Tráfico de personas y explotación laboral: un informe revela detalles de las misiones médicas auspiciadas por la dictadura cubana

Durante décadas la dictadura cubana redobló esfuerzos para presentar al país como una potencia médica a nivel mundial. Sin embargo, detrás de esa presunta gesta se esconde un oscuro sistema de tráfico y explotación de personas impulsado a partir de las misiones médicas que el régimen envía a decenas de países en todo el mundo. La ONG Human Rights Foundation (HRF) realizó un informe en el que revela detalles de cómo se desarrolla este complejo esquema que ha proporcionado miles de millones de dólares a la dictadura.

Según el Informe sobre la trata de personas (TIP), emitido anualmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, países como Cuba, Afganistán, China, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria, entre otros, tienen una “política o patrón” de trata de personas a partir de programas financiados por el gobierno, trabajos forzados en servicios médicos afiliados al Ejecutivo, esclavitud sexual o reclutamiento de niños.

En el caso de Cuba, organizaciones intergubernamentales y gobiernos extranjeros han denunciado la trata de personas patrocinada por el Estado en las misiones médicas de Cuba.

Según el reporte de HRF, durante los últimos 59 años las misiones médicas cubanas desplegaron a más de 400.000 trabajadores sanitarios en 164 países. Al momento de enviarlos, el régimen los presenta como “misioneros de la Revolución Cubana”. Actualmente, hay entre 34.000 y 50.000 profesionales en más de 60 países de África, América Latina, Europa y Oriente Medio.

La dictadura aprovechó el contexto de la pandemia de coronavirus para ampliar sus misiones médicas en el extranjero. Desde marzo de 2020, aumentó el número y el tamaño de esas misiones, enviando más de 2.770 trabajadores sanitarios adicionales a 26 países. Si bien el régimen envió a sus médicos en una supuesta muestra de “solidaridad” con la grave crisis que estaba atravesando todo el mundo, la realidad es que las misiones médicas le permitieron compensar la pérdida de ingresos por la falta de turismo debido a la pandemia.

Todo el sistema médico en Cuba es controlado exclusivamente por el Estado. Desde principios de la década de 2000, la venta de servicios de las misiones médicas se convirtió en la principal fuente de ingresos extranjeros de la isla, generando más que cualquier otro sector de la economía local. El Informe TIP 2021 estimó que el régimen castrista recauda entre seis y ocho mil millones de dólares anuales a través de las misiones.

Pero el claro beneficiado es el Estado. “El régimen totalitario cubano ha utilizado su desproporcionado poder sobre los profesionales de la medicina y sus condiciones de empleo para explotar y abusar de los trabajadores de la salud a través de innumerables mecanismos coercitivos, que van desde la amenaza de separación de la familia y el exilio forzoso hasta las restricciones de movimiento y el robo de salarios”, señala el reporte de Human Rights Foundation.

La dictadura saca provecho de la baja remuneración de los médicos cubanos para coaccionarlos aún más en el programa de misiones médicas. Una vez en el programa, el personal “se enfrenta a violaciones de sus derechos de libertad de asociación, libertad de movimiento y libertad de expresión”. Asimismo, en caso de negarse a formar parte o de no cumplir con lo establecido por el Estado, los trabajadores también deben hacer frente a una fuerte persecución y amenazas por parte de las autoridades.

Las prácticas coercitivas de reclutamiento empleadas por el régimen también incluyen presiones económicas. De acuerdo a los contratos laborales negociados por el Estado, los médicos cubanos reciben entre el 9 y el 25% de sus salarios; el resto va a las arcas de la dictadura. Esos salarios oscilan entre los 70 y 75 dólares, cifras que suelen estar por debajo del salario mínimo o del umbral de pobreza del país de acogida.

Por ejemplo, los médicos cubanos que trabajaban en la misión Mais Médicos en Brasil recibían 400 dólares al mes -el 9,36% de lo que les pagaba el gobierno brasileño-, según el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil. Casi la mitad de los salarios de los médicos se guardan en una cuenta bancaria cubana a la que los médicos no pueden acceder hasta que regresan a Cuba después de completar su misión. No obstante, si los trabajadores “abandonan” la misión, el régimen confisca la parte de sus salarios retenida en la isla. “Esta disposición explotadora ayuda a Cuba a evitar las ‘deserciones’ imponiendo a los médicos un fuerte incentivo financiero para que terminen sus obligaciones contractuales y regresen a casa”.

