La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua se convirtió en un puente clave para la entrada de Rusia, China e Irán en la región

El 9 de junio de 2022, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua renovó la autorización de las fuerzas militares rusas para operar en el país. Al hacerlo, recordó a Estados Unidos y al hemisferio que el régimen dictatorial de Daniel Ortega no sólo continúa abrogando los derechos de su propio pueblo a la elección democrática, la libre expresión y otros derechos humanos fundamentales, sino que también sirve como punto de entrada para la proyección de amenazas en la región por parte de rivales extra hemisféricos de Estados Unidos, como Rusia, Irán y la República Popular China (RPC).

Cierre de espacios democráticos

En los cuatro años transcurridos desde que se iniciaron las protestas a nivel nacional en abril de 2018, el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha redoblado sus esfuerzos para consolidar su poder, posiblemente decidido a no permitir nunca más organizaciones políticas u organización y expresión pública que puedan dar lugar a desafíos masivos comparables a su poder.

La represión de las protestas supuso cientos de detenciones y causó al menos 300 muertos y 2.000 heridos. En los años siguientes, aprobaron una serie de leyes que criminalizan la expresión de la disidencia. El momento decisivo en la consolidación de su régimen autoritario fue el amaño de las elecciones nacionales de noviembre de 2021, que otorgó a la pareja dictatorial un nuevo mandato en el poder al inhabilitar a prácticamente todos los demás partidos de la oposición y encarcelar a 40 figuras destacadas de la oposición, incluidos los siete candidatos presidenciales de la oposición.

Los líderes de los antiguos movimientos políticos de oposición de Nicaragua han sido, casi en su totalidad, detenidos o forzados al exilio. Sólo un puñado de partidos, definidos por su colaboración con los Ortega y el FSLN, incluido el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), siguen siendo legales.

Después de las elecciones de noviembre de 2021, a raíz de la ampliación de las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, los Ortega y el FSLN han seguido actuando contra prácticamente todas las instituciones públicas o privadas que podrían hablar en su contra o movilizar de otro modo la oposición pública contra los sandinistas. El régimen de Ortega cerró más de 550 ONG, disolviendo 93 grupos sólo en junio de 2022.

El régimen de Ortega también ha actuado contra la prensa, incluyendo la confiscación de las instalaciones del periódico independiente El Confidencial en diciembre de 2018, y repetidas acciones contra el mayor periódico de Nicaragua, La Prensa, y su personal. También allanó las oficinas de La Prensa en agosto de 2021 y registró y saqueó las casas de sus reporteros en julio de 2022, obligándolos a huir del país. Durante el mismo mes, el régimen cerró cuatro canales de cable nicaragüenses y 11 emisoras de radio, incluida la emblemática Radio San Carlos. En agosto de 2022, los Ortega ordenaron el desmantelamiento del edificio de La Prensa para eliminar los últimos vestigios de su papel centenario en la historia de los medios de comunicación de Nicaragua.

Los Ortega han aumentado gradualmente la represión contra la Iglesia Católica, un pilar tradicional de la sociedad nicaragüense. Han atacado a sacerdotes y otros líderes que hablan críticamente del régimen durante sus misas y otros compromisos públicos. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue objeto de un acoso policial inexplicable y, posteriormente, fue detenido. Otros miembros de la Iglesia Católica y del importante movimiento evangélico nicaragüense han sido intimidados para que guarden silencio sobre dicha represión.

Los Ortega se han vuelto cada vez más suspicaces e intolerantes con el sector privado. Tanto el presidente como el vicepresidente de la principal federación empresarial de Nicaragua, COSEP, han sido encarcelados. Las propiedades de numerosos empresarios nicaragüenses han sido registradas y a veces confiscadas sin justificación legal legítima. Otras élites comerciales, como Carlos Pellas, han evitado oponerse públicamente a los Ortega, posiblemente para evitar sufrir las mismas consecuencias.

A medida que los Estados Unidos, la Unión Europea e incluso los estados del hemisferio occidental se han vuelto cada vez más críticos con el régimen de Ortega, Nicaragua ha ido rompiendo cada vez más los lazos con ellos. En mayo de 2022, tras los informes y declaraciones críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la Organización de Estados Americanos (OEA), Nicaragua anunció su retirada de la OEA.

