A dos meses de que un juez de Pichincha iniciara la audiencia preliminar contra el ex ministro de Comunicación Fernando Alvarado, acusado de desconocer las decisiones legítimas de las autoridades competentes, se ha notificado la reinstalación de la audiencia para el 2 de septiembre próximo.
Este caso penal ocurrió en 2018 luego de que Alvarado, ex secretario de comunicación del gobierno de Rafael Correa, se quitara ilegalmente, burlando los controles de la policía y de la justicia, el dispositivo de vigilancia electrónica que le fuera colocado en uno de sus tobillos por una investigación abierta por malversación de fondos públicos o peculado mientras Alvarado ejercía el cargo de ministro de la comunicación.
La solicitud de citación la propuso el fiscal Martín Navarrete en una audiencia de evaluación y preparación del juicio el 7 de julio pasado, en Quito.
La legislación penal ecuatoriana define como “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente” a la acción cometida por la persona que contravenga una orden lícita, específica o legítima, emitida por una autoridad competente en pleno ejercicio de su jurisdicción. La pena por violaciones de este tipo es de prisión de uno a tres años según el artículo 282 de la ley penal ecuatoriana, llamada en el país como Código Orgánico Integral Penal.
El fiscal ha aportado como pruebas los informes técnicos que identificaron más de 1.300 alertas emitidas por la vulneración del dispositivo instalado en el pie de Alvarado en un período de dos meses. Los peritajes también demostraron que Alvarado transitó de Guayaquil a Quito antes de quitarse la tobillera electrónica y por la cantidad de incidentes revelados por el dispositivo, luego encontrado en una quebrada, se supo que fue arrojado en el sector de Guápulo, una zona residencial al noreste de Quito.
El 9 de agosto de 2018, Alvarado recibió la orden de presentación quincenal ante los jueces y el uso del dispositivo debido a los cargos que se investigaban en su contra por supuesta malversación de fondos. El ex funcionario estaba acusado de causar un perjuicio al estado ecuatoriano valorado en USD 259.000.
En octubre de 2018, el ex secretario del gobierno de Rafael Correa violó la orden judicial, se quitó el dispositivo electrónico, evadió los controles policiales y huyó. Además, tuvo tiempo para enviar un mensaje de agradecimiento a los funcionarios del extinto Ministerio de Justicia que tenían el encargo de monitorearlo. Ese ministerio luego fue abolido por el presidente Lenín Moreno, sucesor del presidente Correa.
Por haber contravenido la disposición del juez, como autoridad competente en la investigación por peculado, se abrió una nueva causa por este delito. En esta circunstancia se emitió una orden de encarcelamiento preventivo de Alvarado, medida que no ha podido cumplirse por haberse fugado del país hace cuatro años, tras dejar tirado el dispositivo electrónico.
Dos años después de la fuga de Alvarado, con mayoría de votos de la sala judicial donde se deliberaba su caso, los magistrados de la Corte Nacional de Justicia lo absolvieron, y junto con el fueron absueltos también los ex secretarios Pablo Yáñez y Galo Pacheco, así como Carlos Bravo, director de la empresa Gota Azul.
El 15 de agosto, a pedido de la Fiscalía General del Estado, se aplazó la audiencia de apelación del sobreseimiento a favor de Alvarado y tres otros imputados.
La defensa de Alvarado argumentó que aquello que generó las medidas cautelares fue la investigación por peculado y que tras la declaratoria de inocencia en esta investigación quedarían insubsistentes las causas generadoras del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
La Fiscalía dijo que, aunque la nueva causa deriva del proceso de peculado, el delito de desobediencia a las decisiones de las autoridades competentes es un delito distinto, autónomo e independiente del delito de peculado del que Alvarado fuera sobreseído.
La decisión final se conocerá cuando se reanude el juicio convocado a una audiencia oral para el 2 de septiembre próximo.
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