Luego de varias semanas con el caso del narcotraficante Sebastián Marset y las irregularidades en el uso del Hospital Policial como temas centrales, Uruguay parecía de a poco volver a la estabilidad. Sin embargo, la imputación del ex jefe de seguridad de Luis Lacalle Pou por integrar una red de falsificación de documentos a ciudadanos rusos encendió nuevas alarmas y dio inicio a un caso que, en menos de una semana, atrajo la atención de millones y reveló varias incógnitas que ya fueron resueltas y otras que aún quedan por resolver.
El presidente uruguayo recién había vuelto de disfrutar con sus hijos las vacaciones de primavera en el exterior cuando tomó contacto con la noticia: el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, iba a ser detenido y quedaría incomunicado por estar presuntamente implicado en una causa que indaga una red de falsificación de documentos para ciudadanos rusos.
Menos de una semana después, Astesiano fue procesado con prisión preventiva por 30 días y se descubrió que la banda se reunía en la sede de Gobierno en Montevideo, que se modificaron documentos para que Lacalle Pou no estuviera al tanto de los antecedentes de su ex custodio y que hay varios funcionarios implicados en la maniobra. Según fiscalía, podrían ser miles los documentos falsificados por la banda uruguayo-rusa.
¿Cómo actuaba la banda criminal?
Según se supo, la red de falsificación contaba con varias etapas, algunas de ellas coordinadas en el cuarto piso de la sede de Gobierno, lugar en el cual Astesiano tenía su oficina.
Todo comenzaba con una persona que reclutaba a ciudadanos rusos en busca de la ciudadanía uruguaya. Una vez en contacto, estos solicitaban sus partidas de nacimiento en Rusia y se las entregaban a un integrante de la banda de Astesiano.
Cuando la partida de nacimiento ya estaba en tierras uruguayas, un escribano y un traductor agregaban al documento el nombre de un supuesto pariente uruguayo difunto, que habilitaría al ruso a obtener la ciudadanía uruguaya.
Luego de eso, eran inscriptos en el Registro Civil para obtener una partida de nacimiento con las exigencias del país sudamericano que les permitiera acceder a tener cédula y pasaporte uruguayos por ser hijos o nietos de ciudadanos de ese país.
Los rusos que pagaban por obtener sus partidas de nacimiento falsificadas decían que venían a trabajar en megaobras uruguayas, como UPM. De esa forma, desde la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) se aceleraba el proceso para no perder a esos funcionarios.
El rol de Astesiano era el de ofrecer contactos con funcionarios ubicados en puestos estratégicos, pero no actuaba solo. Además del ex custodio de Lacalle Pou, fueron imputados el escribano encargado de gestionar las partidas de nacimiento (Álvaro Fernández) y dos rusos que ejercían como reclutadores de interesados, traductores y cobradores del monto a pagar por la falsificación. Según Fiscalía, podían llegar a cobrar hasta USD 10.000 por un pasaporte uruguayo.
El escribano estaba inhabilitado para ejercer la profesión desde marzo de este año, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Astesiano, por su parte, borró todos los mensajes que tenía con Fernández, según dijo la fiscal Gabriela Fossati en la audiencia de formalización e informó MVD Noticias.
La Fiscalía maneja distintas posibilidades respecto a los motivos por los cuáles ciudadanos rusos estarían interesados en acceder a documentos uruguayos. Una de las sospechas es que fueran utilizados para ingresar a Europa y vincularse a bandas criminales; otra es que se lavara dinero a través de la apertura de cuentas en bancos uruguayos.
¿Cómo los detectaron?
“Las imputaciones se alcanzaron luego de un trabajo de dos años, que permitió identificarlos como partícipes de una actividad de ‘gestión’ y ‘obtención de documentación’ para adulterar documentación extranjera”, dijo la fiscal Fossati.
Una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos despertó las alarmas en Uruguay.
Según se supo, el Director del Departamento de Cédula de Identidad de la DNIC, el comisario mayor Juan Esteban Martínez solicitó varias veces al director del organismo, José Luis Rondán Godoy, que se fortaleciera la normativa que aplica a la expedición de pasaportes uruguayos a extranjeros.
Sin embargo, lo que permitió un gran avance en la investigación fue la detención de Roman Karpov, un ruso de 46 años que buscaba obtener la ciudadanía uruguaya. Al detectarse algunas irregularidades en su partida de nacimiento, Policía se comunicó con los verdaderos hijos del uruguayo del que Karpov aseguraba ser hijo, quienes aseguraron no tener familiares rusos.
