La Corte Suprema de Chile se expresó por el alza de homicidios en el país y advirtió que “el Estado de derecho está puesto en jaque” ante esta realidad, prendiendo las alarmas sobre la violencia que está imperando.
La responsable de emitir esta declaración fue Ángela Vivanco, ministra vocera de la Corte Suprema de Chile, uno de los máximos órganos del país. Anteriormente a sus dichos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer que “efectivamente al 31 de agosto (de este año) hay 613 homicidios. No es el único año reciente, en el cual las cifras al 31 de agosto han superado los 600 homicidios, hay otros años donde también han ocurrido”.
Como bien lo expresó el subsecretario Monsalve, la cifra de este 2022 son amenazadoras porque en el 2020 se registraron 889 homicidios, mientras que en el 2021 hubo 692, según la información entregada por el Ejecutivo.
Frente a esta realidad Vivanco fue consultada por la amenaza que representa la cifra del 2022, considerando los tres últimos homicidios que ocurrieron en Chile producto de las encerronas y por las violencia de las bandas criminales. “Estas situaciones son gravísimas, que nos afectan a todos, porque ya no solamente se trata de temas que atentan contra la propiedad de las personas, sino directamente contra la vida”, dijo Vivanco, quien sumó a su análisis que esta realidad delictiva “aumenta la sensación de inseguridad, de angustia y por supuesto, es una situación extremadamente injusta el tener que cuidar la vida o correr riesgo de ella cuando se sale a la calle o se trata de llegar al trabajo, o las personas sencillamente repelen un asalto”.
Sobre las situaciones como la violencia urbana, el auge de las bandas criminales, el narcotráfico, los homicidios, las encerronas y los demás delitos que afectan al país, Vivanco expresó que “todas esas situaciones nos ponen en jaque, el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad y el Estado de derecho tiene las herramientas para responder. Tenemos que sacar el máximo partido de esas herramientas justamente para que, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, se consiga combatir el crimen de manera efectiva”
Ante los últimos dichos de Vivanco, el subsecretario Monsalve sostuvo que “el estado de derecho, a propósito del crimen violento y organizado, está puesto en jaque no desde hoy, está puesto en jaque desde hace mucho tiempo y creo que es bien importante hacer esa aclaración. Y cuando el estado de derecho está en jaque, lo que corresponde es tomar decisiones que permitan sacar a los ciudadanos de esta situación”.
Sobre las reuniones que ha sostenido el Poder Judicial con el Ejecutivo, Vivanco expresó que “el Poder Judicial, desgraciadamente, está al final de la línea y no podemos ir por nuestra cuenta a hacer muchas cosas que dependen muchos órganos”, y que el propósito de las “mesas de diálogos o comisiones” entre organismos es “buscar soluciones en que podamos dialogar, desde la visión de cada uno de los órganos”.
Estas últimas declaraciones de Vivanco recuerdan otros dichos que fueron emitidos en junio de este caso tras un caso de sicariato que afectó a una enfermera en Santiago de Chile. En esa oportunidad, la vocera alertó que “estas situaciones es bueno revisarlas porque significa, y esto es una terrible desgracia, que empiece a haber una especie de industria delictiva donde personas ofrecen servicios delictivos de esta manera. Se ha llegado a hablar de cuánto cobran”.
Proyecto en contra del crimen organizado
En Chile están preocupados por el alza de la delincuencia. Solo en este año las “encerronas”, es decir, el método de robar un automóvil bloqueando el camino del conductor, han aumentado en un 123% respecto al 2021. Según cifras de la policía de Carabineros, en lo que va del año se han denunciado 8.957 encerronas y portonazos, lo que se traduce en el robo de 35 vehículos diarios.
Frente a esto, el subsecretario Monsalve llegó hasta la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile para presentar un proyecto que busca modernizar el combate en contra del crimen organizado, fijando técnicas especiales para su investigación y persecución. Ante los parlamentarios, Monsalve destacó en este sentido que la iniciativa busca “mejoras para la aplicación de técnicas especiales de investigación en la lucha contra el crimen organizado, estamos hablando de interceptación telefónicas, de grabaciones de imágenes, uso de agentes encubiertos, agentes reveladores, del uso de entregas vigiladas. Sin técnicas especiales de investigación no es posible luchar contra el crimen organizado”.
Además de las “técnicas especiales de investigación”, el proyecto busca la reestructuración del delito de asociación ilícita u organización criminal, el establecimiento de normas de comiso para los delitos vinculados a la delincuencia organizada y una serie de medidas especiales de protección para víctimas y testigos.
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