Desde la instalación de las mesas de negociación, tras la finalización de las protestas protagonizadas por el movimiento indígena en julio de 2022, el gobierno y los grupos sociales tienen versiones distintas sobre los resultados de las conversaciones. Después de 45 días, las negociaciones fueron calificados por los actores del movimiento indígena como insuficientes.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en la reunión celebrada en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se mostró muy preocupado y confirmó sus sospechas sobre la falta de progreso en las negociaciones y en los resultados en el diálogo.
Ante esas críticas, los delegados de la administración de Guillermo Lasso aseguraron que el gobierno nacional ha mostrado toda la voluntad política para responder a las demandas de las organizaciones indígenas.
Iza se refirió al único acuerdo firmado entre el Ejecutivo y los grupos indígenas sobre la banca pública y privada. Dijo que no se ha efectivizado ninguna ayuda financiera a los deudores agrícolas. Además, el presidente de la confederación indígena pronostica que las mesas no darán resultados porque el diálogo está siendo utilizadas como un mecanismo político para frenar los procesos de la lucha social. Incluso Hatari Sarango, vicepresidente de la Federación Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras del Ecuador (Feine), amenazó que, si no existe la decisión del gobierno, las organizaciones populares retomarán la protesta.
Estos reclamos se produjeron durante la instalación de la mesa de derechos colectivos, seguridad y justicia que contó con la presencia del Relator Especial de la ONU sobre Pueblos y Nacionalidades Indígenas, José Francisco Calí Tzay.
Para el gobierno del Ecuador, el panorama es diferente y positivo. Homero Castanier, viceministro de gobernabilidad, contradijo las declaraciones de los líderes indígenas y dijo que todas las demandas han sido atendidas y resueltas. Castanier agregó que el gobierno ha dado a conocer las medidas de promoción de la agricultura familiar indígena y que ha desplegado medidas concretas como sobre control de precios y sobre el acceso a los servicios de telecomunicaciones e internet.
En un comunicado, la Secretaría de Estado explicó el acuerdo definitivo para la condonación, reestructuración, recalificación y acceso crediticio para los sectores menos favorecidos, refutando la retórica de los líderes de los grupos sociales y destacando que las negociaciones tienen resultados específicos con este.
En el anuncio del ministerio se enumeran los siguientes avances en materia de cumplimiento de los acuerdos negociados. Como la inversión de USD 74 millones en cooperativas de ahorro y crédito a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, de un total de USD 120 millones a entregar hasta diciembre. Además el gobierno asegura que entregó USD 94,7 millones para conceder préstamos a 30 años y al 1% de interés a través de BanEcuador, la banca pública de desarrollo del Ecuador. También se entregó USD 58,8 millones para condonar 25.928 préstamos incobrables a través de BanEcuador.
Además, se generó una política nacional de apoyo para que las instituciones del sistema financiero puedan reestructurar y refinanciar sus préstamos con el sector agrícola, pecuario y pesquero.
Sin embargo, tras el acuerdo de paz que dio paso a la instalación de las 10 mesas técnicas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, solo este acuerdo de alivio crediticio es el que se encuentra en marcha.
Leandro Ullón, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), advirtió que si no se saldan las deudas de hasta USD 10.000, podría haber nuevas manifestaciones, sobre todo en las zonas costeras.
En la lista de 10 puntos, que defendieron la Conaie, la Fenocin y la Feine durante 18 días no hay un pedido de condonación de deudas. Lo que se solicitó consiste en un mecanismo de alivio a través de reprogramaciones de los pagos.
Durante las jornadas de movilización, Leonidas Iza dijo en varias ocasiones que los grupos indígenas no pedían nada de regalo y que pedían tiempo para devolver sus préstamos. Sin embargo, la Fenocin, organización afín al expresidente Rafael Correa, no aprueba el monto de condonaciones impulsado por el gobierno nacional que alcanza los USD 3.000 e insiste que las condonaciones se extiendan a la banca privada.
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