En cierto modo, el control que los Ortega han logrado sobre Nicaragua es incluso mayor que el dominio de los chavistas sobre una Venezuela mucho más grande y rica en recursos. En Nicaragua, no hay indicios de divisiones significativas dentro de la Policía Nacional o las fuerzas armadas con respecto al régimen. Los principales líderes políticos, económicos y del sector de la seguridad ya han sido despojados de sus visados por viajar a Estados Unidos, entre otras sanciones. En julio de 2022, se añadieron otros 23 nicaragüenses a la “lista Engel”, de personas a las que se les prohíbe hacer negocios con agentes financieros estadounidenses. Podría decirse que las élites nicaragüenses aisladas tienen pocas opciones más que seguir trabajando con los Ortega.

El foco actual de los esfuerzos de expansión de los Ortega para controlar todos los espacios políticos y sociales de Nicaragua son las elecciones municipales de noviembre de 2022. Allí, buscarán capturar los pocos municipios del país que no dominan actualmente. En las anteriores elecciones locales de 2017, los sandinistas ganaron 135 de los 153 municipios. En julio de 2022, en previsión de las elecciones de noviembre, el gobierno del FSLN se hizo con el control de cinco municipios que había perdido en 2017 a manos del partido de oposición “Ciudadanos por la Libertad”, cuya condición de partido había sido revocada durante la contienda presidencial de noviembre de 2021. Observando la incapacidad de competir políticamente de forma viable en las contiendas de noviembre de 2022, Héctor Mainera, un destacado político en el exilio de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), llamó a la UNAB y a otros a boicotear las elecciones.

Economía y covid-19

Antes del covid-19, la economía nicaragüense había sido una de las de mayor crecimiento de la región. A pesar de las sanciones, se ha recuperado relativamente bien desde la pandemia, en parte debido al acceso preferencial continuado al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA-DR). También ha superado la escasez inicial de vacunas y suministros relacionados con el coronavirus. No obstante, se prevé que el fin de las compras de azúcar nicaragüense a precios preferenciales por parte de Estados Unidos, anunciado en julio de 2022, tendrá cierto impacto en la economía.

Como economía agrícola, Nicaragua se ha beneficiado del aumento de los precios del café y de los productos lácteos, impulsado indirectamente por la invasión rusa de Ucrania, aunque también se ha visto perjudicada por la inflación, que, a finales de 2022, era del 10,37 por ciento.

A diferencia de las políticas confiscatorias adoptadas por el gobierno sandinista en nombre de la reforma agraria durante su primera etapa en el poder tras la revolución de 1979, desde su regreso al poder en 2007, los Ortega se han abstenido sabiamente de actuar contra la pequeña agricultura. De este modo, al evitar políticas que perjudiquen significativamente la producción de alimentos, contribuyeron a mantener las protestas, garantizando que los nicaragüenses puedan al menos alimentarse.

Aunque la inversión en Nicaragua por parte de Estados Unidos y Occidente se ha limitado con el deterioro de la situación política, el país se siguió beneficiando de los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BICE). En junio de 2022, el Banco prestó al país 382 millones de dólares para infraestructuras que faciliten el acceso a sitios turísticos costeros. En julio de 2022, el BICE proporcionó otros 200 millones de dólares para ayudar al gobierno sandinista a subvencionar el coste del combustible.

A pesar de las sanciones y de la incertidumbre en cuanto a la protección inconsistente de las empresas bajo la ley, Nicaragua ha visto aumentar la inversión extranjera, en lugar de disminuir, particularmente en el sector energético y minero. En 2021, el país recibió 1.220 millones de dólares de inversión extranjera directa, un 39% más que el año anterior. Las remesas procedentes del exterior en el primer trimestre de 2022 fueron un 26,4% más altas que en 2017, con el 70% de esas remesas procedentes de Estados Unidos.

En 2021, reflejando la combinación de tales factores, mientras la nación se recuperaba de la pandemia de coronavirus, la economía nicaragüense creció un 10,1%, una de las tasas más altas de la región, lo que aumentó el espacio político disponible para los Ortega.

