La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechazó la consulta popular propuesta este lunes por el presidente del país, Guillermo Lasso, y catalogó de “irresponsable” lo planteado por el mandatario.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, indicó que “el Gobierno no tiene legitimidad” para proponer una consulta popular que, según adelantó Lasso, abordaría asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y el medio ambiente.
El mandatario presentó el lunes un listado de ocho cuestiones a las que la población debería responder en caso de que finalmente el año que viene se celebre la consulta popular.
“Revisando las ocho preguntas, en términos ambientales, no resuelve nada”, criticó el presidente de la CONAIE, quien considera que las cuestiones planteadas por el Ejecutivo están “vacías” de contenido.
Por su parte, desde la Confederación Nacional de Organizaciones, Indígenas y Negras (FENOCIN), su presidente, Gary Espinoza, se sumó a las opiniones de Iza y sostuvo que las preguntas propuestas por Lasso están fuera de lugar y son inoportunas.
La propuesta de consulta popular incluye varios temas como la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la cantidad de congresistas y una reforma del sistema de justicia con la que, según analistas, el presidente intenta contrarrestar la presión de la Asamblea, que ha buscado destituirlo.
En un encuentro con un grupo de ciudadanos en una populosa barriada del norte de Quito el mandatario afirmó que con esta consulta “ganaremos todos” porque contendrá propuestas y soluciones inmediatas para Ecuador.
Añadió que se busca un país más seguro con una justicia sólida, transparente y fuerte y estabilidad democrática con instituciones más eficientes e invitó a la población “a ejercer su poder ciudadano”.
Las preguntas de la consulta fueron entregadas a la Corte Constitucional, que debe revisarlas y aprobarlas.
Lasso, en el poder desde mayo de 2020 y con una aprobación menor al 20% de acuerdo con encuestas privadas, enfrenta una dura oposición en la Asamblea, liderada por el partido opositor UNES, del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), que le ha impedido hacer reformas y ha rechazado la mayoría de las propuestas de ley enviadas por el Ejecutivo.
A su vez en julio y durante casi tres semanas un paro decretado por los indígenas inmovilizó al país y obligó al gobierno a una negociación que sigue en curso.
Sin mencionar en detalle las ocho propuestas que serán votadas en febrero, Lasso dijo que hay tres grandes ejes: la seguridad, el funcionamiento de los organismos del Estado y un mayor cuidado de la naturaleza.
El presidente aseveró que entre los planteos está el trabajo conjunto entre la policía y las fuerzas armadas -que por ley no está permitido- para enfrentar la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y las bandas criminales.
En los últimos años el crimen organizado vinculado con el narcotráfico ha desatado una fuerte ola de violencia urbana caracterizada por el ajusticiamiento de decenas de personas por semana, especialmente en Guayaquil, explosiones en barrios populares y matanzas de cientos de presos en las cárceles en general por disputas por las rutas del narcotráfico.
El mandatario expresó que también estará incluida en la consulta la reducción del número de asambleístas de los 137 actuales a menos de 100, a quienes se les exigirán más requisitos y sobre quienes se aumentará el control ciudadano. Actualmente para llegar a ese cargo cualquier ecuatoriano sólo necesita ser mayor de edad y contar con el apoyo de una organización política.
Lasso también planteó mayores controles a los partidos políticos, como la presentación de un informe sobre sus afiliados que pueda ser auditado. En el país es común que organizaciones políticas con poca representación compren ilegalmente extensos listados con datos de personas a las que afilian sin su conocimiento, algo que es frecuentemente denunciado por los afectados pero que no ha tenido consecuencias para los partidos.
Finalmente, Lasso aseveró que pedirá a los ciudadanos que apoyen la propuesta de que las fuentes de agua sean parte del sistema de áreas protegidas del país y que quienes cuiden la naturaleza puedan recibir una retribución económica por parte del Estado en el caso de preservar bosques u otros bienes naturales.
La última vez que se realizó una consulta popular en Ecuador fue en 2017 durante la gestión de Correa sobre la prohibición de que los representantes de elección popular tengan cuentas en paraísos fiscales y quienes tuvieran fondos en el exterior retornaran sus capitales al país para promover la inversión y el trabajo. El referéndum fue aprobado.
(Con información de Europa Press y AP)
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