Según testimonios de antiguos participantes en las misiones, un 88,4% de los trabajadores afirmó que “la situación de extrema pobreza” y su bajo salario influyeron en su decisión de incorporarse a las misiones. Una vez más, Cuba no deja a los médicos otra alternativa que unirse a las misiones médicas para complementar sus bajos salarios.

Cualquier médico que abandone una misión es declarado “traidor a la patria”. Además de no poder disponer del dinero generado por su trabajo, esas personas, que para el régimen pasan a ser “desertores”, tienen la entrada prohibida a la isla -sin excepción- durante un periodo de ocho años. “La prohibición de 8 años mantiene a las familias de los trabajadores médicos como rehenes debido a la amenaza creíble de una larga separación familiar. Hay que tener en cuenta que los trabajadores médicos deben dejar a sus familias en Cuba durante la duración de su contrato (normalmente 2 ó 3 años) y sólo pueden tomarse un mes de vacaciones pagadas al año. Incluso en caso de enfermedad grave o muerte de un familiar cercano, los médicos no pueden viajar de vuelta sin autorización del gobierno. De este modo, el gobierno cubano no sólo viola la libertad de movimiento y asociación de los médicos, sino también los derechos humanos de sus cónyuges e hijos”, aporta el informe de Human Rights Foundation.

Los médicos cubanos tampoco tienen posibilidades de ejercer en el extranjero, ya que el Estado exige un permiso especial que el Ministerio de Salud a menudo se niega a emitir. Las restricciones se endurecieron en 2018, cuando el gobierno prohibió la legalización de documentos académicos o de otro tipo para profesionales de la salud que sirven en misiones o asisten a eventos internacionales. De esta manera, la dictadura busca asegurarse que los médicos sólo participen de las misiones, y que luego regresen al país. Como medida adicional para evitar las deserciones, la dictadura expide a los trabajadores un pasaporte especial que les impide viajar a cualquier lugar que no sea Cuba y el país de acogida asignado. De hecho, a su llegada al país, los pasaportes son retenidos por supervisores cubanos.

Otra norma promulgada por el Partido Comunista cubano establece la imposibilidad de los médicos de obtener residencia permanente en el país de acogida mediante el matrimonio o la búsqueda de personas que puedan patrocinar a sus familiares.

Pero mientras los médicos cubanos son sometidos a esta explotación, los gobiernos extranjeros sacan provecho. El país que más trabajadores sanitarios recibió hasta el momento es Venezuela. En el año 2000, los países firmaron un acuerdo mediante el cual La Habana se comprometía a enviar personal sanitario, a cambio de 53.000 barriles de petróleo diarios desde Caracas.

En 2013, por su parte, Cuba creó el programa “Mais Médicos” con Brasil. Ese acuerdo era uno de los más grandes y rentables para la isla. Pero cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia puso fin a la misión. El mandatario dijo entonces que el programa solo podría continuar si los médicos cubanos recibían directamente sus salarios de Brasil y podían llevar a sus familias durante sus asignaciones, entre otras condiciones. Por supuesto, la dictadura cubana se negó y se terminó el acuerdo.

En los últimos años, a medida que se iban conociendo experiencias de médicos desertores y de trabajadores que ya completaron su misión, cada vez fueron más las denuncias contra la dictadura cubana por tráfico de personas y explotación laboral.

En noviembre de 2019, Urmila Bhoola (Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud) y Maria Grazia Giammarinaro (Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas, especialmente de mujeres y niños) enviaron una carta al régimen castrista en la que afirmaban que las condiciones de trabajo que les habían sido comunicadas “por fuentes de primera mano” podían equivaler “a trabajos forzados”. A ese reporte se le suman decenas de denuncias de organismos internacionales y países.

Pero a pesar de las denuncias de trata de personas, el régimen ha continuado -y continúa- promoviendo sus misiones médicas, “socavando su obligación vinculante de cumplir el Protocolo de Palermo y los Convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso”. La Habana argumenta que todas esas acusaciones responden a una “campaña” del gobierno de Estados Unidos y sus aliados para “desacreditar” las misiones médicas.

“Las misiones médicas cubanas han servido para exportar la engañosa marca de diplomacia médica de la isla y fomentar el mito de Cuba como ‘potencia médica mundial’”, concluye el informe de HRF.

El informe de Human Rights Foundation completo:

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