El Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige la liberación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez

La propuesta recibió 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones. Además, se denunció la persecución a la Iglesia Católica por parte del régimen de Daniel Ortega

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Una vista general durante una
Una vista general durante una sesión plenaria del Parlamento Europeo en Bruselas (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

El Parlamento Europeo (PE) aprobó, por amplia mayoría, una resolución que exige la liberación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Además, se denunció la persecución a la Iglesia Católica por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La propuesta fue aprobada por 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones.

De esta forma, el PE instó al régimen nicaragüense a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias. “Los procedimientos judiciales y sentencias impuestas al obispo Rolando Álvarez y otras víctimas de detención arbitraria deben ser anulados”, señalaron los eurodiputados.

En su sexta resolución en lo que va de legislatura sobre Nicaragua, el Parlamento lamentó “el continuo deterioro de la situación y la escalada de la represión contra la Iglesia Católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas” y las detenciones arbitrarias “únicamente por ejercer sus libertades fundamentales”.

Luego indicaron que el sistema judicial nicaragüense “carece de independencia” y es utilizado como “instrumento para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.

La propuesta fue aprobada por
La propuesta fue aprobada por 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones

El PE mostró también su preocupación por la situación de los más de 206 presos políticos detenidos desde abril de 2018 y denunció el trato cruel e inhumano del que son víctimas.

Además, denunciaron el cierre arbitrario de ONG y la persecución de los partidos de la oposición; y reiteraron su llamamiento a las autoridades de Nicaragua para que deroguen la legislación aprobada desde 2018 que restringe indebidamente el espacio cívico y democrático.

Según el Parlamento, la situación justifica que la ONU inicie una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.

Por su parte, la Unión Europea debe extender la lista de personas y entidades sancionadas por vulneraciones de los derechos humanos, para incluir a jueces y fiscales nicaragüenses y al círculo más cercano de Ortega, entre otros, expresaron.

Los eurodiputados insistieron, por último, en reclamar la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.

Daniel Ortega (EFE/Jorge Torres/Archivo)
Daniel Ortega (EFE/Jorge Torres/Archivo)

La ONU denunció el continuo “deterioro” de los derechos en Nicaragua

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el martes el continuo “deterioro” de la situación en Nicaragua, con “graves violaciones” de los derechos civiles y ataques contra la Iglesia y la libertad de prensa.

“En los últimos meses la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose”, dijo Christian Salazar Volkmann, director de la División de Operaciones de Campo y Cooperación Técnica.

“Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional”, añadió.

En la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado presentó un crítico informe contra el régimen de Daniel Ortega, al que acusa de no cooperar y de incumplir con las recomendaciones emitidas por su oficina.

La agencia denunció los ataques contra la Iglesia Católica, como el reciente arresto del obispo de Matagalpa, el crítico Rolando Álvarez, o contra la libertad de expresión, como el cierre de radios católicas o la confiscación del inmueble del diario crítico La Prensa.

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