La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles la personalidad jurídica de otras 100 ONG, con lo que suman 1.468 las organizaciones de este tipo ilegalizadas tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el régimen del dictador Daniel Ortega.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación, fue aprobada con carácter urgente y sin debate por los 75 diputados sandinistas y sus aliados.
Otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Congreso, se abstuvieron de votar.
En lo que va de año, los legisladores sandinistas y sus aliados han ilegalizado 1.269 ONG y un total de 1.468 desde diciembre de 2018.
En la nueva lista de ONG afectadas se encuentra la Fundación para la Paz, Asociación Resistencia Nicaragüense, Fundación Acción de Apoyo a las Municipalidades, Asociación Justicia y Derechos Humanos, Asociación de Ciegos de Nicaragua “Sin Fronteras”, Fundación Cultural “Carlos Martínez Rivas”, Asociación Nicaragüense de Apoyo al Discapacitado y Asociación de Jóvenes en Contra de las Drogas.
Además hay asociaciones defensoras de mujeres, de campesinos, de ayuda a pobres, productores, comunitarias, de salud, educación, y ambientales.
POR INCUMPLIR OBLIGACIONES
Según el Ministerio de Gobernación, las nuevas 100 ONG afectadas incumplieron con sus obligaciones conforme lo establece la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Entre otros, indicó el Ministerio de Gobernación, no reportaron los estados financieros por más de 6 y 30 años, detalles de donaciones, su origen y beneficiario final, y las Juntas Directivas estaban acéfalas por más de 6 a 30 años.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, sostuvo en el plenario que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen de Managua reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión y bajo el cuestionamiento internacional.
Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 7 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
(Con información de EFE)
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