La Corte Suprema de Brasil restringió el número de armas y de municiones a las que pueden acceder los brasileños, en una decisión cautelar que fue adoptada excepcionalmente por el riesgo al aumento de la “violencia política” a menos de un mes de las elecciones presidenciales.
Las restricciones fueron impuestas mediante una decisión cautelar por el magistrado Edson Fachin, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), ante peticiones de diferentes partidos políticos para que sea limitado el alcance de diferentes decretos del presidente brasileño, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, que flexibilizan el acceso a las armas en Brasil.
Pese a tratarse de medidas cautelares, las restricciones tendrán vigor hasta que el pleno de la Corte Suprema analice las demandas presentadas por los partidos de oposición contra los decretos de Bolsonaro, un defensor de la liberación de las armas y que aspira a ser reelegido en las presidenciales del 2 de octubre.
La medida de Fachin impone restricciones tanto al número de armas como al número de municiones que pueden comprar los cazadores, los coleccionistas y los integrantes de los clubes de tiro.
De acuerdo con el magistrado, las autoridades respectivas tan solo podrán otorgar la posesión de armas a las personas que demuestren “efectiva necesidad” para usar los equipos.
También sentenció que la adquisición de armas de fuego solo sea autorizada teniendo en cuenta la propia seguridad pública o de defensa nacional y no motivos de interés particular.
Igualmente determinó que “los límites cuantitativos de municiones adquiribles se limitan a aquello que, de forma diligente y proporcional, garantice tan sólo lo necesario a la seguridad de los ciudadanos”.
Los recursos de los partidos de oposición contra los decretos que flexibilizan la legislación sobre las armas ya habían sido analizados por diferentes miembros de la Corte Suprema, pero el proceso quedó paralizado hace exactamente un año cuando el magistrado Kassio Nunes Marques, postulado por Bolsonaro al cargo y defensor del mandatario, solicitó más tiempo para estudiarlos.
Como instructor del proceso, Fachin ya había declarado inconstitucionales tres diferentes decretos del jefe de Estado para facilitar el acceso a las armas y otros dos magistrados apoyaron su decisión.
Ante la paralización del juicio, los partidos pidieron a Fachin que se pronunciara sobre el asunto mediante cautelares hasta que el Supremo concluye al análisis de los recursos.
El magistrado, en respuesta, optó por las cautelares restrictivas con el argumento de que el juicio lleva un año paralizado y “a la luz de los recientes y lamentables episodios de violencia política”.
“El riesgo de violencia política hace de extrema y excepcional urgencia la necesidad de conceder respuestas mediante cautelares”, alegó.
Las elecciones presidenciales de octubre son consideradas como las más polarizadas en la historia de Brasil debido a que prácticamente dividieron al país en dos, entre los seguidores de Bolsonaro y los del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el favorito para vencer en las urnas.
Con Lula liderando todos los sondeos de intención de voto, con cerca del 44 % del favoritismo frente al 32 % de Bolsonaro, la disputa ha generado radicalización en algunos sectores; y obligado a las autoridades regionales a solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en las elecciones y al Tribunal Electoral a prohibir el porte de armas a menos de 100 metros de los lugares de votación.
Según el Anuario de Seguridad Pública, el número de civiles armados en Brasil ha aumentado un 473 %, desde 350.000 en 2018 hasta poco más de un millón en 2022, desde que el líder ultraderechista asumió su mandato en enero de 2019.
(Con información de EFE)
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