Cómo Nayib Bukele usó su aparato represivo para encarcelar a un tuitero opositor

En la foto apenas se alcanzan a ver a seis hombres vestidos con camisas blancas de mangas cortas y pantalones azules que caminan por una playa. Hay otras personas, tres, que se bañan en el mar. Todos aparecen como figurines pequeños a lo lejos de un encuadre en el que predomina, en primer plano, la arena y un promontorio de desperdicios. La foto apareció en una cuenta de Twitter, la de @_elcomisionado_, del salvadoreño Luis Rivas, quien aseguró en un trino que quienes se pasean por la playa son Karim Bukele, hermano del presidente de El Salvador, y sus guardaespaldas.

“Tremendo dispositivo de seguridad que anda Karim, la novia, la mamá, y el otro hermano de Bukele. Menos mal que vivimos en el país más seguro del mundo mundial. Ya no se puede bañar tranquilo uno en la playa…”, tuiteó El Comisionado el 21 de agosto pasadas las 10 de la mañana. Poco después, algo más de una hora, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se trasladaron hasta Playa Dorada, en el oeste salvadoreño, para capturar a Rivas. Pasarían días sin que las autoridades dieran noticias certeras de su paradero.

La identidad tras @_elcomisionado_ fue pública hasta después de la captura, pero la cuenta era ya reconocida en el mundillo tuitero salvadoreño como una de las más mordaces entre las que, desde el anonimato, lanzan críticas al presidente Bukele, a su gestión y a su entorno. En El Salvador, de hecho, hay miles de cuentas anónimas, o troles, que hablan de la política local, la mayoría en favor del presidente y buena parte de ellas están dedicadas a insultar, difamar y amenazar a críticos del gobierno y a periodistas que han denunciado corrupción o crímenes atribuidos al presidente y sus funcionarios. Hasta hoy, el único preso es Luis Rivas.

Para detener a Rivas, la Fiscalía General de la República (FGR) ha usado las herramientas legales con las que cuenta desde marzo, cuando la Asamblea Legislativa, dominada por diputados bukelistas, aprobó un régimen de excepción que se ha prorrogado cinco veces y una amplia reforma legal que limita los derechos de defensa y de expresión de los salvadoreños.

Esas medidas permitieron, por ejemplo, que la FGR presentara a Rivas ante un tribunal hasta el 5 de septiembre, 16 días después de la captura. También, por estas reglas legales, la Fiscalía no informó inmediatamente a Rivas y a su defensor sobre el motivo de su arresto.

Los fiscales Violeta Marina Pacheco de Colindres y René Guillermo Aparicio presentaron la acusación formal contra Rivas ante el juzgado segundo de paz de San Salvadore el 5 de septiembre, aunque el documento formal de acusación está fechado tres días antes, el 2. Ahí se detalla que el tuitero es acusado del “delito de desacato, previsto y sancionado en el artículo 339 del Código Penal, en perjuicio de la administración pública, y subsidiariamente del señor presidente de la república Nayib Armando Bukele Ortez”.

A Rivas no lo acusa Karim Bukele, al que el tuitero se refirió en su cuenta el 21 de agosto, sino Nayib Bukele, el presidente. Karim Bukele, aunque es uno de los hombres más poderosos de El Salvador por la cercanía con su hermano y su intervención en asuntos del gobierno, no es funcionario público. Esto, entre otras cosas, ponen en duda la acusación de la Fiscalía.

Lo que dice el artículo 339, al que la Fiscalía acude en su acusación, es que el desacato es “la conducta delictiva que el que con ocasión de hallarse un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por razón de estas ofendiere de hecho o de palabra su honor o decoro o lo amenazare en su presencia o en escrito que le dirigiere será sancionado con prisión de seis meses a tres años”.

Marcela Galeas, una de las abogadas penalistas más reconocidas de El Salvador, asegura que el delito imputado a Rivas no aplica en su caso porque lo dicho por el tuitero “no fue sobre un funcionario; no existió ofensa de hecho, palabra, ni amenaza y no existe lesión a bienes jurídicos”. La abogada asegura que “existe un error en la tipificación de la Fiscalía”, es decir, el Ministerio Público está adjudicándole a Rivas un delito que, en este caso, no aplica.

“El delito de desacato, que es el delito atribuido para el momento de la captura, no se configura”, dijo Galeas a Infobae. La abogada recordó que la fiscalía ha manejado este caso en dos fases, una al momento de la detención, “en que debe de haber un indicio de un delito, y en este caso no lo hay, al menos en lo que hemos conocido”. Poco después de hacer pública su opinión sobre el caso, Galeas recibió una andanada de amenazas, a través de Twitter, de cuentas afines a Bukele y al gobierno.

El tribunal al que la FGR llevó el caso de Rivas resolvió, en primera instancia, que el proceso penal continúe, pero dio al tuitero medidas sustitutivas a la prisión e impuso una fianza de US$10,000.

La Fiscalía, sin embargo, no lo dejaría recobrar su libertad. “En este preciso momento quieren agregar más cargos para que no salga”, dijo a Infobae un familiar de Rivas, quien esperaba noticias en las afueras del centro judicial de San Salvador.

Así fue. A las 2:50 p.m., en su cuenta personal de Twitter, el fiscal general Rodolfo Delgado, peón de Bukele, publicó una fotografía de Rivas esposado y flanqueado por dos policías mientras un fiscal le lee una nueva acusación, esta vez por delitos informáticos. Con eso, el calvario vuelve a empezar: gracias al régimen de excepción y a las reformas legales, Delgado y sus fiscales pueden mantener a Rivas en la cárcel por tiempo indefinido hasta presentarlo de nuevo ante un juez.

