Disparen contra Gálvez: la campaña para destituir al juez guatemalteco que sentó en el banquillo a genocidas y corruptos

Ha sido una operación de filigrana. El objetivo final era mandar al limbo judicial el proceso por el caso que en Guatemala se conoce como Diario Militar contra expolicías y exmilitares acusados de desaparecer a 195 opositores entre 1983 y 1985. ¿Cómo? Haciendo imposible la vida de Miguel Ángel Gálvez, el juez especializado que ha hecho avanzar el proceso a contracorriente en un sistema de justicia permeado por la corrupción y dominado por fuerzas ultraconservadoras.

El 6 de mayo pasado, Gálvez terminó de leer una resolución, tras conocer las pruebas contra los 15 acusados en el caso Diario Militar, en la que dictó enviar a juicio oral y público a nueve de ellos. El mismo día, el director de una fundación privada que ha apoyado a militares en varios casos de justicia transicional en Guatemala prometió ver al juez “preso o exiliado”.

“El caso del Diario Militar… es el más reciente de los procesos penales de justicia de transición que iniciaron en Guatemala tres años antes de la firma de la paz (en 1996) y en los que se ha juzgado a militares, exparamilitares, y policías por graves violaciones de derechos humanos durante la guerra”, escribió el periodista guatemalteco Javier De León, uno de los que con más profundidad ha reseñado el caso.

Los ataques al juez Gálvez habían empezado antes de la resolución en el proceso Diario Militar.

En 2021, Gálvez envió a juicio a los generales retirados Benedicto Lucas García y Manuel Callejas, acusados de genocidio por los asesinatos de 1,713 indígenas Maya Ixil en los años 80, durante el conflicto armado interno de Guatemala. En 2013, el juez había sentado en el banquillo al exdictador Efraín Ríos Montt, también por el genocidio Ixil, quien fue sentenciado en primero instancia, pero luego absuelto por un tribunal superior.

Hay quien piensa, de hecho, que el juez Gálvez vive sus últimos días al frente del tribunal especializado desde el que ha conocido casos como el del genocidio Ixil o el Diario Militar, y que su salida de Guatemala es inminente. En Washington, ciudad en la que han recalado al menos media docena de operadores guatemaltecos de justicia que como Gálvez investigaron o procesaron a los poderosos, ya se especula sobre el futuro del juez.

“Es una sangría… Parece que no importa lo que haga Estados Unidos, los guatemaltecos no dejarán de venir… La situación del juez (Gálvez) es imposible”, dijo a Infobae un funcionario legislativo en Washington que está al tanto de las discusiones sobre Guatemala en el seno de la administración Biden.

A Gálvez lo han amenazado en público y en privado desde que, en 2015, presidió el proceso judicial por el caso conocido como La Línea, un esquema de fraude aduanero vinculado a Otto Pérez Molina, el militar que entonces era presidente de Guatemala, y Roxana Baldetti, su vicepresidenta. De La Línea se desprendieron múltiples investigaciones contra funcionarios y empresarios guatemaltecos por corrupción. Uno de los más importantes se conoció como “cooptación del Estado”, por el que el Ministerio Público (MP) procesó a 52 personas; Gálvez también vio ese proceso.

Hasta ahora, Gálvez había sobrevivido a la purga que el Estado de Guatemala inició durante el mandato de Alejandro Giammattei, el presidente del país, contra jueces, fiscales e investigadores que revolucionaron el sistema judicial guatemalteco entre mediados de los 2000 y finales de la década pasada con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Durante esos años, con el apoyo político de las administraciones de George W. Bush y Barack Obama desde Washington y de la Unión Europea, se vivió en el país centroamericano lo que se dio en llamar la primavera chapina (en referencia al nombre con el que se conoce popularmente a algunos guatemaltecos). Ese periodo incluyó reformas judiciales y políticas gracias a las cuales el país fue capaz de juzgar a exdictadores, genocidas, narcotraficantes, enormes redes de corrupción y, algo impensable hasta entonces, a la poderosa cúpula empresarial del país.

En 2019, sin embargo, el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la CICIG y dejó sin protección a los guatemaltecos que trabajaron de la mano con la comisión. Giammattei, quien asumió la presidencia en 2020, apadrinó luego la regresión de las reformas anteriores y la persecución política y judicial de quienes las echaron a andar, entre ellos el juez Miguel Ángel Gálvez.

