Un nuevo protagonista toma impulso en las elecciones en Brasil: el partido de las armas

(Especial Infobae - San Pablo, Brasil) - Después de los evangélicos y los latifundistas, la verdadera novedad en las próximas elecciones brasileñas de octubre es el llamado “partido de las armas” o “bancada da bala”. La asociación Pró-Armas, principal grupo que defiende la liberalización de las armas para la población inspirándose en el modelo estadounidense, ha decidido de hecho apoyar la elección de 81 candidatos a favor de la causa.

Los principales objetivos son la propuesta de introducir el derecho a la autodefensa en el artículo 5 de la Constitución, revocar la Ley de Control de Armas de 2003, conocida como el “Estatuto del Desarme”, y reducir los impuestos sobre armas y municiones. Entre los candidatos de Pró-Armas está el presidente de la asociación, Marcos Sborowski Pollon, que se presenta a la Cámara de Diputados por el estado de Mato Grosso do Sul.

De acuerdo a la agencia de noticias brasileña Publica, Pollon es conocido por sus conferencias a los productores rurales sobre cómo defenderse, incluso aconsejándoles que abran clubes de tiro dentro de sus granjas. Este nuevo bloque político apoya la liberalización de las armas que quiere el presidente Jair Bolsonaro y tiene entre sus referentes a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien hace unos días invitó por Twitter a “todos los que hayan comprado un arma legal a ser voluntarios” para la campaña electoral de su padre.

Desde 2019, el gobierno de Bolsonaro ha flexibilizado los requisitos para la portación de armas a través de unos 40 decretos reglamentarios del Estatuto del Desarme. Aunque los cambios afectan a los cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas, también conocidos por las siglas CACs, en realidad lo que ha ocurrido es que los ciudadanos comunes han accedido a armas de gran calibre, antes sólo autorizadas para su uso por las fuerzas policiales, como los fusiles semiautomáticos.

Además, ahora los ciudadanos brasileños pueden ir armados en lugares públicos. El gobierno de Bolsonaro también ha flexibilizado las restricciones sobre el número de armas que se pueden poseer, que pasaron de 12 a 30, y para los tiradores deportivos, de 16 a 60. El resultado es que en tres años, según estimaciones del Instituto Sou da Paz, las armas registradas se han triplicado, pasando de unas 351.000 en el diciembre de 2018 a más de un millón hoy, con 994 millones de cartuchos vendidos. También han aumentado los clubes de tiro e incluso se han creado rutas de turismo, como en el caso del estado de Santa Catarina, que el mes pasado sancionó una ley que crea su “Ruta Turística de Tiro” que pasa por 29 ciudades. “Considerada una herencia de los colonizadores europeos en Santa Catarina, la práctica del tiro deportivo recibe así un nuevo incentivo”, se lee en la página oficial de la Asamblea Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

Desde el inicio de su mandato, Bolsonaro ha defendido a capa y espada su proyecto. “Quiero que todo el mundo esté armado porque los que están armados nunca serán esclavizados”, había declarado durante una polémica reunión de ministros en 2020. En un encuentro reciente con evangélicos también dijo que “Jesús no compró un arma porque no había armas en ese momento”.

A pesar de que Bolsonaro justifica la baja en el número de los homicidios en Brasil (un 7% a menos en 2021 con 41.100 muertes violentas) con el aumento de las armas entre la población, los incidentes de mal uso han aumentado, con niños asesinados accidentalmente por sus padres, como ocurrió en mayo en Formosa, en el estado de Goiás, o adictos que disparan a sus familiares con armas debidamente registradas, como ocurrió en agosto en Brumadinho, en Minas Gerais. La flexibilización del mercado de armas también coincidió con una drástica reducción de los controles del organismo encargado, que es el Ejército brasileño, cuyos fondos se rebajaron a la mitad en 2021, pasando de 3,6 millones de reales en 2018 a 1,7 millones. Además, hasta enero 2022, el Ejército había suspendido las inspecciones de armas y municiones importadas del exterior.

El mayor riesgo de la relajación de los controles es que la criminalidad organizada pueda aprovecharse. Recientemente, un miembro del principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), logró la autorización para comprar seis armas, entre ellas un fusil, a pesar de tener unos antecedentes penales de 16 procesos judiciales y de cinco condenas. “Sólo empeorará”, explica a Infobae Felippe Angeli, responsable de advocacy del Instituto Sou da Paz. “Los estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que el impacto de las políticas de flexibilización del mercado de armas en el aumento de la violencia comienza a sentirse después de al menos tres años. Por lo tanto, sólo estamos al principio y para Brasil será aún más terrible”.

El Tribunal Supremo Federal (STF) brasileño está tratando de contener este escenario desenfrenado. El último 5 de septiembre, el magistrado Edson Fachin suspendió los decretos de flexibilización de armas por miedo que la violencia política aumente durante las próximas elecciones, aclarando que la posesión de armas de fuego sólo se autorizará por razones de seguridad pública o defensa nacional. “Estos decretos son inconstitucionales porque Bolsonaro no consultó al Congreso. Esperamos que se revoquen y que una nueva normativa ponga pronto fin a este caos”, comenta Angeli.

En este complejo escenario, hay también otro fenómeno preocupante. Además de las armas convencionales, también las armas impresas o ensambladas en 3D han empezado a encontrar un mercado en Brasil. El pasado mes de marzo, la operación de la policía federal “Florida Heat” descubrió una red delictiva que transportaba componentes de armas ensambladas en 3D desde Miami hasta Río de Janeiro. Entre los clientes de esa red estaba el miembro de una milicia, Ronnie Lessa, acusado del asesinato de la activista Marielle Franco. En el estado de Santa Catarina, en la ciudad de São Miguel do Oeste, unos meses antes las autoridades brasileñas habían incautado banderas neonazis junto con una impresora 3D y una arma 3D.

La falta de una normativa específica no hará más que favorecer la proliferación en Brasil de estas “ghost guns”, es decir pistolas fantasma porque no tienen ningún número de serie y poseen la gran ventaja de eludir los detectores de metales.

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