David Morales: “El gobierno de Bukele reprime pero no desmantela los liderazgos de las pandillas”

Fue procurador de derechos humanos y ahora es abogado de víctimas de crímenes de guerra y miembro de Cristosal, una de las organizaciones que mejor ha documentado los abusos atribuidos a los funcionarios de Nayib Bukele en el marco del régimen de excepción que ha anulado garantías constitucionales de libre defensa y debido proceso a miles de salvadoreños. David Morales asegura que las atrocidades cometidas por policías, fiscales y guardias penitenciarios durante el gobierno de Bukele no tienen precedentes desde que El Salvador firmó los Acuerdos de Paz que pusieron fin a su conflicto interno en 1992.

Hoy, dice, estos abusos son parte de una “política de Estado” para violar los derechos humanos de los sectores más pobres del país. Concuerda en que hay una baja real en las cifras de homicidios, pero establece matices: la disminución, asegura, empezó en 2016, antes de que Bukele fuera presidente y, durante su gestión, esa baja está bajo las sospechas de ser producto de negociaciones ilícitas con líderes pandilleros y de estar manipulada por estadísticas oficiales que han perdido credibilidad.

El próximo septiembre, Morales será uno de los homenajeados por su trabajo en defensa de los derechos humanos por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA en inglés). En esta conversación, el abogado salvadoreño habla con Infobae de la precaria situación del estado de derecho en su país.

- El Salvador va por la quinta prórroga del régimen de excepción que la Asamblea Legislativa decretó en marzo a petición del presidente Nayib Bukele. Ha habido denuncias de torturas, ejecuciones en las cárceles y desapariciones… ¿Son justificadas estas prórrogas?

- El régimen de excepción es una figura que obedece a una situación de caos donde están rebasadas las instituciones y se necesita establecer algún control de esa situación. No es el caso. Y la jurisprudencia constitucional ha dejado muy en claro que el alza de homicidios no podía ser materia de un régimen de excepción. También hemos tenido prórrogas inconstitucionales; llevamos ya cinco meses bajo el régimen de excepción, cuando la causa original, el alza de homicidios de aquel fin de semana de marzo (cuando las pandillas mataron a 87 salvadoreños en 72 horas tras una ruptura del pacto que mantenían con el gobierno de Bukele), ya desapareció. El régimen ha sido aprovechado por el gobierno como un instrumento de propaganda para obtener réditos electorales, hay una campaña oficial con recursos públicos muy grandes para legitimarlo. Esto es populismo punitivo.

- ¿Cuáles han sido los costos para la población de esta campaña de propaganda?

- Hay una política deliberada, ordenada y planificada desde el más alto nivel, para violar los derechos humanos de un sector concreto de la población, que es la población joven en zonas excluidas, en zonas de pobreza, que además son las más castigadas por la violencia de las pandillas. Hay crímenes gravísimos cometidos por agentes estatales que están ocurriendo: graves violaciones a derechos humanos, miles de detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes arbitrarias en centros penales que tienen características de ejecuciones extralegales. Estamos ya ante un fenómeno que se ha vuelto masivo y sistemático de violaciones a derechos humanos como política de Estado, como política de seguridad del Gobierno de Bukele y sus instituciones controladas, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema y otras entidades de control, que han sido tomadas por el Ejecutivo.

- Usted fue auxiliar de la PDDH durante los años de la posguerra en El Salvador, a mediados de los 90, y luego procurador. Ya entonces había denuncias de torturas y abusos por parte de la Policía Nacional Civil. ¿Es que en aquellos años eran casos aislados y hoy, como usted dice, es una política de Estado establecida por el presidente?

- Esto es algo más grande, una manifestación más sistemática de la que vivimos en las primeras décadas de la posguerra. En la posguerra fue alterado el proyecto original de una policía civil democrática. Había intervenciones policiales que permitían, deliberadamente, muertes en centros penales, en complicidad con la Fiscalía General de la República. La PDDH estableció responsabilidad del actual fiscal general en el encubrimiento de algunos de estos casos en los que se permitió la tortura.

