Los nicaragüenses que escapan del régimen de Daniel Ortega ponen a prueba el abrumado sistema de asilo de Costa Rica

Tras cuatro años de intentar continuar sus estudios en Nicaragua, Elthon Rivera llegó finalmente a la misma conclusión que miles de sus compatriotas. El régimen cerró su universidad, su director le dijo que se exiliaría y le advirtió que la policía también venía por él.

Rivera revisó las distintas casas de seguridad que había utilizado tras su detención en 2018 y se dio cuenta de que no quedaba nadie de los que le dieron cobijo. “La única opción es salir a Costa Rica, que es lo que tengo más cerca, en donde tengo más contacto”, dijo. Se escabulló de Nicaragua por un sendero sobre una montaña en febrero y pronto estuvo en un autobús hacia San José.

Rivera pidió asilo inmediatamente. El gobierno costarricense le dio una cita para formalizar su solicitud. En 2030.

Desde el verano de 2021, cuando Daniel Ortega encerró a decenas de opositores políticos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, los nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica a los niveles más altos desde que estalló la crisis política de Nicaragua en abril de 2018.

El éxodo de nicaragüenses que huyen de la represión política tiene al sistema de asilo de la vecina Costa Rica tambaleándose bajo el peso de las solicitudes que superan incluso la década de 1980, cuando las guerras civiles asolaron Centroamérica.

Los solicitantes de asilo representan ahora el 4% de la población de Costa Rica. A pesar de tener sólo 5 millones de ciudadanos, Costa Rica sólo fue superada por Estados Unidos, Alemania y México en el número de solicitudes de asilo que recibió el año pasado, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Las autoridades costarricenses confirman que actualmente tienen más de 200.000 solicitudes pendientes y que otras 50.000 personas esperan su cita para presentar una solicitud formal. Los nicaragüenses representan casi nueve de cada 10 solicitantes.

Los solicitantes de asilo suponen una presión añadida para el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Chaves, quien intenta poner en marcha una economía muy afectada por la pandemia del COVID-19.

“Ha sido un aumento impresionante”, dijo Allan Rodríguez, subdirector de la agencia de inmigración de Costa Rica, que también supervisa el sistema de asilo. “Ha puesto a prueba las capacidades de la administración. Nos ha obligado a reinventarnos, no solamente en los procesos de recepción, sino también cómo resolver este tema”.

Rodríguez dijo que el sistema se ha reforzado en cuanto a su capacidad para tomar solicitudes de asilo -la agencia de la ONU para los refugiados contrató a 50 personas para ayudar-, pero señaló que los desafíos restantes incluyen la resolución rápida de los casos y la integración de los asilados en la sociedad costarricense.

Rivera, de 28 años, estaba en el último año de estudios de medicina en la mayor universidad pública de Nicaragua y no estaba particularmente interesado en la política cuando estallaron las protestas en abril de 2018 en respuesta a los cambios en el sistema de seguridad social. La policía golpeó a los ancianos que salieron a la calle, por lo que los estudiantes universitarios salieron en apoyo de los pensionistas.

Rivera hizo su ronda en un hospital al día siguiente y vio cómo los estudiantes heridos inundaban el lugar. El segundo día de protestas, la policía lo golpeó y lo metió en una celda mugrienta durante seis horas antes de liberarlo. El arresto le convirtió en un líder entre otros estudiantes de medicina, lo que finalmente hizo que lo expulsaran.

Más tarde se matriculó en una universidad privada como estudiante de ciencias políticas porque no tenía facultad de medicina, y le faltaban unas cuantas clases para terminar la carrera cuando el gobierno de Ortega cerró la escuela y varias otras universidades privadas en febrero.

Incluso con su cita para solicitar asilo a ocho años de distancia, dijo: “Lo he tomado con calma porque yo sé la cantidad de nicaragüenses que hay acá, y Costa Rica es un país muy pequeño”.

Xaviera Molina, de 27 años, ya obtuvo el asilo porque salió de Nicaragua en una de las primeras oleadas, en julio de 2018.

Molina, estudiante de marketing, era madre soltera en ese momento, mientras cursaba el segundo año de su carrera. Nunca había estado involucrada en el activismo, pero cuando los estudiantes ampliaron la protesta contra el régimen de Ortega se involucró, primero distribuyendo alimentos y luego ayudando a proporcionar atención médica a los estudiantes heridos.