Nicaragua como punto de entrada para actores extra hemisféricos

Como se ha señalado anteriormente, el gobierno cada vez más autoritario de Nicaragua se ha convertido en un puente clave para la entrada de actores extra hemisféricos antiestadounidenses en la región.

Rusia

El más significativo de los rivales extra hemisféricos de Estados Unidos que Nicaragua ha habilitado en la región ha sido Rusia, con la que el régimen de Ortega renovó su alianza estratégica de la época de la Guerra Fría en 2008. Los Ortega han seguido recibiendo ayuda militar y económica de Rusia.

La colaboración militar entre Rusia y Nicaragua ha incluido la acogida por parte del régimen de Ortega de bombarderos rusos Tu-160 Blackjack con capacidad nuclear en 2008, y de nuevo en 2013, durante el cual esos bombarderos, partiendo de Nicaragua, violaron el espacio aéreo colombiano.

El 9 de junio de 2022, el Congreso nicaragüense, dominado por los sandinistas, autorizó la presencia de tropas, buques de guerra y vehículos militares rusos en el país mediante el Decreto 10-2022. La legislación autorizaba la presencia rusa para apoyar una combinación de entrenamiento en la lucha contra las drogas y otras actividades. Aunque la invasión rusa de Ucrania y las provocadoras conversaciones sobre el despliegue de fuerzas militares en la región dieron al acuerdo una importancia especial, la autorización no era un fenómeno totalmente nuevo. Se trataba más bien de una renovación y ampliación de la aprobación recurrente de la presencia de fuerzas rusas por parte del Congreso sandinista, que se había producido durante más de una década.

Rusia ha proporcionado un importante volumen de asistencia militar a Nicaragua en relación con su limitado tamaño y sus necesidades de seguridad. Esto ha incluido la venta o la entrega al país de tanques T-72 para sustituir a los anticuados T-55 rusos de la época de la Guerra Fría, BMP-1, BTR-152, BTR-60, BTR-70 y vehículos blindados Tigr, aviones de transporte Antonov An-26, cañones antiaéreos ZU-23, lanchas patrulleras Mizrah, lanchas misileras Molina y, posiblemente, helicópteros de transporte Mi-17.

La organización rusa de lucha contra el narcotráfico FSKN ha construido una instalación de entrenamiento de las fuerzas del orden en el barrio de Las Colinas de Managua. En el primer año de funcionamiento de la instalación (2017) se entrenó al menos a 260 personas en 12 cursos, incluyendo representantes de México, El Salvador, Guatemala, la República Dominicana y Nicaragua.

Rusia también ha construido una estación de enlace descendente para su sistema de posicionamiento global por satélite GLONASS en la zona de la laguna de Nejapa, a las afueras de Managua.

Con respecto a la asistencia económica, Rusia ha proporcionado trigo y autobuses de tránsito, aunque los autobuses han experimentado problemas de funcionamiento en el clima tropical de Nicaragua. Recientemente, en agosto de 2022, el ministro de Finanzas nicaragüense, Iván Acosta, anunció la entrega de 300 autobuses rusos más, aunque se informó que eran compras, no donaciones.

En marzo de 2022, Nicaragua también acordó cooperar con Rusia en formas no especificadas en proyectos energéticos, médicos y nucleares.

República Popular China

El régimen de Ortega reconoció diplomáticamente por primera vez a la República Popular China en 1985. La sucesora de Daniel Ortega, Violeta Chamorro, volvió a cambiar las relaciones con Taiwán tras llegar al poder en 1990. Cuando Ortega volvió al poder por segunda vez en 2007, no restableció inmediatamente las relaciones diplomáticas con la RPC. De hecho, esperó hasta que la condena internacional generalizada de su mala conducta en el amaño de las elecciones de noviembre de 2021, incluida la perspectiva asociada de pérdida de acceso a los mercados de Estados Unidos y otros mercados que hizo posible la Ley RENACER de 2021, le obligó a actuar.

Nicaragua restableció sus relaciones con China en diciembre de 2021. En virtud de ese reconocimiento, nombraron embajadores en sus respectivos países, aunque la demora de casi seis meses para completar ese proceso fue notable.