Con el hombre detenido, se solicitó la detención de la traductora que lo había acompañado a realizar el trámite y del escribano Fernández. A través de este último fue que se pudo detectar el involucramiento del ex custodio de Presidencia, Alejandro Astesiano.
Las palabras del presidente y la aparición de nuevos antecedentes penales
Ante la detención del jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa en la que aseguró estar “sorprendido” por la situación y negó que Astesiano tuviera antecedentes penales.
Asimismo, remarcó desconocer los delitos por los que el hombre estaba siendo investigado: “Ya saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos. Si hubiera tenido un indicio no le hubiera entregado lo más preciado que tengo, que es mi familia”.
Sin embargo, sus antecedentes no eran del todo desconocidos. En 2020 la ficha del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) de Astesiano fue tapa del semanario Caras y Caretas, en la que aparecían decenas de indagatorias por daño, estafa, hurto, apropiación indebida y un antecedente penal de 2002, cuando el hombre fue procesado sin prisión. Esta información fue retomada por Informativo Sarandí y La Diaria en 2021. A pesar de ello, estaba incompleta.
24 horas después de ser detenido, Astesiano reconoció tener antecedentes penales y La Diaria informó un día después que el hombre fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa en marzo de 2013 y estuvo varios meses en la Unidad 12 Las Rosas (Maldonado).
En 2014 fue condenado a 18 meses de penitenciaría por la causa, pero se descontó el tiempo que estuvo en prisión preventiva y se realizó una suspensión condicional de proceso. El ex custodio del presidente uruguayo estafaba a personas alquilando casas ubicadas supuestamente en Punta del Este que no existían. Lo hacía por internet, cobraba la seña y no daba más señales.
La ficha del SGSP del 26 de setiembre de 2022 muestra que Astesiano tiene 31 indagatorias e incluye antecedentes penales, algo distinto a lo presentado en las anteriores fichas del hombre.
Presidencia denunció que la información fue ocultada al presidente, quien accedió en reiteradas ocasiones a su legajo pero nunca aparecieron los antecedentes.
“Yo no les miento, yo les digo la verdad. Me puedo equivocar, pero no miento. Cuando dije que no había antecedentes las dos veces que se me dio la información, dije la verdad”, dijo Lacalle Pou este viernes en rueda de prensa.
Investigaciones de urgencia y una nueva destitución
Desde Interior se emitió un comunicado informando que “sorpresivamente” en la ficha actual de Astesiano figura un antecedente que no estaba cuando en 2020 y 2021 Lacalle Pou accedió a su ficha personal. “Frente a esta anomalía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dispuso una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para establecer quién o quiénes alteraron la información”.
En el marco de esta investigación se separó del cargo a un director de la Policía, quien presuntamente no informó sobre los antecedentes penales del jefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou. Se trata del director de Identificación Criminal, el comisario mayor Gonzalo Vázquez, quien corrigió información de un expediente y no informó a sus superiores, así dándole “información falsa” al presidente de la República.
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por su parte, también ordenó una investigación administrativo luego de que El País informara que dos funcionarias del Registro Civil eran parte de la maniobra delictiva.
¿Qué delitos se le imputaron a Alejandro Astesiano?
El jefe de seguridad del presidente uruguayo fue imputado este martes por un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor, en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias.
Tras su imputación, Astesiano pidió no ser derivado al mismo lugar en el que se encuentran dos delincuentes que le robaron la moto a su hijo y con quienes el ex custodio se enfrentó en julio de este año. Ambos están en prisión preventiva.
La fiscal Fossati dio lugar a lo solicitado por Astesiano porque, “si bien no es un funcionario público”, es necesario considerar el “lugar estratégico” que tenía al cuidar al presidente de la República.
Su vínculo con el presidente
Lacalle Pou y Astesiano se conocieron en el año 1999, cuando trabajaba para el candidato a vicepresidente Sergio Abreu. Abreu era parte de la fórmula del Partido Nacional lideraba por el padre de Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Herrera.
Astesiano fue seguridad de los blancos entre 2014 y 2019, custodio del actual presidente durante la campaña electoral y elegido por Lacalle Pou como jefe del Servicio de Seguridad Presidencia durante su mandato. Antes trabajó en Jefatura, en Investigaciones y en la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Las responsabilidades de Astesiano como jefe de seguridad eran varias, entre ellas la de asegurar la seguridad interna de la sede de Gobierno, de la residencia presidencial, de la Estancia Anchorena y todo lugar en el que estuviera Luis Lacalle Pou. Además, era quien se encargaba de cuidar la seguridad de los jefes de Estado de gobiernos extranjeros que visitaban Uruguay, así como también de sus familias y otras figuras que estuvieran en tierras uruguayas.
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