En América Latina son varios los países que tienen leyes que amenazan la libertad de expresión a periodistas y otros ciudadanos para evitar críticas antigubernamentales.
Venezuela
El régimen chavista, aunque no fue pionero, es el caso más representativo en su dura confrontación con los medios “no oficialistas”.
El fallecido caudillo Hugo Chávez fue impulsor de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que entró en vigor en 2005, pero que fue reformada en 2010 a través de los súper poderes del Ejecutivo. El texto sirvió para perseguir a la prensa opositora, con el cierre de cientos de medios, expropiación de otros y debilitamiento de empresas por castigos económicos.
En noviembre de 2017, Nicolás Maduro promulgó la “Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, y permite a la dictadura no sólo silenciar a las voces críticas de los medios, sino incluso a ciudadanos que se quejan por los servicios públicos.
En su Artículo 1 se señala que el objetivo es reconocer “la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco”, erradicar “toda forma de odio” y asegurar “la efectiva vigencia de los derechos humanos”. Más adelante, propone un abanico de medidas represivas. En el Artículo 20 se explicita la sanción a la que podría ser sometido cualquiera que dispare una opinión en redes o en público que sea considerada contravencional: “Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (...) será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación porque la ley “establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega aprobó en octubre de 2020 una ley de ciberdelitos que castiga con cárcel a las personas y entidades que el régimen considere que difunden “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.
El texto señala que la “propagación de noticias falsas” será sancionada con dos a cuatro años de prisión. Si la “información tergiversada” perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de uno a tres años de cárcel. Mientras que las publicaciones que “incitan al odio y la violencia” recibirán de tres a cinco años de prisión.
La diputada Azucena Castillo, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), denunció que la ley está “orientada a la oposición” y “viene a encender el clima de represión” que existe en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018.
La ley faculta al Ministerio de Gobernación, la policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos.
Desde su aprobación, se han producido cientos de cierres de medios a los que el gobierno considera hostiles, por diversas causas casi siempre relacionadas a pequeños incumplimientos de las normas que ha dictado el régimen. Se destacan especialmente el cierre de las emisoras católicas -el propio Ortega ha llamado “terroristas” a los obispos que cuestionan su gestión- y el de varias señales de televisión.
Cuba
El régimen cubano marcó la línea poco antes del cambio de siglo. En 1999, con Fidel Castro en el poder, fue aprobada la Ley 88/99 de “Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”, que establece una serie de figuras delictivas y penas de hasta 20 años de cárcel a partir del posible respaldo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en que puedan incurrir los ciudadanos al ejercer sus derechos de expresión, reunión o manifestación.
La legislación no se aplica en la isla desde la fatídica Primavera Negra, en 2003, cuando el régimen encarceló a 75 opositores, entre los que se contaban unas dos decenas de periodistas independientes, pese a que muchos de ellos se oponían públicamente al embargo estadounidense..
Desde entonces, aunque no se aplicó en parte por las presiones internacionales, el régimen la mantiene como una amenaza a la disidencia.
En agosto de 2021, un mes después de las históricas protestas de julio, la dictadura tipificó delitos como los de “subversión social” y difusión de noticias falsas en Internet, así como el ciberterrorismo en su primer reglamento de ciberseguridad.
La Resolución 105 tipifica el reglamento para la respuesta a incidentes de ciberseguridad, atribuye alta peligrosidad a la difusión de “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”, así como la divulgación de noticias falsas.
Asimismo, considera acciones de “ciberterrorismo” aquellas que puedan “subvertir el orden constitucional”, desestabilizar el funcionamiento de “las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado”, u “obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
También considera como “fraude” de nivel de peligrosidad “muy alto” toda “acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado”, algo que muchos internautas interpretan como una estrategia para acallar las críticas.
El Salvador
Si bien no se trata de un proyecto debatido específicamente sobre el rol de los medios y los discursos de odio, el gobierno de Nayib Bukele introdujo este año una polémica reforma que permite encarcelar a cualquier persona que difunda información que supuestamente reproduzca mensajes de las pandillas, en el marco de la lucha contra la delincuencia que ha sido criticada por extralimitada en sus poderes.
Las reformas implican una sanción de 10 a 15 años de cárcel para todo aquel que a través de cualquier medio de comunicación reproduzca y transmita mensajes originados por las pandillas y que pudieran causar pánico entre la población. No se aclara quién determinará si un contenido debe ser penalizado o no ni quién estará a cargo de detectar un mensaje que infrinja la ley.
Según denunció el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Cesar Fagoaga, se está “intentando creer de una forma totalmente equivocada que la prensa es, o ha sido, vocera de las pandillas”. Agregó que “no solo se nos está afectando a nosotros, se está afectando a la información de la población. Esta reforma lo que busca es que la gente se censure y que no digamos nada”.
La relación entre la prensa y Bukele ha sido tensa desde el inicio de su gestion. “Lo que estamos viendo es otro paso por violentar la libertad de prensa, es un acto puro de censura”, agregó el relator de APES, Serafín Valencia.
La Asociación calificó las reformas al Código Penal “como un claro intento de censura a los medios de comunicación”. Sostuvo que las reformas “amenazan con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que, desde la actual administración, obsesionada con la propaganda y la tergiversación, se busca esconder”.
En los últimos días, la justicia de El Salvador procesó a un tuitero por desacato contra Bukele. Luis Rivas fue detenido el pasado 21 de agosto después de supuestamente difundir una fotografía del despliegue de seguridad en una playa para uno de los hermanos del mandatario salvadoreño.
De acuerdo con el investigador Juan Pappier, de la organización Human Rights Watch (HRW) en la División para las Américas, la legislación salvadoreña se opone a estándares internacionales sobre la libertad de expresión.
Ecuador
En 2013, la Asamblea Nacional aprobó la ley de comunicación, un proyecto que la oposición calificó desde sus inicios como una “ley mordaza”. El texto le dio al entonces gobierno de Rafael Correa numerosas herramientas para controlar a los medios. Actualmente, el texto no posee reglamentación, por lo que no puede ser aplicada, mientras está en discusión la reforma al texto.
Entre las novedades de aquella ley está la figura del “linchamiento mediático”, que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad de personas físicas o jurídicas.
El mandatario Guillermo Lasso prometió derogar la ley, pero el reemplazo todavía está en discusiones. Por el momento, dejó sin efecto su reglamentación. En agosto, vetó de manera parcial las reformas presentadas por la Asamblea Nacional, que tiene 30 días para examinar y decidir si se allana a los cambios.
Bolivia
En Bolivia, si bien no hay una ley ad hoc, existe un sistema complejo de control de medios. El oficialismo ha negado en los últimos años la vigencia de la Ley de Imprenta, que protegía desde hace casi un siglo los asuntos periodísticos de la justicia ordinaria, y en cambio los trataba en los Tribunales de Imprenta. Además, existe toda una batería de armas, como la presión impositiva o la discrecionalidad en la publicidad oficial.
El MAS ha realizado intentos por debatir proyectos que pueden penalizar la labor periodística, pero fueron rechazados desde sus inicios y no llegaron a tratarse en comisión.
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