(Morales hace referencia, para ilustrar los señalamientos contra Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto en El Salvador por los diputados de Bukele, y quien ha dejado morir investigaciones que implican al presidente y a sus funcionarios, a una investigación de los años 2000 conocida como el caso Soto. Se trata de un caso en que, según la PDDH, Delgado, como jefe de una fiscalía especial, estuvo presente cuando torturaron a un hombre acusado de participar en el asesinato de Gilberto Soto, un sindicalista estadounidense de origen salvadoreño. Morales también menciona, como señalada por abusos, a Douglas Omar García Funes, actual subdirector de la policía salvadoreña, controlada por Bukele).

Sí había una política de seguridad -en los gobiernos previos al de Bukele-, conocida como manodurismo, que es, más que una política de seguridad, una estrategia de intervención policial que consiste en capturas generalizadas de personas, con violaciones al debido proceso, que usualmente tenían poca efectividad una vez sometidas al control judicial. Era una estrategia publicitaria de guerra contra las pandillas, de lucha contra la delincuencia. Es una estrategia fallida, que ha sido ejemplo de fracaso continental, pues los países que la aplicamos en el Triángulo Norte de Centroamérica vimos como el fenómeno de las pandillas se agigantó en lugar de decrecer.

- ¿Está ocupando Bukele la misma estrategia fallida?

- Bukele y sus titulares de seguridad han retomado estas políticas, pero las han aplicado de forma más generalizada. Estamos hablando de casi 50,000 capturas, según los datos publicados por las autoridades. Entre paréntesis se vale decir que dependemos de las publicaciones en Twitter del fiscal general o del ministro de justicia, porque la información es negada cuando se solicita por vía de la ley de acceso a la información pública; es declarada reservada la cifra oficial de detenidos. Pero ya estas autoridades hablan de 48,500 detenidos en un término de 4 meses. Y esto ocurre bajo la característica de que se ha producido una destrucción de la democracia formal en El Salvador: el régimen de Bukele ha destruido la división de poderes, controla la Corte Suprema de justicia, controla la Asamblea Legislativa y aprobó una serie de reformas que anularon el derecho a la defensa y el debido proceso para respaldar la estrategia del régimen de excepción.

- ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre lo que está haciendo Bukele y lo que ya hacían otros gobiernos después de la firma de los Acuerdos de Paz?

- Ahora se ha montado toda una estructura legal. Se han nombrados jueces ad-hoc para aplicar el régimen de excepción; no es posible determinar si estos jueces son independientes, su calidad profesional. Y tenemos una fiscalía que tampoco está actuando con la objetividad e imparcialidad que la ley exige, que está presentando solicitudes de detención provisional sin evidencias sólidas. Este es un escenario todavía más grave de violaciones generalizadas a los derechos humanos, y no solo se trata de abusos policiales, de oficiales o de agentes en el terreno. Se trata de toda una reforma legal, de una estrategia deliberada de cometer detenciones arbitrarias y eliminar el debido proceso, con una Corte Suprema de Justicia que es cómplice para crear tribunales y nombrar jueces que están dispuestos a atropellar la Constitución y la ley para sostener este régimen. Insisto, es una política sostenida de alto nivel, concertada por quienes dirigen los poderes fundamentales del Estado. Todo esto supone una destrucción muy grande de la construcción democrática que El Salvador había tenido hasta hoy. La consecuencia la estamos viendo en miles de violaciones a los derechos humanos.

- El gobierno seguirá insistiendo en que es eficiente en el control de la violencia, en que hay menos homicidios. ¿Cómo explica que, a pesar de todas estas violaciones, esta política de seguridad sigue siendo muy popular en El Salvador?