China anunció una cantidad simbólica de ayuda para Nicaragua, incluyendo vacunas contra el coronavirus y un proyecto de 60 millones de dólares para que la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China construya una pequeña cantidad de viviendas públicas en Managua.

Más significativamente, el 7 de junio de 2022, China y Nicaragua anunciaron un nuevo acuerdo comercial que se implementará en dos fases. En la primera fase, China se comprometió a comprar productos nicaragüenses que cubran el 90% de las exportaciones que el país enviaba anteriormente a Taiwán. En la segunda fase, los dos gobiernos se han comprometido a negociar un acuerdo comercial más amplio que probablemente abrirá la economía nicaragüense a la penetración de empresas de infraestructuras con sede en China.

Sorprendentemente, a diferencia de otros países que han establecido recientemente relaciones con China, como Panamá, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica, el cambio de Nicaragua no ha ido acompañado de anuncios de memorandos de entendimiento (MOU) entre los gobiernos, ni de nuevas e importantes inversiones o proyectos de infraestructura por parte de empresas con sede en el gigante asiático. El multimillonario chino Wang Jing, promotor del muy discutido pero nunca construido canal de Nicaragua, apareció misteriosamente en Managua en noviembre de 2021 durante el periodo previo a las elecciones nacionales, tras una inexplicable ausencia de 18 meses, recordando a los nicaragüenses que la autorización para el canal sigue vigente. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido más información sobre el avance del canal, ni indicios de una nueva construcción.

República Islámica de Irán

Más allá de Rusia y China, el régimen de Ortega también ha tendido la mano a Irán para un compromiso comercial y político. Antes de las recientes interacciones entre Nicaragua e Irán, la última diplomacia pública importante del gobierno iraní con Nicaragua fue la visita del entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad en 2012. A pesar de que en ese momento se habló de múltiples proyectos de inversión iraní en Nicaragua, no se concretó ninguno.

En mayo de 2022, el ministro iraní de Petróleo, Javad Owji, visitó Nicaragua y firmó memorandos de entendimiento en materia de petróleo y agricultura. Estos incluían el compromiso de Irán de suministrar combustible a Nicaragua, así como la discusión de posibles inversiones iraníes en una nueva refinería de petróleo para el país, el sueño supremo de Bolívar. En julio de 2022, el gobierno anunció posteriormente que Irán también comenzaría a comprar carne de vacuno nicaragüense.

Perspectivas

Por razones tanto morales como estratégicas, Estados Unidos no debería hacer la vista gorda ante la suerte del pueblo nicaragüense y los peligros directos e indirectos que el régimen autoritario de Ortega representa para Estados Unidos y la región.

Actualmente hay pocos indicios de que las dificultades económicas o el descontento dentro de los círculos empresariales militares de élite que colaboran con el régimen estén provocando fracturas aprovechables. Al igual que en Venezuela, una solución militar estadounidense para restaurar la democracia en Nicaragua sería probablemente injustificadamente cara y contraproducente en términos de la dinámica que desencadenaría en el país, y el daño asociado a la reputación de Estados Unidos en toda la región.

A pesar de la aparente insolubilidad del problema de Ortega a corto plazo, el gobierno de Estados Unidos debería seguir abogando por la restauración de la democracia nicaragüense, y trabajar con actores europeos y otros actores democráticos afines para aplicar presiones e incentivos con ese fin. Estados Unidos debería trabajar con aliados democráticos afines para proporcionar inteligencia y ofrecer asistencia en la lucha contra el crimen organizado a los vecinos de Nicaragua, así como ayudarles a gestionar la carga de los refugiados nicaragüenses que han huido a esos países.

Mientras que Estados Unidos debe seguir buscando oportunidades para un diálogo constructivo con los Ortega, la postura más viable de Estados Unidos a largo plazo es, sin duda, mantenerse firme con el pueblo nicaragüense en defensa de su derecho a la autodeterminación democrática, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, y enviar el mensaje de que Washington no hará concesiones a los actores autoritarios con conexiones criminales que mantienen el poder a través de la supresión brutal de su propio pueblo.

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