Los dos principales arietes de esa persecución han sido el Ministerio Público (MP), de la mano de la fiscal general Consuelo Porras, y una fundación privada de ultraderecha, la misma que amenazó con meter preso a Gálvez.

La estocada final al juez Gálvez llegó, como ha ocurrido en el caso de otros juzgadores como él, de la mano de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala (FCT), una organización privada presidida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, un hombre al que la CICIG investigó por posibles vínculos con una red centroamericana de tráfico de metanfetaminas y a quien el Departamento de Estado en Washington ha incluido en una lista de actores antidemocráticos y corruptos.

Méndez Ruiz y la FCT, dice el Departamento de Estado, intentaron “dilatar u obstruir procesos criminales contra oficiales militares que cometieron actos de violencia, acoso o intimidación contra investigadores gubernamentales y no gubernamentales de casos de corrupción”.

Infobae ha tenido acceso a documentación judicial en los casos de cuatro exoperadores de justicia que han tenido que exiliarse de Guatemala luego de que el MP y la Fundación contra el Terrorismo como querellante privado emprendieron acciones legales contra ellos. Esos documentos muestran un patrón: La FCT introduce una denuncia penal contra los jueces o fiscales, acompañada de peticiones de antejuicio en los casos en que la legislación guatemalteca otorga fuero a los funcionarios, y luego el Ministerio Público abre un expediente que se tramita en forma exprés.

Fue, por ejemplo, el caso de la jueza Erika Aifán, quien, como Gálvez, juzgó a lo más granado del poder político guatemalteco: por su tribunal pasaron procesos contra el expresidente Morales por financiamiento electoral ilícito y contra Álvaro Arzú, ya fallecido, presidente de Guatemala entre 1996 y 2002, y acaso el político que mejor ha resumido el maridaje entre el Poder Ejecutivo y el sector dominante del país. A Arzú, la CICIG lo investigó también por corrupción. También juzgó Aifán a Byron Lima, un capitán del ejército relacionado a la corrupción de Arzú y quien fue asesinado mientras cumplía condena en una cárcel.

El primer día de 2022, la FCT de Méndez Ruiz interpuso una denuncia contra Aifán por obstrucción de justicia con argumentos jurídicos confusos. Enseguida, el Ministerio Público de la fiscal general Porras hizo suya la demanda, abrió un expediente penal y solicitó un antejuicio -en Guatemala la ley protege a los jueces y prevé un proceso administrativo previo al proceso penal. En marzo, una corte superior nombró al juez Roaldo Chávez para decidir si había mérito para levantar la inmunidad a Aifán. Finalmente, la jueza, tras denunciar amenazas y una persecución sin tregua, decidió salir de Guatemala y exiliarse.

A la fiscal general Porras el Departamento de Estado la nombró en la llamada Lista Engel como funcionaria antidemocrática y corrupta, mientras a Aifán el secretario de Estado Anthony Blinken la premió como “mujer de coraje”.

En el caso del juez Gálvez, la persecución fue la misma, también los actores. La Fundación contra el Terrorismo se querelló contra el juzgador y solicitó antejuicio. El principal argumento de los querellantes, en este caso, es que Gálvez se extralimitó al aplicar la detención provisional a decenas de acusados de corrupción. Ironía: la FCT y el Ministerio Público han tenido en detención provisional a Virginia Laparra, una exfiscal anticorrupción contra la que también han entablado pleito legal, durante siete meses; a Laparra la han tenido en una celda minúscula de la que solo le permiten salir una hora diaria al recibir el solo, lo que su defensa y organismos internacionales de derechos humanos han calificado como tortura.

Roaldo Chávez, el juez del proceso de antejuicio contra Gálvez es el mismo que vio el caso de la jueza Aifán. Gálvez pidió apartar a Chávez de su caso porque, en el pasado, sirvió como analista jurídico a militares, y porque fue compañero de universidad de Raúl Falla, el abogado que tramita todos los casos de la Fundación contra el Terrorismo. Chávez también es magistrado de un tribunal de apelaciones, y desde ahí ha retrasado el proceso contra Laparra, la exfiscal sometida a torturas.