- Hemos podido constatar, después de 20 años acompañando a las víctimas, el sufrimiento que la delincuencia ha generado en la población, en particular la más pobre. Además de los daños a la economía, de la extorsión a la empresa privada, etcétera. Hablamos de un pueblo que ha sufrido este tipo de políticas de mano dura por muchos años, pero también de un pueblo que vive bajo la angustia permanente de la violencia. Por eso las estrategias de manodurismo, de populismo punitivo de campañas publicitarias de guerra contra la delincuencia, de guerra contra las pandillas, son tan populares: generan un espejito de seguridad en la población. Pero esto resulta siempre un engaño. Es un discurso repetitivo y hay poca memoria en este sentido, porque la estrategia termina siendo exitosa en términos publicitarios, pero en términos de efectividad contra las estructuras delincuenciales, hemos comprobado hasta la saciedad que este tipo de estrategias son un fracaso.

(Algunas cifras recientes parecen dar la razón a Morales. Según cifras de la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (DIGESTYC), analizadas por le diario La Prensa Gráfica, la cifra de salvadoreños víctimas de la violencia aumentó en 2021 a pesar de que el gobierno Bukele ya había desplegado su Plan de Control Territorial. En julio, Bukele pidió eliminar la DIGESTYC y en agosto el Congreso eliminó esa dirección, con lo cual el ya difícil acceso a información real sobre criminalidad empeoró).

Además, en El Salvador se han establecido nuevas modalidades de corrupción a partir de las llamadas treguas o diálogos de políticos gobernantes con pandillas. Según investigaciones periodísticas, esto ha sido llevado a niveles todavía mayores por el actual gobierno, lo cual genera no sólo una contradicción, sino que una preocupación muy grande sobre cuáles son los objetivos reales de un gobierno frente a este tipo de estructuras. Mientras este gobierno reprime y muchas personas inocentes que son detenidas, no son desmantelados los liderazgos de las pandillas, e incluso sabemos de estas denuncias tan fuertes de apoyo de funcionarios públicos a líderes pandilleros para que evadan a la justicia.

(Morales se refiere a los casos de Élmer Canales Rivera, alias Crook, y Moisés Humberto Rivera Luna, alias Viejo Santos, dos de los máximos líderes de la pandilla MS13, con la que el gobierno de Bukele pactó. A Canales Rivera un funcionario cercano al presidente lo sacó de la cárcel y lo ayudó a huir hacia Guatemala. A Rivera Luna el gobierno de El Salvador lo dejó escapar aunque Estados Unidos reclama su extradición).

- El gobierno insiste en que ha habido 10 días consecutivos sin homicidios en El Salvador, algo que hasta hace unos años era impensable. ¿Son creíbles esas cifras?

- La baja de homicidios parece un fenómeno real. A partir de 2016 se empieza a experimentar una tendencia a la baja y los homicidios caen notablemente al iniciar la actual gestión de Nayib Bukele, bajo serias acusaciones de que es el resultado de negociaciones ilícitas con liderazgos pandilleros y no de una política de seguridad eficaz. Más allá de eso, la baja de homicidios parece ser real. Pero por otro lado ya no tenemos en El Salvador estadísticas confiables en materia de seguridad.

El gobierno ha tenido una política deliberada de opacidad. El derecho de acceso a la información pública, que era una conquista democrática de los últimos años, ha sido neutralizado. Las estadísticas sobre violencia y delitos parecen estar claramente manipuladas. Hay estrategias publicitarias de cero homicidios, pero están excluyendo muertes de diferente origen; por ejemplo, muertes de pandilleros o presuntos pandilleros en presuntos enfrentamientos con la policía. No se cuentan las personas que están muriendo arbitrariamente por responsabilidad de las autoridades en los centros penales, que son víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se les niega medicamentos y atención médica, se les tiene en condiciones infrahumanas y en algunos casos se tolera que mueran violentamente a manos de otros internos. Hay denuncias de ocultamiento en las estadísticas de las personas asesinadas y desaparecidas, cuyos restos han sido localizados en fosas comunes, muchas de ellas víctimas de feminicidios.

Es decir, las estadísticas oficiales del actual gobierno están ya sometida a un nivel de manipulación que les ha hecho perder su credibilidad. En la medida que hay manipulación de la estadística para ocultar la realidad, pues obviamente se pretende vender a la población simplemente una realidad que existe en la propaganda.

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