La Policía Federal brasileña cumplió este martes mandatos de allanamiento e incautación de posibles pruebas en las residencias de ocho empresarios aliados del presidente Jair Bolsonaro y que son acusados de compartir mensajes golpistas en las redes sociales.
Las búsquedas fueron ordenadas por Alexandre de Moraes, el magistrado de la Corte Suprema que asumió el proceso, abierto la semana pasada luego de que la prensa divulgara los mensajes en que los empresarios defienden un golpe de Estado en caso de una victoria del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 2 de octubre.
De acuerdo con un comunicado de la Policía Federal, las ocho órdenes de allanamiento fueron cumplidas en las residencias de los empresarios acusados en los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Ceará.
Los empresarios investigados son conocidos aliados de Bolsonaro, que aspira a ser reelegido en octubre, pero al que los sondeos lo muestran en desventaja frente a Lula, con cerca de un 30 % de la intención de voto y muy por debajo de cerca del 45 % que obtendría el líder progresista.
Además de los allanamientos, la Corte Suprema ordenó el embargo de las cuentas bancarias y de las cuentas en las redes sociales de los empresarios investigados.
Igualmente, determinó el levantamiento del secreto bancario de los mismos y que la Policía Federal los convoque a interrogatorio para prestar testimonio.
Entre los empresarios investigados destacan Luciano Hang, propietario de los grandes almacenes Havan; Meyer Nigri, de la constructora Tecnisa; José Isaac Peres, de la red de centros comerciales Multiplan, e Ivan Wrobel, de la constructora W3.
Asimismo, son investigados José Koury, del centro comercial Barra World Shopping; André Tissot, presidente del Grupo Serra; Marco Aurélio Raimundo, de la compañía Mormaii, y Afranio Barreira, de la red de restaurantes Grupo Coco Bambu.
Los polémicos mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp fueron divulgados por el diario Metrópoles y, después de estallar la polémica, los empresarios admitieron integrar el chat pero negaron haber defendido cualquier acto inconstitucional y se ampararon en su derecho a la libertad de expresión.
“No somos conspiradores ni partidarios de ningún golpe. Los mensajes obtenidos en un grupo privado de amigos fueron distorsionados en su sentido y contexto”, afirmó Koury en un comunicado.
La operación contra los aliados de Bolsonaro se produce tras las insistentes declaraciones en las que el jefe de Estado ha puesto en duda la transparencia del sistema electrónico de votación de Brasil y asegurado que es susceptible a ser objeto de fraudes.
En una entrevista que concedió, al ser interrogado sobre el objetivo de sus ataques al sistema electoral, el mandatario afirmó que tan solo quiere garantizar que el escrutinio sea transparente y condicionó el respecto al resultado de las urnas a que las “elecciones sean limpias”.
(Con información de EFE)
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