solamente once días consiguieron incrementar el número de votantes de Bolivia en 1.200.000 personas.
Ese detalle, dice el opositor José Carlos Sánchez, explica por qué el MAS logró acercarse a la mayoría absoluta en las elecciones de 2019, cuando Morales terminó renunciando ante las denuncias de la OEA. Y también explica, dice Sánchez, el que Arce haya obtenido 55% de los votos en 2020.
El MAS se opone a que se realice un censo nacional el próximo año porque, según dicen dirigentes cívicos de Santa Cruz, llevaría comprobar que en Bolivia hay más votantes que habitantes.
Mientras el MAS se debate en sus problemas de la cúpula, Santa Cruz encabeza una corriente nacional para exigir que el censo se haga en 2023, con el mensaje de “si no hay censo, hay fraude”.
El gobierno asegura que no es posible hacer el censo en 2023, aunque lo había programado para este año. Lo quiere hacer en 2024, lo que abre la posibilidad de que sus resultados finales no se conozcan antes de las elecciones de 2025.
El MAS se está jugando la vida en estos días.
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