En un nuevo ataque contra la Iglesia, el régimen de Daniel Ortega prohibió dos procesiones católicas y la conmemoración del 453 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano en algunas partes del país, según denunciaron este jueves fuentes religiosas. Al mismo tiempo, Estados Unidos denunció el aumento de la persecución contra el clero por parte del sandinismo.
En el caso de la Iglesia católica, las parroquias dedicadas a San Miguel Arcángel, en Managua, y San Francisco de Asís, en Camoapa (centro), informaron que no podrán celebrar las procesiones en honor a las veneradas imagen, debido a una prohibición por parte de las autoridades sandinistas.
En tanto, el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos en la ciudad de Nagarote (Pacífico) avisó sobre la prohibición de la celebración dedicada a la traducción de la Biblia.
“Recibimos la notificación de parte de las autoridades policiales que no está permitido realizar ninguna actividad fuera de la parroquia”, explicó la parroquia San Miguel de Arcángel, de Managua, en su cuenta en Facebook, el medio de comunicación utilizado por la Iglesia católica en Nicaragua tras el cierre de al menos nueve estaciones de radios y tres televisoras, y el bloqueo de la emisión del Canal Católico.
Esa iglesia tenía programado celebrar este viernes una procesión con el santo por los sectores aledaños a la parroquia, pero la misma “quedó suspendida y todo se realizará a lo interno del templo parroquial”, indicó.
El Consejo Parroquial del templo San Francisco de Asís de Camoapa, una ciudad céntrica ubicada a 113 kilómetros de Managua, informó a medios locales una situación similar a su par de la capital.
Por su parte, los regentes de la fe evangélica emitieron un comunicado en el que expresaron que “por orientaciones de las autoridades civiles no se celebrará el 453 aniversario de la Traducción de la Biblia en Castellano, ellos expresan que la razón es la seguridad de los participantes”.
Situaciones similares vivieron las parroquias San Miguel Arcángel y San Jerónimo esta semana en la ciudad de Masaya, donde la Policía Nacional, cuyo jefe supremo es el dictador Ortega, prohibió celebraciones religiosas fuera de los templos católicos.
Tanto los líderes religiosos católicos como los evangélicos decidieron aceptar las prohibiciones oficiales y recomendaron a sus fieles realizar sus actividades en el interior de sus templos.
“Invitamos a cada uno de ustedes a realizar sus celebraciones en sus templos, elevar oraciones a Dios para que podamos vivir quieta y reposadamente”, resaltó el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos en Nagarote.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos para la Libertad Religiosa denunció este jueves que el régimen de Ortega tiene en prisión a 11 religiosos y ha forzado al exilio a varios más como parte de una campaña de ataques y persecución a la Iglesia católica de ese país.
Rashad Hussain ofreció una rueda de prensa en Nueva York junto a los defensores de derechos humanos nicaragüenses Juan Carlos Arce y Leyla Prado en el marco del 77 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Es particularmente alarmante el incremento de los ataques” del régimen de Ortega a la Iglesia católica y sus fieles, dijo el diplomático y asesor del presidente Joe Biden en asuntos religiosos.
Agregó que en los últimos meses el gobierno nicaragüense cerró 10 radioemisoras católicas y expulsó a 18 monjas de la orden de la Madre Teresa de Calcuta que laboraban en el país desde hace muchos años.
Indicó que Ortega también obligó al exilio a varios sacerdotes y que envió a prisión a otros seis, la mayoría sin cargos, así como a dos seminaristas, un diácono y un laico, todos ellos colaboradores del obispo Rolando Álvarez, quien permanece bajo arresto domiciliario desde hace 42 días.
Hussain acompañó en la conferencia a Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien dijo que su país vive “una situación dramática” porque el gobierno sandinista está decidido a eliminar cualquier signo de disidencia.
Arce recordó que en marzo Ortega expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Sommertag, quien en 2019 había intercedido por una amnistía para los opositores presos. Destacó que de las más de 1.800 organizaciones no gubernamentales clausuradas por el gobierno este año, 29 eran de carácter religioso, incluidas escuelas y universidades católicas.
Sobre el obispo Álvarez dijo que el prelado se encuentra “en desaparición forzada”, pues se desconoce su situación y “nadie lo ha visto” desde que la policía lo confinó a una vivienda en Managua el 19 de agosto y con vigilancia permanente.
Arce también se refirió a las prohibiciones de las populares procesiones religiosas. “La población ya no puede expresar su fe en la calle, esto violenta la libertad religiosa y de expresión”, afirmó.
Prado, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua, dijo que Ortega quiere “callar a la Iglesia católica” y ha implantado “una persecución sistemática de las voces críticas” o disidentes.
Señaló, asimismo, que de los 11 religiosos encarcelados tres han sido procesados “en juicios espurios, contradictorios e ilegales” y de éstos dos fueron acusados por supuestos delitos comunes y no tuvieron derecho a una defensa independiente.
“El gobierno mantiene una espada de Damocles sobre la Iglesia: silencio, cárcel o destierro”, aseguró la jurista.
Tanto la CPDH como el Colectivo Nicaragua Nunca Más funcionan en el exterior después de que sus directivos y activistas tuvieron que exiliarse por acoso y amenazas del régimen.
Las prohibiciones religiosas se dan en medio del más reciente capítulo de una historia de confrontaciones entre Ortega y la Iglesia católica que data de hace 43 años, y que hasta ahora no había tocado a la fe evangélica.
Según datos oficiales, la religión católica es la más seguida en Nicaragua, con un 58,8% de sus 6,6 millones de habitantes, seguida por la evangélica, con el 38%, aunque los evangélicos sostienen que su proporción ha crecido en los últimos años.
Con información de EFE y AP
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