Luis Rivas es uno de los protagonistas en esta historia, el menos poderoso: él es, según semblanzas publicadas en medios salvadoreños, alguien que ha trabajado con jóvenes en comunidades de alto riesgo, pobladas por pandillas, por lo que ya antes acólitos del gobierno lo habían acusado de pandillero; y es, también, un tuitero mordaz, que tampoco se ha guardado insultos. Los otros protagonistas son dos de los hombres más poderosos del país: el hermano del presidente y el fiscal general.

Karim Bukele es un personaje que intenta mantenerse en la sombra, uno que muy raras veces da declaraciones públicas, pero uno cuyo poder ha sido constatado por la misma Fiscalía General, que en 2020 abrió un expediente de investigación, al que por su relevancia y tamaño nombró Caso Catedral. En ese caso, el hermano del presidente aparece como uno de los líderes de una organización criminal enquistada en el Estado para apropiarse de fondos públicos, planificar pactos con las pandillas MS13 y Barrio 18 y cometer otros crímenes.

Infobae reveló, en diciembre de 2021, que Karim Bukele y otro dos hermanos del presidente, los mellizos Yusef e Ibrajim Bukele, aparecen nombrados en el Caso Catedral como parte del “centro de poder de una organización que coexiste con la presidencia de la república de El Salvador y cuyos principales alfiles, peones y protectores son funcionarios del gobierno que preside Nayib Bukele… una organización que tiene una finalidad delictiva cuyos objetivos más importantes son obtener lucro y la acumulación de poder”.

Ninguno de estos tres hermanos tiene cargos formales en el gobierno salvadoreño, pero sí influencia probada. Los mellizos, por ejemplo, lideraron el grupo que diseñó la política Bitcoin que permitió la puesta en circulación de la criptomoneda en septiembre de 2021 con intención de atraer inversiones al país. A la vuelta de un año, ese plan es un fracaso rotundo según varias publicaciones especializadas. Ibrajim también lideró las negociaciones entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un crédito de US$1.4 mil millones. Esa negociación está estancada.

Karim Bukele apareció al principio del mandato de su hermano como nexo entre la presidencia y la fracción de Nueva Ideas, uno de los dos partidos políticos del bukelismo. Karim, además, mantiene una estrecha relación con Sarah Hannah Georges, una operadora política venezolana con influencia en el diseño y ejecución de varios planes del gobierno, según han confirmado varias fuentes internas del Ejecutivo salvadoreño.

El otro gran protagonista es el fiscal general Delgado, impuesto por la bancada oficialista en el Congreso el 1 de junio de 2021. Delgado había sido empleado de Alba Petróleos de El Salvador, según comprobó Infobae en una investigación, el conglomerado salvadoreño que, según investigaciones de la misma fiscalía local y de al menos tres agencias federales en Estados Unidos, lavó millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA. A Nayib Bukele, Alba Petróleos le entregó al menos US$1.9 millones en concepto de préstamos.

Cuando llegó al despacho de fiscal general, Rodolfo Delgado, el mismo que el 5 de septiembre anunciaba en su cuenta personal los nuevos cargos contra el tuitero Luis Rivas, enterró las investigaciones contra Bukele y sus hermanos y persiguió a los fiscales que habían estado involucrados en ellas.

La gestión de Delgado también ha sido buena para proteger a varios funcionarios de Bukele a los que Estados Unidos ha señalado de corrupción y de posibles delitos, como Osiris Luna y Carlos Marroquín, a quienes Washington acusa de negociar con las pandillas en nombre del presidente, a los mismos hermanos de Bukele y a otros como Ernesto Sanabria, el secretario de prensa de la presidencia.

Uno de los troles más poderosos en la política salvadoreña fue, durante mucho tiempo, la cuenta conocida como Brozo (el nombre en Twitter ha sufrido variaciones luego de que la cuenta fue cerrada más de una vez por incumplir las reglas de la cuenta social), la cual una investigación del periódico digital El Faro relacionó con Sanabria, el secretario de prensa de Bukele. Sanabria ha sido mencionado en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre diálogos entre funcionarios y operadores afines a Bukele y las pandillas Barrio 18 y MS13 y fue designado como actor antidemocrático y corrupto por Estados Unidos en julio pasado. Desde la cuenta de Brozo, periodistas, sobre todo mujeres, han sido acosadas, y críticos al gobierno han sido difamados, a veces con información privilegiada de la fiscalía general.

Así, mientras el peso de los hombres más poderosos de la política salvadoreña, incluido el fiscal general, cae sobre Luis Rivas, un tuitero que publicó una foto en la que aparece el supuesto dispositivo de protección del que goza Karim Bukele, en El Salvador los funcionarios del oficialismo que suelen usar las redes sociales y atajos cibernéticos para arremeter contra críticos del presidente, incluidos periodistas y periódicos, se pasean tranquilos.

Sofía Medina, la secretaria de comunicaciones de la presidencia, también apareció relacionada en un caso de delincuencia informática en 2017, cuando un grupo de personas, ella incluida, clonó sin autorización una página del diario La Prensa Gráfica, entonces uno de los más críticos a la gestión de Bukele cuando el actual presidente era alcalde de San Salvador. Finalmente, Medina y el resto fueron liberados de cargos.

A Luis Rivas, @_elcomisionado_, ese tipo de suerte no parece que vaya a sonreírle por ahora: el poder de los hermanos Bukele y su fiscal general han decidido otra cosa.