A la Corte Suprema de Justicia de Guatemala toca ahora decidir sobre el proceso de antejuicio a Gálvez, pero fuentes cercanas al juez han dicho que ya él parte del supuesto de que su suerte no será distinta a la de otras personas contra los que el Ministerio Público y al Fundación contra el Terrorismo se han querellado.

Durante una audiencia reciente ante la Corte de Constitucionalidad, ante la cual Gálvez introdujo un amparo para detener el proceso en su contra, el abogado Falla de la FCT amenazó el juez frente a los magistrados: “¡Preso o prófugo!”, le gritó.

Si el juicio por el genocidio Ixil marcó el inicio de la primavera guatemalteca, la eventual salida del juez Miguel Ángel Gálvez bien puede definirse como el otoño del ciclo de reformas judiciales que llevó procesos inéditos y control judicial sin precedentes a los poderes políticos, militares y económicos que han mandado en Guatemala durante toda su historia como república.

Un documento sobre la situación en el país centroamericano elaborado como insumo para el gobierno de los Estados Unidos, al que Infobae tuvo acceso, indica que todo empezó con aquel juicio por genocidio que el juez Gálvez presidió.

“El juicio por genocidio contra el general retirado José Efraín Ríos Montt –fallecido el 1 de abril de 2018- reactivó una diversidad de redes conectadas a estructuras de poder legales e ilegales. Con el tiempo, su transformación en una suerte de telaraña o macrored evidenció la multiplicidad de intereses económicos, políticos, religiosos y sus conexiones con poderes ocultos concatenados para lograr objetivos comunes”, dice el informe.

Tras la salida de CICIG, el presidente Alejandro Giammattei se aseguró de afianzar la reelección de la fiscal general Porras, quien luego se convirtió en su principal aliada para, además de desmantelar sin tregua la reforma judicial que había permitido el juzgamiento de las élites guatemaltecas, protegerlo a él de investigaciones que lo relacionaban con actos de corrupción.

En julio de 2021, Porras se deshizo de Juan Francisco Sandoval, quien había sido jefe de la fiscalía especial anti-impunidad y, ahí, abrió un expediente a Giammattei luego de que un testigo señaló al presidente de haber recibido un soborno millonario de empresarios mineros rusos para garantizar el funcionamiento irregular de una mina de níquel en el noreste del país.

Antes, en mayo de 2021, el MP de Porras había ordenado el arresto de Juan Francisco Solórzano Foppa, un exsuperintendente tributario que había contado las costillas a empresarios implicados en fraudes al Estado. Para capturar a este exfuncionario, el gobierno guatemalteco se valió de agentes de la inteligencia estatal, como ocurría en los años del conflicto interno.

En la misma época del año pasado, en junio, la Fundación contra el Terrorismo de Méndez Ruiz accionó, a través de un recurso de amparo, contra la permanencia de la magistrada Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país. En 2020, cuando era presidenta de la CC, Porras resolvió que la mina de níquel relacionada luego con el supuesto soborno a Giammattei operaba de forma ilegal.

Al descabezar a la Corte de Constitucionalidad, y poner en lugar de Gloria Porras a un magistrado más dócil, el aparato de purgas de Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras y el empresario de ultraderecha Ricardo Méndez Ruiz se hacían con el control de del sistema judicial guatemalteco. A partir de ahí fueron, con mecanismos similares a los que ahora utilizan contra el juez Miguel Ángel Gálvez, extirpando de la judicatura a todos los que alguna vez habían fallado en contra de los poderes políticos y económicos de Guatemala.

Al cierre de esta nota, el futuro del juez Gálvez sigue siendo incierto. Que le levanten la inmunidad que le otorga la ley como juzgador depende ahora de la Corte Suprema de Justicia, dominada también por magistrados afines al poder. Una muestra de esto es que la CSJ acaba de reinstalar como magistrada a Blanca Stalling, una mujer señalada por tráfico de influencias también acusada por Estados Unidos de ser antidemocrática y corrupta.

Si, al final, Gálvez abandona Guatemala para evitar que la amenaza de mandarlo a prisión se cumpla, el invierno de la justicia guatemalteca estará aún más cerca.

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