Cómo Nayib Bukele logró bloquear la extradición de un jefe pandillero a Estados Unidos y mantener en pie su pacto con la MS13

Rodolfo Delgado, el fiscal general leal al presidente Nayib Bukele, es una de las piezas más importantes en los planes del presidente salvadoreño para afianzar la alianza que su gobierno armó con las pandillas MS13 y Barrio 18 y, a la vez, para mantener lejos de los tribunales a funcionarios del oficialismo señalados por corrupción y otros crímenes.

A última hora, la fiscalía de Delgado acudió a un vericueto jurídico para blindar de la extradición a Estados Unidos a Eliú Melgar Díaz, alias “Blue” y uno de los jefes de la temida MS13, la pandilla internacional que nació en Los Ángeles, California, en los años 90 y creció en varios países centroamericanos, sobre todo en El Salvador. La intervención oportuna de Delgado dio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por Bukele, una nueva excusa para no enviar a Blue a una corte de Virginia que lo reclama por tres asesinatos cometidos en Estados Unidos.

El pasado 29 de septiembre, un día antes de que venciera el plazo legal, en una sesión de corte plena trece de quince magistrados de la CSJ decidieron negar la extradición, según reportó la periodista salvadoreña Jessica Ávalos. Para argumentar esa decisión, la Corte contó con una oportuna intervención de la fiscalía y de un tribunal inferior que, dos días antes, el 27 de septiembre, decidió que el Blue debía de responder en El Salvador por un asesinato que, hasta entonces, no le habían imputado.

En corto: la fiscalía de Rodolfo Delgado pidió al tribunal que quitara al líder pandillero la condición de testigo criteriado -como se llama en la jerga judicial salvadoreña a los criminales que dan testimonio que sirve como prueba contra otras personas- y lo convirtieran en acusado.

“Es difícil de comprender porque hubo un cambio en la aplicación del criterio de oportunidad. Todo está bien raro en ese caso”, dijo a Infobae el abogado penalista Oswaldo Feuiser sobre la medida que usó la fiscalía y que sirvió a la CSJ su decisión de no extraditar al Blue.

Atribuyéndole otro crimen por el que responder en El Salvador, el cual no le había sido atribuido sino hasta dos días antes de que venciera el plazo para la extradición, Delgado evitó que Blue fuera a Estados Unidos, donde agencias de aplicación de la ley y al menos una corte en Nueva York mantienen abiertas investigaciones contra funcionarios de Bukele a los que acusa de negociar con los líderes pandilleros gobernabilidad a cambio de beneficios económicos y, precisamente, de no extraditarlos. No es la primera vez que el fiscal general Delgado aboga por el Blue y otros líderes de la MS13.

Fue el fiscal Zachary Terwilliger, del distrito este del estado de Virginia, el que pidió la extradición de Melgar Díaz, el Blue, el 5 de mayo de 2020, para que respondiera por tres asesinatos que había ordenado a otros pandilleros cometer en Texas y en la costa este de los Estados Unidos. Una de las víctimas es Nayeli Guzmán, una niña que no había cumplido 14 años cuando fue descuartizada por órdenes del Blue.

La lógica del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en estos casos es acusar a los jefes de la MS13 a quienes atribuyen el liderazgo para ordenar ejecuciones en suelo estadounidense desde las cárceles de El Salvador, como es el caso del Blue. Además de la de Melgar Díaz, DOJ solicitó en enero del año pasado la extradición de 14 líderes de la MS13, miembros de la llamada ranfla nacional, que es como se conoce al grupo que lidera la pandilla.

Pero, a través de sus operadores en el Órgano Judicial, con el fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema a la cabeza, el gobierno de Nayib Bukele se ha asegurado de que eso no pase.

La primera intervención del fiscal general Delgado en favor del Blue ocurrió en noviembre de 2021, cuando pidió a los magistrados de la CSJ, por escrito, que no extraditaran al líder pandillero. La ley salvadoreña manda, en procesos de extradición, a escuchar la opinión de la Fiscalía General y, en el caso de Melgar Díaz, Delgado dijo que no había garantías de que Estados Unidos respetara las garantías constitucionales del pandillero si este era enviado a una corte en aquel país.

Cuando firmó aquel escrito, Delgado lo hizo sabiendo que mentía. Al asumir como fiscal general el primero de mayo de 2021, luego de un proceso de selección irregular del Congreso leal a Bukele, Delgado sabía que su antecesor en el cargo, el fiscal Raúl Melara, había obtenido ya el compromiso de fiscales y jueces estadounidenses de que no se aplicaría la pena de muerte ni castigos superiores a los permitidos por la ley salvadoreña en caso de que los líderes pandilleros fuesen extraditados. Media docena de oficiales estadounidenses y salvadoreños al tanto de estos procesos han confirmado a Infobae este compromiso adquirido por Estados Unidos.

