Daniel Ortega cruza una nueva línea: secuestra familiares para que se entreguen perseguidos políticos

Javier Álvarez Zamora, de 68 años, se sintió aliviado a las cuatro de la tarde del 14 de septiembre pasado cuando cruzó la frontera sur de Nicaragua y llegó a Costa Rica. Desde varios días antes estaba huyendo de una persecución implacable de la dictadura nicaragüense. “Era una cacería en mi contra”, dice este hombre que asegura que su único “delito” es ser opositor.

A las nueve de la noche, un desmesurado despliegue de patrullas y policías llegó buscándolo a la vivienda de su hija, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años. No lo encontraron ni a él ni a la hija, que en ese momento estaba visitando la casa de sus padres. Quien sí estaba en casa era Félix Roiz Sotomayor, 53 años, esposo de Ana Carolina. Se lo llevaron detenido.

El operativo policial se trasladó entonces a la casa Javier Álvarez Zamora, en Managua, donde tampoco estaba porque, prevenido de su posible detención, estaba moviéndose en casas de seguridad para evitar su captura. Los policías apresaron a Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, esposa de Álvarez, y a la hija, Ana Carolina.

“Hay un nuevo patrón de represión”, afirma Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del colectivo Nunca Más. “Nosotros estamos tramitando 50 medidas cautelares a favor de perseguidos políticos y tenemos historias de casos en que han detenido a la esposa, para llegar al marido; han detenido padres, para llegar al hijo; han detenidos hijos para capturar al padre. Generalmente son detenciones por horas o un día, pero estas ya tienen 12 días y fue a la familia entera: la esposa, la hija y el yerno. Eso tiene una dimensión grotesca”.

Cuando Álvarez cruzó la frontera aún no sabía de la detención de su familia porque, para evitar ser localizado destruyó el chip y apagó su teléfono móvil. Ya en Costa Rica, activó su celular y comenzaron a llegar los mensajes que no había leído. Uno de los primeros era de su esposa: “Me llevan presa a mí y a mi hija”.

El mundo se le vino encima. Poco después recuperó la calma con otro mensaje desde el teléfono de su hija: “Nos están liberando en este momento. Estamos bien”. Era una trampa. Los celulares de las apresadas estaban en poder de la Policía.

“No hay proceso contra ellos tres. Ninguno ha recibido asistencia legal. Han estado en completo aislamiento. Se supone que están en (la cárcel) El Chipote. La Policía no ha sacado información oficial y tampoco ha pedido los famosos e inconstitucionales 90 días (para ampliar investigación). Debieron haberlos puesto a la orden del juez competente. Sabemos que hay tramitación de recursos por detención ilegal pero no conocemos pronunciamiento de tribunales”, detalla Carrión.

“¿Qué tiene que ver mi esposa que yo no estuviera en mi casa. Esto es absurdo. ¡Es una barbaridad! ¿Cuál es el delito de mi esposa? ¿Ser mi esposa? ¿Mi hija?”, se pregunta Javier Álvarez, ya en Costa Rica, en una entrevista con la periodista Lucía Pineda, del canal 100 por Ciento Noticias.

A la pregunta de la periodista sobre por qué cree que lo persigue el régimen, Álvarez responde: “Porque soy un opositor. Porque pienso distinto al régimen. Porque no estoy de acuerdo con que una sola persona decida lo que va a pasar en este país”.

Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) lo que sucede con la familia Álvarez Horvilleur tiene nombre: “secuestro extorsivo”.

“Este comportamiento delincuencial no tiene precedentes en la historia, no es característico de ninguna dictadura, posee los ribetes de un secuestro donde el secuestrador se apodera de víctimas inocentes, las toma como rehenes para lograr capturar a la persona a quien quiere secuestrar”, señala el organismo de derechos humanos en un comunicado que difundió a través de medios de comunicación.

En otro caso, Dulce Porras, la exiliada y dirigente de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), denunció que la Policía del régimen de Daniel Ortega capturó a su hermano, Freddy Porras, la noche del 15 de septiembre, en la ciudad de Jinotepe.

La opositora aseguró que su hermano es visitador médico y está ajeno a la actividad política por lo que vinculó su encarcelamiento a una represalia contra ella. “Yo siento que el nuevo oleaje de capturas del régimen de Nicaragua es contra familiares de los que estamos aquí, en el exilio”, declaró a la plataforma Confidencial.

El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión explica que la práctica del “secuestro extorsivo” por parte del régimen ya se venía dando, pero en muchas ocasiones los familiares piden que sus casos no se hagan públicos por temor a mayores represalias.

Entre los casos que han atendido, dice Carrión, está el de un ex reo político que en su testimonio relató que sus interrogadores le decían: “Nosotros sabemos que vos no tenés nada que ver, pero es a tu papá al que queremos”.

“La tiranía Ortega Murillo es la suma y resumen de todas las maldades y siempre nos sorprenden. Tienen una capacidad de cosechar maldades”, señala.

A partir de agosto se intensificó el encarcelamiento de nicaragüenses por razones políticas, dice Carrión, quien calcula que en agosto y septiembre se capturaron a por lo menos unas 24 personas, varios de ellas sacerdotes, religiosos y hasta un obispo.

“En estas últimas redadas de septiembre cayeron en una casa en que ni estaba la persona que buscaban. Al hijo lo presionaron y él ubicó el lugar donde se encontraba el papá. Te imaginás los niveles de presión a que los someten”, añade.

“A otra persona que buscaban, le capturaron a la mamá por 28 horas, para capturarla a ella que era una persona activa, organizada”, dice. “Está pasando seguido, con silencio porque hay personas privadas de su libertad que se mantienen en el anonimato”.

Javier Álvarez Zamora dice que en su búsqueda la policía nicaragüense ha allanado las casas de de todos sus familiares. “Yo les digo, ya no estoy en Nicaragua, dejen de buscarme en Nicaragua”, expuso en la entrevista con 100 por Ciento Noticias.

Agrega que sus familiares finalmente ubicaron a su esposa, su hija y su yerno que estarían incomunicados en la cárcel El Chipote, donde el régimen de Ortega suele enviar a la mayoría de presos políticos en los últimos dos años.

Los policías que atendieron a los familiares les propusieron liberar a la familia presa si Javier Álvarez se entregaba, según las declaraciones del mismo opositor perseguido.

“No voy a regresar a Nicaragua. Mi vida corre peligro si regreso a Nicaragua. El despliegue policial, la cacería que han montado contra mi persona me hace indicar que hay un odio especial contra mí que no sé de donde viene”, afirmó.

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