La petrolera anglo-francesa Perenco, que ganó un laudo arbitral en contra de Ecuador, busca congelar los activos de ese país en Reino Unido y Singapur. A principios de agosto, Perenco consiguió que Luxemburgo, donde están los bonos de deuda externa del Ecuador, congelara los bienes del país latinoamericano por incumplir el fallo arbitral que lo obliga a pagar a la empresa USD 412 millones.
Ecuador adeuda el pago millonario desde junio de 2021, cuando un fallo definitivo del Banco Mundial estableció que Perenco fue perjudicada por las modificaciones en la Ley 42, que aumentó la participación del Estado en las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras a por lo menos 50 %. Ese porcentaje se incrementó al 99% en octubre de 2007, durante el mandato de Rafael Correa, por medio de un decreto ejecutivo, en un momento en que los precios internacionales del petróleo gozaban de una importante alza.
Hace un año, cuando se conoció sobre la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, la Procuraduría General del Estado informó de manera oficial que el fallo del CIADI es definitivo y “no cabe recurso alguno” y aseguró que han retomado contacto con la empresa petrolera para “llegar a un acuerdo sobre la forma de pago”.
En el comunicado emitido en junio de 2021, el departamento de prensa del presidente Guillermo Lasso señaló que “el Estado ecuatoriano respetará y pagará sus compromisos internacionales” sin importar “cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso”. En ese momento, el gobierno aseguró que: “Estaremos en contacto con la empresa para encontrar opciones de resolución”.
Sin embargo, a un año de aquel fallo, Ecuador no ha cancelado la millonaria suma a Perenco y la petrolera ha decidido registrar la deuda del país en la División General del Tribunal Superior de la República de Singapur y en el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido. Con este registro, Perenco podrá interponer nuevas acciones judiciales –como embargos o congelamiento de activos– para presionar a Ecuador.
Con el congelamiento de las cuentas de Ecuador en Luxemburgo, el Ministerio de Finanzas informó que la acción de Perenco no afectó el pago de los intereses que Ecuador debía realizar a los acreedores de los bonos. En la comunicación, la Cartera de Estado aseguró que pagará a Perenco, una vez que la empresa cancele una deuda tributaria que mantiene con Ecuador por USD 35 millones.
Frente a esto, la petrolera se pronunció y señaló que tomará nota de los recientes comentarios de Ecuador, pero enfatizó en que el país no ha realizado ninguna propuesta para negociar el pago: “Por lo tanto, a Perenco no le ha quedado más remedio que tomar nuevas medidas para seguir haciendo valer sus derechos de pago contra Ecuador en otras jurisdicciones”, informó la empresa.
Un cambio en la legislación que costó millones
En el 2008, la empresa petrolera Perenco demandó al Estado ecuatoriano. La petrolera francesa le exigía al Ecuador el pago de USD 1.423 millones como reparación por el daño que había sufrido cuando el país expidió la Ley 42, durante el gobierno de Rafael Correa.
Perenco, que tenía contratos de participación de los Bloques 7 y 21, indicó que la Ley 42 y el Decreto 662 habían modificado sus ganancias de participación, lo que constituiría una violación de los Contratos y del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito el 9 de julio de 1994 entre Ecuador y Francia para la promoción y protección recíproca de inversiones.
En 2014, el tribunal arbitral reconoció que “la Ley 42 y el Decreto 662 violaron los derechos de Perenco contenidos en los Contratos de Participación y que la caducidad de los Contratos constituyó una expropiación”, por lo tanto el Ecuador debía reparar económicamente a la petrolera.
Sin embargo, la Procuraduría General del Estado creó un equipo de investigación para probar que, en los bloques 7 y 21 donde operaba Perenco, había daños ambientales en la Amazonía. Esto se comprobó a través de muestreo de los suelos, piscinas de lodos de perforación y agua subterránea. Por tal razón, en el 2015, el Tribunal aceptó los reclamos por daños ambientales que planteaba el Ecuador.
En el 2019, el CIADI emitió un laudo arbitral –que es el pronunciamiento de los árbitros o tribunales arbitrales que han sido designados dentro de un proceso arbitral– a favor de Perenco. El fallo obligaba al Ecuador a pagar USD 488 millones a la petrolera, más los intereses posteriores al laudo y casi el 80% de sus costos. El Estado ecuatoriano solicitó la anulación del laudo porque “luego de un arduo trabajo de revisión de un laudo de más de cuatrocientas páginas, ha concluido que existen las razones suficientes, al amparo del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, que justifican la solicitud de anulación”, informó la Procuraduría.
Fue en junio de 2021, cuando el CIADI del Banco Mundial falló a favor de Perenco, obligando al Ecuador a pagar alrededor de USD 412 millones. Aunque el fallo dispone el pago de más de USD 435 millones, de ese monto se deben descontar los pagos que Perenco debe hacer al Ecuador por los daños ambientales causados en los bloques donde operaban y por gastos arbitrales. En total, se deben restar alrededor de USD 60.8 millones. Con esos valores, el monto a pagar por parte de Ecuador a la petrolera es de USD 374.3 millones más intereses, lo que equivale a USD 412 millones.
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