El partido de Nayib Bukele ganó supermayoría en la Asamblea Legislativa de El Salvador en las elecciones de febrero de 2021. El primero de mayo de ese año, la bancada del presidente tomó posesión y empezó la legislatura con una movida que, visto lo que siguió, resultaría esencial para el camino político del presidente: la imposición de Delgado como fiscal general y la sustitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

Delgado y los magistrados del Supremo permitieron mantener vivo el pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18 que el gobierno de Bukele hizo desde que empezó su mandato presidencial, y que había empezado a gestionar cuando fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018. Fiscales e investigadores estadounidenses han confirmado ese pacto, e incluso han iniciado acciones administrativas y judiciales con las pruebas que han recogido sobre el acuerdo a lo largo de varios años de investigación.

Por el pacto, un tribunal federal en Nueva York tiene lista una acusación formal contra dos funcionarios cercanos a Bukele, su jefe de prisiones y un secretario de la presidencia. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro también sancionó a esos funcionarios por haber llevado adelante los tratos con las pandillas “en nombre del presidente”.

Uno de esos funcionarios, el secretario presidencial Carlos Marroquín ayudó a escapar de prisión a otro de los líderes de la MS13 solicitados por Estados Unidos, este de nombre Elmer Rivera Canales, alias el Crook. Según el mismo Marroquín confesó a otro pandillero en un audio telefónico publicado en mayo pasado, él sacó al Crook de una prisión salvadoreña y lo llevó hasta Guatemala en un intento por evitar la extradición.

En otro caso, la administración de Bukele, su policía y su fiscal general, no hicieron nada por detener a Humberto Rivera Luna, alias Viejo Santos, otro miembro del liderazgo de la MS13 solicitado por Washington que huyó también a Guatemala, donde sí fue capturado y espera una audiencia de extradición.

El 27 de marzo de 2022, luego de una seria fractura en el pacto, las pandillas ejecutaron una matanza que costó la vida a 87 salvadoreños en 72 horas. La fractura, según oficiales de la Policía Nacional Civil consultados entonces por Infobae, tuvo como trasfondo la falta de cumplimiento del gobierno en algunos puntos, como el económico, y el intento del gobierno de quitar protección a algunos líderes de la MS13, así como por pleitos internos entre las clicas o células de la pandilla motivadas en parte por la complicidad del gobierno con algunas de esas clicas implicadas en el narcotráfico, sobre todo en el occidente del país.

A partir de entonces, Bukele, su fiscal, su gabinete de seguridad, sus tribunales y su Asamblea Legislativa han mantenido al país bajo un régimen de excepción que restringe garantías de defensa, debido proceso y de libre expresión a sus conciudadanos, durante el cual otros 80 salvadoreños han muerto en las cárceles del gobierno. La propaganda oficial, mientras, alega que El Salvador es el país más seguro del continente y promociona una baja inusitada de homicidios que, por las restricciones en el acceso a la información pública, resulta imposible corroborar.

El último golpe de efecto presidencial en el tema pandillero ocurrió el 2 de octubre pasado, cuando Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados para cercar Comasagua, un pequeño pueblo cafetero en las montañas que circundan la capital, para, se supone, asfixiar a una clica de la MS13. En las primeras horas del operativo, la tropa solo había capturado a seis supuestos pandilleros.

Dos días antes de ese despliegue había vencido el plazo para la extradición del Blue a Estados Unidos, pero ya el fiscal general Rodolfo Delgado se había asegurado, una vez más, de que el líder de la MS13 no viaje a Estados Unidos, donde agentes del gobierno de ese país ha confirmado que puede servir como testigos en los procesos abiertos a funcionarios de Bukele por el pacto pandillero.

Además de proteger a líderes pandilleros, desde que fue nombrado en 2021, el fiscal general Delgado ha enterrado investigaciones que implican a funcionarios de Bukele, incluida una por evasión de impuestos atribuida al presidente, otras contra los mismos funcionarios señalados de llevar adelante el pacto con la MS13 y el Barrio 18, y las que estaban abiertas en la Fiscalía General sobre el esquema de lavado de dinero del petróleo venezolano a través del consorcio Alba Petróleos, con el que están implicados Bukele y varios de sus funcionarios, incluido el mismo fiscal general.

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