“Básicamente fui una enfermera por accidente”, relató Molina.

El régimen aumentó la represión de las protestas, montando una operación en julio de 2018 para despejar las barricadas que los manifestantes habían levantado alrededor de los barrios de resistencia en toda Nicaragua. Molina se escondió y luego decidió que tenía que salir del país.

Huyó a través de la frontera con Costa Rica, pidió asilo y lo recibió el pasado octubre. Estuvo un año y medio sin ver a su hija, que se quedó con sus padres en Nicaragua.

Dijo que el proceso fue lento, pero pudo trabajar, abrió su propio negocio de catering y trajo a su hija a Costa Rica.

“Conozco personas que ya llevan cuatro años acá igual que yo y todavía no han aceptado que tienen que quedarse”, manifestó. “Incluso siguen sin comprarse una cama porque sienten que en cualquier momento se van a regresar”.

El pasado mes de marzo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con funcionarios de Costa Rica. El gobierno de Biden estaba interesado en que Costa Rica y México, dos países con sistemas de asilo relativamente sólidos, siguieran acogiendo al mayor número posible de solicitantes.

En su discurso sobre el estado de la Unión de ese mes, Biden afirmó que “estamos logrando compromisos y apoyando a los socios de América del Sur y Central para que acojan a más refugiados y protejan sus propias fronteras.”

El gobierno de Estados Unidos entregó casi 49 millones de dólares a organizaciones internacionales y no gubernamentales para asistencia humanitaria a solicitantes de asilo y migrantes vulnerables en Costa Rica entre 2017 y 2021.

En la Cumbre de las Américas celebrada en junio en Los Ángeles, Costa Rica dijo que planeaba renovar una categoría de protección especial que había creado para ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Venezuela cuyas solicitudes de asilo iniciales fueron denegadas. El razonamiento fue que no era seguro devolverlos a sus países.

Diego Pérez, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Costa Rica, dijo que con la pandemia del COVID-19, el sistema de asilo de Costa Rica ya no tiene “la misma capacidad de absorción y o de inserción, inclusive el mercado laboral”.

Gabriela Núñez, directora en Costa Rica de la organización estadounidense de apoyo a los refugiados HIAS, señaló que, antes de la crisis de Nicaragua, Costa Rica estaba acostumbrada a recibir unas 5.000 solicitudes de asilo al año. Ahora recibe más de eso en un mes.

“Hay una emergencia en el término de cuántas personas están requiriendo el acceso al territorio, al procedimiento y, finalmente, cuántas de estas personas son finalmente reconocidas”, señaló Núñez.

Ahora algunos se preocupan de que la larga espera por una cita esté haciendo que más nicaragüenses miren hacia el norte —a México o a Estados Unidos_.

Hasta agosto de este año, 6.921 nicaragüenses han solicitado asilo en México -a menudo de paso hacia la frontera de Estados Unidos-, más del doble que en todo 2021.

En los primeros 10 meses del año fiscal 2022, los agentes fronterizos estadounidenses se han encontrado con nicaragüenses 134.000 veces, en comparación con más de 50.000 encuentros el año anterior.

Sin embargo, Costa Rica sigue siendo la primera opción para la mayoría de los nicaragüenses que buscan seguridad debido a su proximidad, familiaridad y posibles lazos familiares existentes.

Aun así, puede ser una transición difícil. Costa Rica es más cara. Los nicaragüenses que se ven obligados a huir rápidamente no pueden llevarse mucho consigo; los certificados profesionales no se transfieren; se necesita tiempo para determinar en qué grado deben entrar los niños en un sistema educativo diferente.

Tres meses después de solicitar asilo, los solicitantes pueden empezar a trabajar legalmente. Pero muchos dicen que algunos empleadores no reconocen la tarjeta emitida por el gobierno que los identifica como solicitantes de asilo.

Rivera intenta sacar lo mejor de la situación. Ha fundado una organización llamada Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes exiliados a encontrar formas de continuar sus estudios.

Rivera tiene planeado viajar a Rumania pronto para reanudar sus estudios de medicina, pero no piensa dejar su activismo político.

Al salir de Nicaragua, Rivera recuerda haber pensado: “Voy a molestar más allá, a seguir hablando allá, a seguir alzando la voz allá”.

(Con información de AP)

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