La dictadura de Nicaragua acusó de conspirar a cuatro trabajadores del diario La Prensa, incluida a la periodista y al conductor asignados a cubrir la expulsión del país de 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, en julio pasado, informó este martes el Poder Judicial.
Los cuatro empleados de La Prensa fueron acusados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, según la causa divulgada por el sistema de internet del Poder Judicial.
La acusación fue presentada por la fiscal auxiliar Heydi Estela Ramírez Olivas ante la titular del juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Nalia Nadezha Úbeda Obando, quien las admitió durante la audiencia preliminar celebrada el viernes pasado.
Los acusados son una periodista, una asistente de administración y dos conductores del diario. Úbeda Obando decretó prisión preventiva para los dos chóferes, que se encuentran detenidos desde julio pasado.
La jueza también giró orden de detención en sus viviendas o en cualquier lugar donde se encuentren a la periodista y a la asistente administrativa de La Prensa.
Asimismo, emitió un auto y oficio dirigido a la comisionada mayor Martha Martínez Ramos, jefa de la dirección Interpol de Nicaragua, para la circulación a nivel internacional de las dos acusadas “a fin de garantizar la ejecución de su detención”.
En la acusación, la fiscal auxiliar señaló a los cuatro empleados de La Prensa de haber violado el artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos, referido a la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Ese artículo establece que quien produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión y 300 a 500 días multa.
Si perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y 150 a 300 días multa; y si incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y 500 a 800 días multa.
La fiscal dijo que la Policía Nacional continúa realizando actos de investigación “con el objetivo de identificar todas las actividades ilícitas y a todos los miembros de la organización delictiva, además, se está a la espera de la conclusión del informe de redes sociales y otros actos de investigación”.
Por su lado, los defensores públicos asignados por la jueza para representar a los chóferes pidieron a la judicial no admitir la acusación porque los conductores están a cargo de movilizar personas y no crear contenido.
Además, pidieron no ha lugar a la acusación porque la misma no detalla qué redes sociales utilizaban supuestamente para difundir noticias falsas, tampoco qué tipo de noticias eran.
La jueza no admitió la petición de la defensa y programó la audiencia inicial para el próximo 13 de octubre a las 14.00 hora local (20.00 GMT).
El pasado 23 de agosto, la dictadura de Daniel Ortega entregó al estatal Instituto Nacional Tecnológico el edificio propiedad de La Prensa, valorado en cerca de 10 millones de dólares, para construir un centro cultural.
Las instalaciones de La Prensa fueron tomadas a la fuerza por la Policía Nacional el 13 de agosto de 2021, cuando el régimen nicaragüenses alegó que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”.
Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, sobrino político de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) -quien venció a Ortega en las elecciones de 1990-, fue condenado el 31 de marzo pasado a nueve años de prisión por el delito de “lavado de dinero”.
El personal de redacción de La Prensa, que ahora solo se publica de forma digital, se vio forzado a exiliarse en julio pasado tras el arresto de dos empleados que ahora han sido acusados.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
(Con información de EFE)
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